PASO ADELANTE PARA SALVAR LA MEMORIA

El edificio de La Calamita había comenzado a ser demolida por sus actuales propietarios.
La expropiación hará posible salvarle y convertirlo en otro centro de la memoria.

Otro lugar emblemático se sumará al patrimonio de la memoria. La Legislatura sancionó la ley que declara de “utilidad pública y sujeto a expropiación” el casco y casi diez hectáreas de La Calamita, en las afueras de Granadero Baigorria, para preservar del olvido y la piqueta a uno de los más terribles centros clandestinos de detención de la dictadura militar.

Es un rescate histórico sin antecedentes en la historia institucional de la provincia: en mayo de 2002 el Parlamento santafesino votó la ley 12.018 para expropiar otro símbolo del genocidio, el ex Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, en la esquina de Moreno y Córdoba, y convertirlo en Museo de la Memoria.

Ahora aprobó la expropiación de La Calamita, con un rasgo que resume la voluntad del arco político: tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron la ley por unanimidad, sin disidencias, aunque sin debate.

El trámite legislativo se concretó en tres meses. El presidente de la bancada de diputados socialistas Eduardo Di Pollina presentó el proyecto el 14 de agosto. Lo acompañaron otros dos jefes de bloques: Ariel Ugalde, del PJ y Angel D`Ambrosio, del radicalismo disidente. Más sus colegas Alicia Tate y Federico Pezz (UCR), Sandra Recchia (PJ) y Alfredo Cecchi (PS). Dos meses después, el 16 de octubre la Cámara de Diputados votó la media sanción. Y el jueves último 13 de noviembre el Senado completó la sanción definitiva.

El senador rosarino Alberto Beccani (UCR), uno de los que más impulsó la ley en su Cámara, ponderó la decisión de la Legislatura de rescatar La Calamita. “Hay que preservar la memoria”, dijo en diálogo con Rosario/12.

“Esto ya ocurre en otros lugares el mundo, donde se resguardan estos espacios tan dolorosos. Porque es bueno que las generaciones futuras conozcan lo que ocurrió en la Argentina por la intolerancia política y la falta de un gobierno constitucional que impidiera semejante aberraciones”, agregó.

‑Pero es significativo que en tan poco tiempo la Legislatura haya votado dos leyes de estas características: primero para expropiar la ex sede del Segundo Cuerpo de Ejército y ahora La Calamita.

‑Porque si bien pasó mucho tiempo, recién ahora mucha gente está tomando conciencia de la barbarie-, interpretó Beccani. “Esto costó mucho trabajo y ahora la gente va dando cuenta del atropello que sufrimos durante la dictadura. Es bueno, es un síntoma de madurez. Porque en estos momentos ni siquiera se discute la necesidad de preservar estos lugares como testimonio vivo de lo que ocurrió”.

‑Y a usted le tocó impulsar esas dos leyes en el Senado.

‑Así es, pero soy un convencido de esto y por eso lo hice-, concluyó.

El autor de la ley coincidió. “La preservación de la memoria colectiva ante el terrorismo de Estado que imperó en la Argentina, entre 1976 y 1983, es una obligación que nos imponemos los representantes de la ciudadanía para hacer realidad el Nunca Más, ese monumental trabajo de recopilación de testimonios de las víctimas de aquellas prácticas terribles: torturas, detenciones ilegales, desaparición de personas-, afirmó el diputado Di Pollina.

El “chupadero” de La Calamita en Granadero Baigorria -donde operó el grupo de tareas del Destacamento de Inteligencia Militar 121‑ fue denunciado por detenidos sobrevivientes con cruentos detalles, ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), en el histórico juicio a las Juntas Militares y en la causa `Feced y otros’ que instruyó la Cámara Federal de Rosario. Entendemos entonces que el Estado provincial debe asumir su obligación de preservar para las generaciones futuras este lugar que simboliza la barbarie en la que se puede caer cuando se degradan a las instituciones de la democracia”, insistió el legislador.

“La Calamita debe ser expropiada con fondos provinciales y cedida a la Municipalidad de Granadero Baigorria a título gratuito, para que sea un lugar de reflexión y ejercicio de la memoria colectiva de lo que nunca más debe ocurrir en el futuro.

El 16 de octubre, cuando Diputados votó la ley, también aprobó un pedido de informes al gobierno de Carlos Reutemann para indagar sobre el pasado de La Calamita.

Pretende saber si el Poder Ejecutivo “tiene conocimiento de la existencia de informaciones o denuncias acerca de la posibilidad de que víctimas de la represión ilegal puedan estar sepultadas en la quinta La Calamita”.