PEDIRÁN PROCESAR A MARINOS DE LA ESMA
La fiscalía federal pedirá la semana próxima el procesamiento de los marinos retirados o en actividad vinculados con la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que fueron beneficiados por la aplicación de las leyes de punto final y de obediencia debida, entre 1987 y 1988.
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Entre los beneficiarios de esas leyes que serían detenidos si el juez Sergio Torres, a cargo de la causa 761 reactivada por la Cámara Federal, hace lugar a la primera instrucción figurarían Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta, Adolfo Donda Tigel, Antonio Pernías y Juan Antonio Azic, entre otros.
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Los titulares de la Fiscalía N° 3, Eduardo Taiano y Germán Bincaz, podrían presentar la requisitoria a fines de la semana próxima, indicaron ayer a LA NACION dos fuentes del Ministerio Público.
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Taiano prevé pedir el procesamiento y la consiguiente detención de quienes ya se encontraban procesados por la Cámara Federal, para luego avanzar en otras líneas de investigación de la causa, detallaron.
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“Hay que ver caso por caso y evitar errores por actuar demasiado rápido, pero la idea es que la situación procesal de cada uno de los que aparecen en la causa se retrotraiga a la situación en que se encontraban al momento en que se aplicaron las leyes de obediencia debida y de punto final”, explicó un funcionario.
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El primer avance en la causa también quedará supeditado a la entrada en vigor de la ley 25.779. “La ley que anuló el punto final y la obediencia debida ya se publicó en el Boletín Oficial, pero entrará en vigor el viernes próximo. Cualquier despacho del juzgado que se firme antes podría ser atacado por nulo”, indicó una fuente judicial.
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Los fiscales también esperan incorporar a la causa los datos obtenidos en los llamados “juicios de la verdad” abiertos en varios puntos del país desde 1995. “Toda la información sobre víctimas, responsables o nuevos hechos se incorporará al expediente”, explicó la segunda fuente.
Hasta ayer al mediodía, sin embargo, la fiscalía federal no había recibido las copias certificadas de los cuerpos que conforman la causa, las que siguen resguardadas en el juzgado federal de Torres. Los colaboradores del magistrado comenzaron a elaborar un listado en el que se precisará el nombre de cada imputado que figura en la causa, su situación procesal y el número de las fojas de las resoluciones más relevantes en las que aparece citado, detallaron las fuentes judiciales.
“Queremos precisar quiénes estaban procesados y se beneficiaron por la aplicación de las leyes y quiénes sólo aparecían como imputados para a partir de allí determinar los nombres de los que podrían ser citados a prestar una declaración indagatoria”, dijo un colaborador de Torres.
“El objetivo es adecuar lo que ya está hecho en el expediente según normas procesales que no están vigentes al actual Código de Procesamiento Penal, con el que ahora se llevará adelante la instrucción, de modo de respetar la defensa en juicio”, precisó.
La Cámara Federal también desprocesó en junio de 1987 a los entonces capitanes de fragata Francis Whamond, Luis D´Imperio y Raúl Scheller, al capitán de corbeta Carlos Capdevila (médico) y al teniente de navío Carlos Carella. Luego desprocesó a los entonces contralmirantes Oscar Montes, Humberto Barbuzzi, Manuel García Tallada y José Suppisich, los capitanes de navío Jorge Vildoza y Horacio Pedro Estrada.
Indultos, en la mira
Vildoza jamás se presentó ante la Justicia y obtuvo el beneficio mientras se encontraba prófugo; Estrada, también prófugo, reapareció y se suicidó en 1998 tras ser vinculado con el tráfico de armas. También fallecieron otros marinos procesados como Whamond, Suppisich y D´Imperio.
Los fiscales Taiano y Bincaz deberán afrontar, además, los indultos de Menem que recayeron sobre algunos integrantes de la ESMA. Entre otros, los de los almirantes retirados Antonio Vañek y Julio Torti.
En la causa paralela sobre los crímenes cometidos bajo la órbita del Cuerpo I del Ejército (causa 450), el fiscal Eduardo Freiler adelantó en su primer escrito que pedirá la inconstitucionalidad de esos indultos. Esta causa enfrenta otro contratiempo. Ayer, la juez María Servini de Cubría se excusó de intervenir en el proceso y el expediente recaló en la presidencia de la Cámara Federal, donde el lunes se sorteará el juzgado que asumirá la carga.
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