PARANÁ: LA JUSTICIA FEDERAL DECLARÓ INCONSTITUCIONAL EL INDULTO

La decisión judicial fue notificada a organismos de derechos humanos que habían realizado una presentación al respecto. De esta manera, se retrotrae a la situación de imputados y deberán ser juzgados nuevamente varios militares y civiles que participaron en el accionar represivo. La lista -a la que tuvo acceso ANALISIS DIGITAL- comprende a Jorge Humberto Appiani; Luis Armocida; José Anselmo Appelhans; Ramón Oscar Balcaza; Rosa Susana Bidinost; Abel Teodoro Catuzzi; Carlos María Cerrillos; Ramón Genaro Díaz Bessone; Alfredo Ismael Duré; José Faustino Fernández; Constantino Francisco González; el médico paranaense Hugo Mario Moyano; Oscar Ramón Obaid; Julio Raúl Paredes; Alberto Rivas; Daniel Manuel Rodríguez; Juan Carlos Ricardo Trimarco; Carlos Horacio Zapata y Carlos Patricio Zapata, quienes se habían visto beneficiados por la obediencia debida en 1988.

La abogada paranaense, que se encuentra subrogando al juez federal Aníbal María Ríos -quien está de licencia por enfermedad, pero habría avalado la decisión de la letrada, según se informó a este medio- tomó como base buena parte de las investigaciones realizadas en su momento por la fiscal Olga Taybo y el fiscal adjunto Juan Varisco Bonaparte -fallecido en 1995-, sobre graves hechos sucedidos en la última dictadura, en el Area Paraná, a partir de un planteo del fiscal general, solicitando el desarchivo de las causas por graves violaciones a los derechos humanos.

En su argumentación -de más de 40 carillas-, Galizzi -con el asesoramiento de su secretario en el Juzgado Federal, Juan Godoy- se refiere a varios casos concretos:

-Pedro Miguel Sobko: secuestrado y asesinado en 1977, en plena Avenida Ramírez de Paraná. Un año después también fue secuestrada y desaparecida su esposa, pero en Corrientes.

-Victorio José Ramón Erbetta: detenido el 13 de agosto de 1976 por personal de la Policía Federal.

-Agustín Goiburú: médico paraguayo, secuestrado en Paraná el 9 de febrero de 1977, en un operativo conjunto realizado por personal de la Policía Federal, Ejército y uniformados procedentes de Asunción, en el marco del macabro Plan Cóndor. Goiburú vivía en Paraná, en avenida Rivadavia y fue secuestrado en calle Nogoyá.

-Claudio Marcelo Fink: secuestrado de su domicilio en la mañana del 12 de agosto de 1976, a punta de pistola, por personal del Ejército Argentino.

-Lucía Julia Perriere de Furrer: detenida el 7 de diciembre de 1977, en su domicilio de calle Francia, en Paraná, junto a sus dos hijas, que luego aparecieron en un instituto de menores de Mar del Plata, donde fueron halladas por sus familiares.

Pero, a su vez, Galizzi cita las graves denuncias de secuestro y apremios ilegales cometidos por personal militar, policial y penitenciario de los militantes Ramón Gerardo Mosa, Néstor Zapata, María Cortiñas, Juan Domingo Santamaría, Juan Domingo Wursten, José Daniel Irigoyen -actual intendente de Gualeguaychú-, Horacio José Noro, María del Rosario Badano, Alicia Angela Ferrer, Luis María Sotera y Olivia Lidia Cáceres.

Galizzi -quien fuera presidente del Colegio de Abogados de Paraná- interpretó que “si bien no se cuenta en autos todavía, con un completo requerimiento de instrucción, dado que, precisamente, entre otros aspectos no se ha presentado aún por parte del Ministerio Público Fiscal un detalle correspondiente a la relación circunstanciada de los hechos”, a la vez indicó que están comprobados que los hechos denunciados “tienen realización durante el Proceso de Reorganización Nacional” y que “los contenidos denunciados refieren a privaciones ilegítimas de libertad, desaparición forzada de personas, tormentos y tratos atentatorios a la dignidad personal, todas de variadas modalidades en su ejecución”.

