PATRULLEROS AUTOCONVOCADOS POR DOS COLEGAS EN APUROS

Seis policías del Comando Radioeléctrico están a punto de ser indagados por un juez penal, involucrados en un aparente ejercicio de presión corporativa a oficiales de Asuntos Internos que cayeron sobre dos colegas denunciados por coimear a un automovilista. “Incumplimiento de deberes de funcionario público y coacción” son los graves cargos que se le imputan a estos uniformados –miembros de tres patrullas– cuando hace un mes se “autoconvocaron” en una esquina de zona norte donde la dupla policial acusada de cohecho era interpelada por agentes de Asuntos Internos. La hipótesis presume que los policías pueden haber obstaculizado la labor de control y porque durante un tiempo prolongado abandonaron las zonas que debían custodiar. Sólo se retiraron cuando se apersonó el jefe del Comando, el subcomisario Hernán Brest.
El hecho ocurrió el 20 de mayo al mediodía. Todo comenzó cuando una mujer telefoneó a Asuntos Internos alrededor de las 11.50 (esta sección cuenta con dos líneas a las que la población puede alertar durante las 24 horas la posible comisión de ilícitos o irregularidades policiales. Los números son 4721836 y 4721768). La mujer dijo que en la intersección de las calles Sorrento y Casiano Casas, el móvil Nº 2181 del Comando Radioeléctrico había detenido a un Fiat Palio de color blanco. Agregó que podría estar pidiéndole dinero.
Asuntos Internos consultó al juez Osvaldo Barbero, que ordenó verificar si el hecho estaba ocurriendo y en ese caso impedir que continuara y detener a los autores. Un investigador policial recordó que “el móvil (de Asuntos Internos) estaba en la calle y en diez minutos llegó a Sorrento y Casiano Casas para chequear si había un automovilista al que se le impedía la circulación por carecer de la documentación necesaria”. Cuando el jefe de la brigada operativa y un oficial ayudante arribaron a la esquina de la supuesta extorsión, ya no había nadie.
Como tenían el número de móvil se quedaron en la zona, hasta que lo encontraron. “El personal se identificó”, continuó el vocero de Asuntos Internos. “Ordenaron a la dotación (integrada por un sargento y un agente) que detuviera la marcha. Los hicieron bajar, los requisaron y pidieron la hoja de ruta”, agregó la fuente. La hoja de ruta es un pequeño formulario, que cabe en un bolsillo, donde los policías deben dejar constancia de todo lo que hacen mientras dura su turno, de ocho horas.
En algún momento, los agentes del Comando avisaron por radio que estaban siendo identificados. Por lo que casi enseguida llegaron tres móviles más. La versión que tiene el juzgado es que trataron de entorpecer el procedimiento, en tanto en Asuntos Internos hasta hoy no se explican el motivo de la singular y expeditiva convocatoria. “El oficial a cargo pidió instrucciones por teléfono y le dijeron que ordenara el retiro de los móviles, pero éstos sólo se fueron cuando llegó el jefe”, añadió la fuente. En el interin había llegado una cuarta patrulla, presumiblemente “para calmar las cosas”, dijeron en Tribunales.
Según el expediente Nº 646/04, en el libro de guardia del Comando Radioeléctrico quedó asentado que el subcomisario Brest salió a las 13 rumbo al lugar del procedimiento y recién regresó a la base a las 15.40.
Consultado sobre el asunto, el funcionario policial explicó que “la dotación comunicó por radio que estaba pasando por un trance y algunas unidades se acercaron porque interpretan que podría estar sucediendo otra cosa”. Cuando El Ciudadano le preguntó a qué se refería, Brest conjeturó: “Quizás pensaron que gente desconocida quería reducir a sus compañeros y, ante la duda, fueron a brindarles ayuda”. Agregó que cuando los policías se dieron cuenta de que todo era un control de Asuntos Internos se marcharon, por lo que las actuaciones “continuaron normalmente”. También el móvil Nº 2181 siguió trabajando tras entregar la hoja de ruta. “Me presenté en el lugar porque me corresponde por mi función y en los últimos días he contestado pedidos de informe del tribunal, que abrió una causa de oficio”, concluyó.
Efectivamente el juez Barbero, al leer las actuaciones el 31 de mayo, formó un sumario en el que ya ha decretado la indagatoria de los seis uniformados que viajaban en los móviles Nº 2172, 2194 y 2766. “Ninguno estaba en el área asignada, por lo que presumimos un abandono del servicio”, indicó un funcionario judicial. El patrullero Nº 2181 estaba asignado a Gallo y Mazza, el 2172 a Urquiza al 3700, el 2194 debía estar en Vieytes y Darragueira y el 2766 en Génova y De Angelis. Cada coche policial debió desplazarse por lo menos veinte cuadras hasta el lugar donde se estaba desarrollando la identificación.
Por otro lado, la hoja de ruta estableció que el 20 de mayo, poco antes del mediodía, un Fiat Palio blanco fue interceptado. Como figuraba la patente, el conductor pudo ser ubicado. Se trata de un comerciante que, tanto en sede policial como en Tribunales, negó haber entregado algún dinero. “Dijo que no había sido extorsionado, que le pidieron la documentación del auto”, amplió uno de los investigadores, que concluyó: “el cohecho no está claro pero sí la irregular presencia de los móviles, que incluso puede configurar un delito”.
De allí el llamado a indagatoria por incumplimiento de deberes y coacción. Desde Asuntos Internos afirmaron ayer que no se sintieron “intimidados” y que tomaron la situación como “un gaje del oficio”. En Tribunales, en cambio, se alarmaron con el episodio, que también está siendo investigado administrativamente, y hasta podrían ampliar la lista de imputados.

Aquella rebelión frente a la comisaría 6ª

El 18 de agosto de 2000, efectivos del Comando Radioeléctrico hicieron una manifestación frente a la comisaría 6ª, que determinó el desplazamiento del jefe de la Agrupación Cuerpos, Pedro Obligado, y del subjefe del Comando, Oscar Rendo, actualmente titular de la mencionada seccional.
El entonces ministro de Gobierno Angel Baltuzzi calificó el episodio “como un acto de indisciplina por el que deben responder los jefes, que tienen a cargo a la tropa”.
Aquel viernes a la noche, más de 50 agentes con sus vehículos se congregaron en la puerta de la dependencia de San Luis al 3200 a raíz de la detención preventiva de dos numerarios del Comando. Habían sido apresados después de participar de un tiroteo, esa tarde, en el que resultó gravemente herido un presunto ladrón en Rioja y Carriego.
La orden de detención la dio la entonces jueza de instrucción Susana de Pigliacampo, quien le sacó la investigación a la comisaría 6ª (con jurisdicción en el lugar del tiroteo) y se la asignó a la División Judiciales, que interviene cuando hay policías involucrados en algún hecho delictivo.
La magistrada pretendía que Judiciales definiera si los agentes del Comando habían incurrido en algún “exceso”. Pero los arrestos enardecieron a los uniformados que se dedican a hacer el trabajo de calle.