PEDIRÁN A CHILE LA EXTRADICIÓN DE MENEM, TRAS ORDENAR SU CAPTURA

Luego de una guerra de nervios de cuatro meses, el juez federal Jorge Urso pedirá hoy mismo a Chile la extradición de Carlos Menem, tras declararlo en rebeldía y ordenar su captura internacional a Interpol.

El juez tomó esa decisión ayer luego de que Menem no se presentara por cuarta vez a declarar como imputado en la causa en que se investiga el supuesto pago de sobreprecios por la construcción de dos cárceles, en Ezeiza y en Marcos Paz.

En la práctica, la orden firmada ayer por Urso dispone que Interpol detendrá a Menem automáticamente si intenta dejar Chile. Ante el pedido de extradición que Urso enviará hoy, la justicia chilena abrirá un juicio para decidir si acepta repatriarlo.

Mientras tanto, fuentes chilenas consultadas por Clarín estimaron que se le concederá la libertad al ex presidente mientras dure el proceso (ver página 5).

Es una modalidad diferente a la de Argentina. Aquí, la ley 24.767 establece que un extranjero que sea requerido por la justicia de otro país debe permanecer preso durante el juicio.

A media mañana de ayer, había sido rechazada la última jugada de la defensa de Menem, que recusó a Urso para paralizar la causa, como ya había hecho con el juez federal Norberto Oyarbide en el caso de la cuenta suiza.

Urso —el mismo juez que en el 2001 detuvo a Menem durante seis meses en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia— se basó en una jurisprudencia distinta a la de Oyarbide y resolvió seguir con el caso, mientras la Cámara Federal decide si corresponde apartarlo del caso por “enemistad manifiesta”.

Esto ocurrió mientras una veintena de mujeres manifestaba ayer su apoyo a Menem en Comodoro Py. Urso trabajó después en el pedido de extradición que enviará al canciller Rafael Bielsa, para ser remitido a Chile.

Fuentes de la Cancillería adelantaron a Clarín que Bielsa ya decidió “enviar inmediatamente” el pedido al gobierno chileno “sin ningún tipo de interferencia política”. Luego, el gobierno de Chile lo derivará a la Corte Suprema de ese país para que decida si cumple con todos los requisitos formarles para iniciar un juicio de extradición que puede durar varios meses.

El contenido del pedido de extradición será clave para la decisión de la Corte de Chile, que sólo considera este tipo de solicitudes cuando se imputan delitos con penas de más de un año. Menem está imputado de fraude al Estado, que tiene una pena de entre 6 meses y 6 años.

Menem, de 73 años, reside en Santiago con su esposa, la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco y su pequeño hijo Máximo. En Chile, donde pidió una visa de residencia de un año, ya contrató abogados locales.

Anoche, Menem rompió el silencio que había mantenido todo el día y dijo desde Chile a radio Diez: “Honestamente, creo que no (se va a concretar la extradición). Por eso mi tranquilidad y mi serenidad. No hay absolutamente nada que pueda fundar el pedido de extradición”.

El pedido de extradición precisará que Menem firmó el decreto 203 en 1998 para llamar a licitación para la construcción por el sistema llave en mano de dos cárceles. Estas debían ser construidas por la suma fija e inamovible de 4.650.000 dólares en forma trimestral y por 15 años. Después, firmó la adjudicación al consorcio integrado por Techint, Hotchief ZG, Imprefilo S.A e Iglys S.A. Las cárceles fueron terminadas, pero el costo habría incluido sobreprecios según denunció la ex subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la Alianza, Patricia Bullrich.

Urso ya había indagado, el año pasado, al ex ministro de Defensa, Jorge Domínguez, entre otros ex funcionarios y ahora espera un peritaje final sobre los costos de la obra para definir varias situaciones procesales.

De todos modos, llamó la atención en los tribunales la estrategia de Menem, ya que no corría peligro de que se le dictara la prisión preventiva en esta causa, ni tampoco en la de la cuenta suiza, ni en la abierta por la supuesta cesión irregular de terrenos a un sindicato. El frente judicial más peligroso, en términos de su libertad, lo tiene en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, donde se investiga el delito de contrabando de armas que no es excarcelable.