"Pedraza y Fernández deben ser condenados como instigadores de homicidio agravado"

Durante el primer alegato del juicio oral que lleva adelante el Tribunal Criminal 21, el abogado Maximiliano Medina señaló que cada novedad en la causa era reportada por el segundo de la Unión Ferroviaria (UF) Juan Carlos “Gallego” Fernández a Pedraza y apuntó: "Dos días después del hecho, Pedraza se ocupaba de conseguirle un abogado a quien estaba sindicado como autor del homicidio", en relación a Favale.

Luego, el abogado detalló los números del "extraordinario negocio" que significaban las cooperativas creadas por la UF para incorporar a los tercerizados y aunque reconoció que estaba entre las facultades del sindicato, ironizó: "No sé en qué parte del estatuto decía que sería a sudor y sangre de los trabajadores".

La querella del Cels sostuvo que el móvil del ataque de la patota de la UF contra la movilización de tercerizados, acompañada por los milintantes del PO, fue impedir el ingreso de nuevos trabajadores que hicieran peligrar "la hegemonía política" que mantenía Pedraza, por lo que se insistió en que "los imputados intentaron por diversos medios bloquear los reclamos de los tercerizados".

Gabriel Bovino, otro de los abogados de la querella, mencionó que "desde que la UGOFE se ocupó del ferrocarril Roca se dio un boom de tercerización", indicó y subrayó que "el propio gremio (Unión Ferroviaria) habilitó que algunas tareas comprendidas en el convenio colectivo serían tercerizadas y que los tercerizados no eran trabajadores ferroviarios".

Por eso, los abogados señalaron a los titulares de la UF como "instigadores" y definieron el ataque de la patota como "una cacería humana con al menos cuatro armas usadas en este hecho". Ante las protestas de los tercerizados para ser incorporados como personal estable del ferrocarril "la Unión Ferroviaria persigue y mata, y si no…mata", disparó Bovino, y agregó que "Pedraza y Fernández matarían".

Los letrados del CELS aseguraron que luego de la balacera "(Juan) Pérez guardó las armas que le entregaron (Guillermo) Uño y dos personas más, para retirarlas del lugar y encubrir el crimen".

"Todos los testigos hablaron de haber oído al menos unos diez disparos", sostuvo Medina en su alocución y también acusó a los efectivos de la Policía Federal porque, dijo, "liberaron el escenario y colaboraron con los atacantes, se permitió el ataque".

Medina incluso alegó que "los policías de servicios especiales se retiraron del lugar una hora antes de la muerte de Mariano" hacia "la estación Avellaneda" y eso hizo posible que empezaran a bajar (del terraplén) los ferroviarios" enjuiciados por el ataque.