PARA SCHNEIDER Y BOSCAROL, LOS CONTROLES MUNICIPALES NO SE PUEDEN SOSTENER EN EL TIEMPO

Lamentablemente tuvieron que morir más de 190 personas para que las autoridades municipales tomaran conciencia de la gravedad del tema. Parece que las dos muertes sucedidas el año pasado en la Terminal de Colectivos – precisamente por un incendio y por la falta de control del Municipio – tuvieron un muy escaso “valor” y, a pesar de los reclamos del Concejo, de la oposición, de la prensa y de miles de ciudadanos, el Intendente hizo de cuenta que nada grave había sucedido.

Así fue que a partir de los primeros días de este año pudimos ver un “cambio” desde la “nada absoluta” hacia una política de control de tipo efectista, “autoinculpatoria” y teñida de ilegalidad.

Decimos “efectista” porque hábilmente el Ejecutivo Municipal seleccionó aquellos rubros donde existía un “bajo costo político” a la hora de implementar clausuras masivas y no empleó el mismo criterio para con el conjunto de actividades. La “furia” de clausuras del Ejecutivo Municipal recayó fundamentalmente en los boliches – por razones obvias -, en peloteros – cuyas clausuras “molestan” a muy poca gente – y algunas estaciones de servicio. Si el Ejecutivo Municipal fuera serio, esa misma lógica que implementó y que dice “primero clausuramos y después terminamos de garantizar las condiciones de seguridad” tendría que haberse extendido al conjunto de edificaciones públicas y privadas de asistencia masiva; sin embargo, no nos hemos enterado que la Intendencia haya clausurado ningún supermercado, ni ninguna escuela, ni ninguna oficina pública (por ejemplo, el propio edificio municipal). Está claro que lo que se buscó es provocar un “impacto” en la opinión pública, que diera una imagen de acción, pero que, en realidad, no conlleva una política seria e integral en el tema.

Por otro lado, la solución nunca puede ser “paralizar” un conjunto de actividades como forma de prevención; el Ejecutivo Municipal invierte lo que indica la lógica: lo importante es que las actividades se desarrollen en un marco de seguridad, no que la seguridad se garantice a partir de la no realización de actividades.

La actitud del Ejecutivo carece de lógica, imaginémonos sino lo arbitrario que resultaría clausurar también la totalidad de los establecimientos educativos que – en su gran mayoría – carecen de medidas de seguridad contra incendios – como forma de prevención.

Decimos, asimismo, que la política de control del Municipio es “autoinculpatoria” por razones obvias: si hasta el 31 de Diciembre del 2004 ninguno de los boliches, ningún pub, ningún pelotero, ninguna escuela u oficina pública municipal se encontraba en condiciones y, repentinamente, fue necesario comenzar a implementar clausuras masivas, es porque el Municipio carecía de cualquier política de control y era corresponsable directo del estado de desprotección en que se encontraban los vecinos que asistían a los lugares de concurrencia masiva. De esta manera el Municipio asume, por fin, y después de muchos meses, su responsabilidad en las muertes acaecidas en la Terminal de Colectivos de Santa Fe.

SUSPENSIÓN DE RECITALES Y NUEVO HORARIO DE LOS PUBS: MEDIDAS ILEGALES DEL EJECUTIVO MUNICIPAL.

También decimos que la “nueva” política de control del Municipio tiene serios visos de ilegalidad.

Las razones son contundentes.

La Ordenanza Nº 9139 y su modificatoria, la Ordenanza Nº 10866, establecieron claramente que el horario de cierre de los Pubs es el mismo que de las Discotecas o boliches, es decir, a las 5,30 horas los días viernes, sábados y vísperas de feriados, y a las 4 horas los restantes días de la semana.

Sin embargo, el Ejecutivo Municipal a través de un Decreto modificó la Ordenanza y dispuso un nuevo horario de cierre.

Cualquiera sabe que un Decreto del Ejecutivo no puede modificar una Ordenanza dictada por el Concejo Municipal, por ser esta última una norma de rango superior. La ilegalidad es evidente.

Asimismo, el Ejecutivo Municipal decidió prohibir cualquier espectáculo musical en vivo por el término de treinta días.

Esta medida también es ilegal y vulnera, incluso, derechos constitucionales de las personas.

Seamos claros: o los locales no están habilitados y no reúnen las condiciones para desarrollar eventos musicales en vivo; o los locales están habilitados y en condiciones para que en ellos se desarrollen recitales y, entonces, la autoridad municipal no puede prohibir su realización.

Lo que no se puede es, primero, habilitar los locales y, luego, prohibir la realización de eventos sin ningún tipo de justificación.

El Ejecutivo Municipal incurre así en una prohibición injustificada porque no permite la realización de actividades lícitas en lugares que están habilitados al efecto y, por lo tanto, conculca derechos constitucionales que tienen que ver con la libertad de trabajo y libertad de expresión de las personas.

Alertamos, por otra parte, que la disposición de medidas contrarias a derecho por parte de la Intendencia puede acarrearle a la Municipalidad graves pérdidas económicas ante la posibilidad cierta de que los particulares afectados radiquen demandas por daños y perjuicios en los Tribunales Ordinarios.

El Ejecutivo Municipal debe dejar de lado los “efectismos” y buscar implementar una política seria en materia de control, de la cual ha carecido hasta el momento, y no precisamente porque fuera un tema que en la Ciudad de Santa Fe no estuviera en la agenda de discusión pública. El tema de la seguridad de los locales fue ampliamente e insistentemente debatido en la opinión pública a lo largo de todo el año pasado.

Además, ponemos el acento en el hecho de que no existen políticas serias sin legalidad; la ilegalidad o la a-legalidad terminan, tarde o temprano, minando la posibilidad de cualquier política coherente y, lo que es más grave, coloca al propio Municipio en las mismas puertas de las actividades delictivas.

Exigimos, por lo tanto, que el Ejecutivo Municipal corrija inmediatamente estas medidas contrarias a derecho, de lo contrario vamos a solicitar una convocatoria a sesiones extraordinarias del Concejo Municipal con el objeto de derogar los decretos y disposiciones del D.E.M. para terminar con esta situación de arbitrariedad e “ilegalidad”.