Pedido de informes por compras en el Ministerio de Seguridad

El diputado provincial Alberto Monti presentó un pedido de informes donde le pregunta al gobernador Hermes Binner “si, tal como indican noticias periodísticas difundidas por medios de comunicación masivos de la provincia de Santa Fe en los últimos días, el gobierno provincial ha adquirido cuatro equipos para realizar escuchas telefónicas por un valor de 160.000 dólares cada uno en una gestión sin concurso de precios ni licitación llevada a cabo en forma personal por el ministro de Seguridad, Dr. Alvaro Gaviola”.

También consulta el legislador del PJ “si existe en el ámbito del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en cualquiera de sus jurisdicciones, una o más reparticiones que realicen tareas de escuchas telefónicas y si, de existir dichas reparticiones, se notifica al Poder Judicial o a la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Estado nacional (SIDE) los motivos por los cuales se realizan dichas tareas de espionaje”.

Finalmente, Monti pregunta que “si, de haberse realizado erogación alguna para adquirir el equipamiento antedicho, hay instrumento legal que respalde dicho gasto tal como Decreto del Gobernador de la Provincia o Resolución ministerial”.

Fundamentos

El diputado de Santa Fe Federal afirma en los fundamentos de la presentación que “en el transcurso de las últimas horas, se han dado a conocer por diversos medios de prensa de la provincia versiones a través de las cuales se asegura que fuentes seguras del Ministerio de Seguridad afirman que por intermedio de una gestión personal del señor Ministro de Seguridad, Alvaro Gaviola, se habrían adquirido cuatro equipos o “valijas” destinadas a realizar escuchas telefónicas, a un valor de 160.000 dólares cada uno, sin haber realizado para ello el Estado Concurso de Precios ni licitación alguna”.

“Según mas datos que empezaron a surgir a la consideración pública en estos días, dicho equipamiento tendría origen israelí y sería tecnología de última generación” expresa el representante del PJ.

“Sin emitir juicio de valor acerca de estos hechos antes de tener la confirmación o la negativa por parte del Poder Ejecutivo acerca de este Pedido de Informes, durante las semanas que anteceden se han acumulado una gran cantidad de dudas y cuestionamientos que involucran al área de seguridad y seguridad del gobierno santafesino” dice el legislador peronista.

“De hecho, hemos presentado un proyecto de comunicación donde solicitamos información sobre el llamado a licitación del Servicio de Emergencias 911 para todo el territorio provincial, con numerosas dudas sobre el texto del pliego y la posibilidad de que se esté beneficiando a ciertas empresas en detrimento de otras y la adjudicación de las demos que están en pobre funcionamiento en las ciudades de Rosario y Santa Fe” afirma Alberto Monti.

“De la misma forma, se ha ingresado un cuestionario vinculado a la contratación directa realizada en setiembre de 2009 para el monitoreo de las redes de telefonía y datos en Casa de Gobierno, Delegación Rosario y Casa de Santa Fe en Buenos Aires, cuestionada por el Tribunal de Cuentas, y que en los fundamentos del Decreto de Insistencia firmado por el gobernador Hermes Binner y el ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, indica que dicho servicio se contrató de manera “urgente” para resguardar “la seguridad de las comunicaciones del señor Gobernador y otras autoridades” y que “según publica la revista Entre Líneas de la ciudad de Santa Fe en su último número, el medio de comunicación “pudo confirmar, por fuentes de la secretaría de Tecnologías para la Gestión, que la sospecha oficial era efectivamente que las líneas telefónicas podían estar intervenidas” dice el diputado del PJ.

“Esta concatenación de hechos vinculados al mismo tema nos llevan a mostrarnos preocupados por la transparencia que deben tener cuestiones altamente sensibles y que tienen que ver con los derechos individuales de las personas y la privacidad” finaliza Monti.