La magistrada paranaense entendió que “surgen como autores, según las numerosas y concretas denuncias practicadas, personal de las Fuerzas Armadas, de fuerzas de seguridad nacionales y de la provincia de Entre Ríos y personal del Servicio Penitenciario de la provincia”. En la nómina, Ríos comprendió a Jorge Humberto Appiani; Luis Armocida; José Anselmo Appelhans; Ramón Oscar Balcaza; Rosa Susana Bidinost; Abel Teodoro Catuzzi; Carlos María Cerrillos; Ramón Genaro Díaz Bessone; Alfredo Ismael Duré; José Faustino Fernández; Constantino Francisco González; el médico paranaense Hugo Mario Moyano; Oscar Ramón Obaid; Julio Raúl Paredes; Alberto Rivas; Daniel Manuel Rodríguez; Juan Carlos Ricardo Trimarco; Carlos Horacio Zapata y Carlos Patricio Zapata. Incluso, lo señala al fallecido ex presidente de facto y jefe del II Cuerpo de Ejército con sede en Rosario, Leopoldo Fortunato Galtieri.

Según la jueza, “corresponde en consecuencia retornar a la naturaleza de los hechos que constituyeron el objeto de este proceso. Bajo el imperativo de resguardar la seguridad del Estado y la vigencia de los principios en que se afirmaba estaba sostenido el mismo, el Proceso de Reorganización Nacional pretendía eliminar el accionar subversivo. Quienes en la causa precedente han formulado sus denuncias, o por quienes han debido ser formuldaas, han señalado la existencia, y que en consecuencia surge reiterada, de prácticas donde quienes actuaban o disponían desde el Estado, conforme la estructura que se había autoimpuesto el sistema vigente, acudían a la tortura, a la privación ilegítima de la libertad, a la desaparición forzada de las personas y al cúmulo de hechos, que conforme han sido expuestos, objetivamente y sin esfuerzo alguno afloran como claramente atentatorios de la dignidad de la persona humana”, añadió. “Que por lo tanto -agregó- nos encontramos frente a hechos denunciados, donde es el Estado, a través de sus dirigentes y de sus agentes, conforme especial estructura de poder configurada de hecho, el que según las denuncias originarias, habrían incurrido en tal tipo de violaciones”.

Las citaciones

Galizzi afirmó más adelante que según el dictamen fiscal en tratamiento, “existe mérito suficiente para proceder” al requerimiento de instrucción de las personas implicadas en los graves hechos y que fueran beneficiadas por la ley de Obediencia Debida. Por ende, el Juzgado Federal de Paraná deberá arbitrar “los medios, a fin de notificar a quienes revistaban en calidad de personas imputadas, de lo que aquí se dispone, requiriéndoles además que ratifiquen y/o modifiquen respecto de la designación de sus defensores”. Previamente, según se añade, “se deberá oficiar a la Secretaría Electoral” del juzgado a fin de que “en forma directa o indirecta, de un informe actualizado sobre los domicilios de los imputados”.

De acuerdo a un relevamiento de ANALISIS DIGITAL, de la nómina, son varios los fallecidos, además de Leopoldo Galtieri. Tales los casos de Carlos María Cerrillos, José Faustino Fernández y Constantino Francisco González. Muchos de los ahora citados residen en Capital Federal. El más conocido es Jorge Appiani (Pacheco de Melo 2714, piso 9), quien se ha caracterizado por ser abogado de conocidos represores, como el caso del “Turco” Julián, a través de su estudio Prepaga legal SRL, que tiene en sociedad con el mayor retirado, Jorge Olivera, quien es investigado como responsable de la desaparición de la “ciudadana francesa Marie Anne Erize”, en 1976. Teodoro Catuzzi estaba internado con problemas de Mal de Parkinson y tiene domicilio en Conesa 787.

En Capital Federal también viven Díaz Bessone (Uruguay 1064, piso 5to. B); Juan Carlos Trimarco (Avenida Luis María Campos 152 6o. “B”) y Carlos Patricio Zapata, quien hace pocos años se fue de Paraná.

En Paraná se encuentran José Appelhans (Presidente Perón 340); Ramón Balcaza (Ruperto Pérez 560) y el médico otorringoringólogo Hugo Mario Moyano, que desempeña funciones en el Hospital San Roque de esta capital, quien vive en Córdoba 531.

En Diamante tienen domicilio Luis Francisco Armocida (Belgrano 680) y Carlos Horacio Zapata (25 de Mayo 289); en Gualeguaychú vive la ex agente penitenciaria Rosa Susana Bidinost (25 de Mayo 543); en Santa Fe reside Alfredo Ismael Duré (Barrio 374 Viviendas, calle 142, Planta Baja) y en Santo Tomé -de la vecina provincia- Oscar Ramón Obaid (Hilario Sobroso 1763). Se desconoce el paradero de Julio Paredes, Alberto Rivas y Daniel Rodríguez.

Ahora habrá que esperar si el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay adopta una medida similar, que comprenda a las áreas de Concordia y Gualeguaychú. No obstante, en Concordia ya se reabrió la causa del soldado Jorge Papetti, desaparecido en un operativo del Ejército en la zona de Villaguay.