PARA ROSÚA, LAS MEGACÁRCELES COMO CORONDA SON INVIABLES

“Hay que tratar que, de a poco, Coronda vuelva a ser lo que fue antes”, reflexionó el actual jefe del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa, que manifestó así sus oposición con la construcción de megacárceles y delineó el proyecto que seguirá durante su gestión, que intentará que las nuevas prisiones, cuya construcción ya está encaminada, no alojen más de 600 detenidos entre ambas. En este punto marcó sus diferencias con la gestión anterior –que amplió Coronda en distintas etapas y la convirtió en una megacárcel con más de 1.600 detenidos– y se acercó a la postura de los organismos de derechos humanos al sostener que las megacárceles no permiten trabajar individualmente con los internos, imposibilitando la tarea de rehabilitación, además de generar situaciones de mucha violencia. En ese sentido aseguró que, a medida que aumenten las plazas del Servicio Penitenciario, comenzará a descongestionar la cárcel de Coronda. “El objetivo es que sólo quede un preso por celda, y así vamos a tener una población carcelaria que no supere los 900 internos”, afirmó.

Al respecto, Antonio Tesolini, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, destacó una vez más su disconformidad respecto a la construcción de megacárceles, ya que desde su punto de vista son inviables. “Hasta los mismos empleados del Servicio Penitenciario consideran que se vuelve incontrolable un penal con tantos detenidos”, destacó.

Es que uno de los problemas más graves que heredó el gobierno de Jorge Obeid en materia de seguridad es la situación de las personas privadas de su libertad. Las comisarías superpobladas y las malas condiciones de detención, generan cataratas de habeas corpus que determinan que la Justicia obligue al Estado a desalojar los improvisados penales y busque un lugar de alojamiento dentro de la órbita del Servicio Penitenciario, donde ya no hay lugar.

Durante la gestión anterior, la cárcel de Coronda fue creciendo en forma alarmante. De hecho, ampliar la otrora “cárcel modelo” representó la única solución que encontraron los funcionarios, pero trajo más problemas que soluciones. Si bien se intentaron algunas otras opciones, como el arresto domiciliario de los delincuentes primarios con una tobillera prevista de un sensor para tenerlos permanentemente localizados, o la adaptación de contenedores para improvisar celdas en locales vacíos, nunca se llevaron a la realidad pese a que la iniciativa venía de la mano del entonces jefe del Servicio Penitenciario, Arturo Gandolla, y contó con la aprobación de los organismos de derechos humanos que, si bien no veían a estos espacios como el mejor de los lugares para los reclusos, los consideraron como una opción para que los internos salieran del hacinamiento de las comisarías, donde la población en muchos casos triplica la capacidad de los penales y, en situaciones extremas, los presos hasta llegar a hacer sus necesidades en bolsitas, a falta de baños.

Además, desde que se ampliaron las plazas en Coronda, la violencia trepó y muchos conflictos terminaron en motines y homicidios.

Nuevos penales, menos presos

Los proyectos edilicios que hay en marcha son la construcción de la cárcel de Piñero, donde se prevé alojar unos 300 reclusos, al igual que otro penal a futuro: la cárcel federal, mientras que la nueva alcaidía de la Jefatura de la Unidad Regional II de Policía está pensada como albergue para un centenar de detenidos.

“Lo ideal es no tener más de 600 presos por penal, para poder tener un manejo personalizado con los internos. Cuando se excede ese número, no sólo es difícil controlar la violencia, sino también poder trabajar la particularidad”, opinó Rosúa.

Con respecto a la superpoblada Coronda que heredó de la gestión anterior, el funcionario consideró que “no se puede ampliar más” y que, de a poco, “hay que ir volviendo a la vieja Coronda, que fue una cárcel modelo”, consideró.

Sus proyectos, en función a las futuras construcciones como Piñero, la cárcel Federal y la alcaidía, distan mucho del funcionamiento que hoy tiene el penal corondino. “Toda unidad de servicio se piensa incluyendo un lugar de trabajo para los internos, educación y recreación”, sostuvo el funcionario.

“Hay que definir un plan de construcciones para que Coronda vuelva a ser una cárcel viable. Lo que se puede hacer, a medida que construyan más lugares, es tratar de que en Coronda quede sólo un preso por celda, lo que equivale a tener unos 700 internos menos”, agregó el jefe del SP, anunciando un ambicioso proyecto en una provincia que desde hace varios años no sabe qué hacer con los reclusos.

Derechos humanos

Para Tesolini, la cárcel como sistema de rehabilitación de individuos ha demostrado que no sirve. Pero, en el estado que están las cosas, su planteo es tratar de reducir lo más posible la vulnerabilidad de las personas, que aumenta por el solo hecho de que están encerradas. En ese sentido, expresó que las megacárceles deterioran aún más a los individuos, situación que sólo se puede reducir a partir de un tratamiento, completamente inviable en una penitenciaría superpoblada.

“La pena que se le aplica a una persona, por haber delinquido es un tratamiento que incluye distintas etapas y cuyo objetivo es lograr la rehabilitación”, explicó Tesolini, recuperando el espíritu constitucional de una ley que hace tiempo no se aplica.

Pero, según su opinión, esto no es practicable en una megacárcel, ya que es imposible individualizar a las personas que allí se encuentran privadas de su libertad. “En Coronda hay 1.600 internos y solo seis psicólogos. No es posible en esas condiciones hablar de tratamiento.

“Además, las megacárceles generan mayor grado de violencia. Hasta los mismos agentes penitenciarios reconocen que no se puede controlar a semejante población y que cuando se producen hechos de violencia los penales se vuelven ingobernables”, agregó el militante de la CTC.
“Lo ideal serían lugares de detención pequeños, de entre 200 y 300 personas”, opinó. Y agregó además, que en sociedades más avanzadas se elaboran estrategias para evitar que haya tantos presos. “Buscan que la Justicia imparta penas alternativas y disponen programas preventivos y de resocialización”, explicó el dirigente.

Para Tesolini, la cárcel tiene que cambiar, si lo que se pretende es construir una sociedad distinta.

“Desde la época de la dictadura no se logró que el estado de derecho y la democracia pudieran ingresar a los lugares de detención”, sostuvo.