PARAGUAY DENUNCIÓ LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN YACYRETÁ

Paraguay se opone al proyecto de instalación de tres nuevas turbinas en el brazo Aña Cuá que ya había sido licitado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Así se informó ayer en Asunción, después de una reunión en la que participaron el presidente Nicanor Duarte Frutos, miembros de su gabinete y el director paraguayo de la EBY, Angel Recalde.

Según la ministra de Relaciones Exteriores paraguaya, Leila Rachid, la postura adoptada por su gobierno, que es socio de la monumental obra emplazada sobre el río Paraná, a 80 kilómetros al sur de esta ciudad, “el proyecto carece de transparencia, por lo cual no compartimos su ejecución”.

“Sí, en cambio -indicó-, queremos que se eleve el embalse para contar con mayor cantidad de electricidad.”

La prensa de Asunción, en tanto, ha venido denunciando que la conducción argentina del organismo binacional intenta favorecer a la empresa mendocina Pescarmona, que en su momento presentó una propuesta de iniciativa privada para hacerse cargo del montaje de tres nuevos turbogeneradores en el denominado brazo Aña Cuá, donde funcionan 14 vertederos y por donde se descargan 1500 metros cúbicos del caudal del río, sin aprovechamiento alguno.

La conducción de la EBY, en sendos actos efectuados en febrero pasado en Buenos Aires y en Asunción, había convocado a una licitación internacional para llevar adelante la obra. El costo estimado es de 320 millones de dólares, con un plazo de terminación de 24 meses.

Esos trabajos permitirían a la central hidráulica, dotada de 20 turbinas, generar 300 megavatios más, con un ingreso económico adicional estimado en 80 millones de dólares al año.

La apertura de ofertas estaba prevista para los primeros días de este mes, pero se postergó para mediados de julio. Ahora, frente a la imprevista decisión de los paraguayos, se abre un paréntesis en el contexto de un dilatado proceso (Yacyretá comenzó a construirse en 1984 y todavía resta concluir), debido nuevamente a divergencias entre los socios del emprendimiento.

Se trata de la mayor obra pública en la que participa nuestro país, único garante de todos los fondos que se llevan gastados desde hace 30 años, suma que ya superaría los 10.000 millones de dólares.

La canciller del Paraguay reiteró que su gobierno “no quiere avanzar con Aña Cuá por falta de transparencia”. En cambio, impulsa la elevación del embalse hasta alcanzar la cota 83, como lo establece el diseño original. Por razones técnicas, el nivel se mantiene a cota 76 desde 1995 en que se inició el llenado del lago.

Por tal motivo, la central todavía opera con un 60% de su capacidad nominal, lo que implica pérdidas anuales del orden de los 200 millones de dólares en concepto de energía que ha dejado de generar.

Varios diputados argentinos presentaron un pedido de informe respecto de las denuncias en Paraguay, entre ellos la legisladora por Misiones Stella Pesso (PJ).