PELEA EN EL GOBIERNO POR AEROLÍNEAS

Todo comenzó a mediados de junio, cuando el Ministerio de Planificación Federal, a través del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, recomendó aprobar el balance de 2004 de Aerolíneas Argentinas. Todo terminó -o mejor dicho, aún continúa- con la impugnación judicial de los estados contables de la compañía aérea impulsada por el Ministerio de Economía, pese a la recomendación de Jaime.

La posición frente al balance de la empresa desnudó una fuerte controversia en el Gobierno y no sólo entre los ministerios que comandan Julio De Vido y Roberto Lavagna, sino que también resaltó las diferencias que existen entre Jaime y su subordinado, el subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli.

En mayo pasado, Jaime le envió la nota 961 al Ministerio de Economía, con una manifiesta desautorización hacia Cirielli. “Deberá dejar sin efecto las instrucciones impartidas en forma inconsulta e incompetente por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial (…) en mérito de que dicha subsecretaría carece de facultades necesarias para emitir opinión alguna al respecto”, dice textualmente la nota firmada por Jaime (ver facsímil).

Pocos días antes, Cirielli -funcionario al que le compete directamente la supervisión del área- había aconsejado al Palacio de Hacienda la conveniencia de impugnar los balances.

Entre idas y venidas entre diferentes reparticiones de Planificación, finalmente el 13 de junio Jaime remitió otra nota al Ministerio de Economía con su punto de vista sobre cuál debería ser la actitud del representante del Gobierno en la asamblea de accionistas de Aerolíneas. “El área a vuestro cargo deberá evaluar, si correspondiere, la posibilidad de adoptar la postura de votar afirmativamente los puntos del orden del día, en mérito de que los estados contables al 31 de diciembre de 2004 no presentan salvedades”, dijo Jaime, en la nota número 1164. Pero Economía desoyó la postura de Jaime y se volcó por la de Cirielli: impugnó los balances, como lo había hecho en 2002 y 2003.

Desde entonces, la Justicia se convirtió en el lugar elegido por el Gobierno y por Aerolíneas Argentinas para discutir. El Estado aún conserva un 1,3% de las acciones de la empresa, por lo que tiene derecho a una silla en el directorio. LA NACION intentó, sin éxito, comunicarse con funcionarios de la Secretaría de Transporte.

A las impugnaciones que el Estado ha hecho de los balances de la aerolínea en los últimos tres ejercicios ahora se sumó el contraataque de la empresa, que parece estar dispuesta a impulsar una denuncia penal por falsificación de documentos.

La relación de algunos miembros del Gobierno con Aerolíneas Argentinas no atraviesa el mejor momento. El 13 de septiembre pasado se formalizó la impugnación con una presentación en la justicia comercial, en la que también se pidió la nulidad de la asamblea que aprobó el balance y la gestión del directorio.

La discusión está basada en la cláusula 9a. del contrato de compraventa que suscribieron en 2001 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -que representaba al Estado español- y Air Comet, actual dueña de Aerolíneas Argentinas. Mediante ese artículo, el Estado español aportaba US$ 300 millones para cancelar deudas de la empresa. El destino de esos fondos y la forma de contabilizarlos en los balances posteriores es el ojo del conflicto.

El Estado adjuntó como prueba una copia simple del contrato de compraventa firmado en 2001 en España y ofrece, como prueba, un oficio a un juzgado de Madrid para que verifique la autenticidad de las copias.

El Estado y la ética

Cuando Aerolíneas se presentó en el expediente, argumentó que, además de enterarse de la impugnación por medios periodísticos, el Estado había basado su impugnación en documentación falsa. “Se vuelve a argumentar con elucubraciones especiosas y delirantes en torno de los alcances de la falsificada cláusula novena del contrato de transferencia”, resalta la empresa en su descargo.

“Ciertamente, excede el objetivo de esta presentación formular las consideraciones que procederían respecto del desparpajo que denota esta acción y la frustración de la máxima de que el Estado es una persona ética por excelencia a la cual nos hemos referido reiteradamente al contestar las demandas que también se promovieron respecto de los ejercicios cerrados los 31 de diciembre de 2002 y 2003”, se puede leer en otro de los párrafos de la presentación realizada por abogados del estudio Fargossi.

La imputación de la falsificación del documento derivó en una causa penal que por estos días tramita en la justicia federal porteña.

Si bien la falsificación que menciona Aerolíneas no es un hecho reciente, la denuncia fue presentada en diciembre de 2004. Luego de algunos debates sobre la competencia, el expediente quedó radicado en el juzgado federal 10, a cargo de Julián Ercolini, el 6 de junio pasado.

Según pudo precisar LA NACION de fuentes judiciales, la presentación de Aerolíneas Argentinas carece de un elemento vital para los procesos donde se debate la veracidad de un contrato: el original del documento.

Por Diego Cabot
De la Redacción de LA NACION

En caja fuerte

¿Por qué no se presenta la copia del contrato de compraventa de Aerolíneas? La cláusula 9a. es el eje de la discusión, pero pocos han tenido acceso al documento. Un conocedor de los pasillos de la empresa advirtió: “Existen dos copias: una, en la escribanía del gobierno de España; otra, en custodia en otra escribanía en Madrid. Acá sólo hay un juego de fotocopias, y lo tiene Antonio Mata en una caja fuerte en su despacho”.