PELEA POR LA COMPRA DE DETECTORES DE EXPLOSIVOS PARA LOS AEROPUERTOS

Una dura pelea explotó dentro del oficialismo por la necesidad urgente de comprar equipos detectores de bombas para los 32 aeropuertos nacionales que carecen de la suficiente cantidad de esas máquinas antiexplosivos para prevenir un eventual atentado terrorista.

La pulseada se desató cuando el interventor de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA), Marcelo Saín, rechazó tres equipos de la nueva tecnología llamada de resonancia cuadrupolar, fabricados por una empresa argentina dirigida por brigadieres retirados. Son los primeros equipos de este tipo construidos en el mundo.

La tecnología de resonancia cuadrupolar, que se encuentra en desarrollo en Rusia y EE.UU., se basa en emitir pulsos de radiofrecuencia sobre objetos para que reboten y devuelvan una “huella digital” (ver infografía).

Los equipos de esa tecnología que provocaron la pelea fueron fabricados por la empresa privada CSC que dirige el comodoro retirado Luis Puga, un piloto de aviones caza veterano de Malvinas, entre otros oficiales, gracias al proyecto secreto de la Fuerza Aérea 1085.

La Fuerza Aérea le dio ese carácter por el secreto industrial de CSC y porque contiene información sobre la cantidad exacta de gramos de explosivos que se quieren detectar. Se trata de datos sensibles buscados por los terroristas. En cambio, Saín dijo a Clarín que fue secreto para encubrir “un negociado”.

El proyecto 1085 obtuvo una declaración de auspicio oficial en noviembre del 2002 del entonces jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof. Luego fue declarado de interés nacional por el entonces secretario General de la Presidencia, José Pampuro. Y el 3 de marzo del 2003 el entonces presidente Eduardo Duhalde firmó el decreto 435 que autoriza a la Fuerza Aérea a “adquirir” equipos detectores por $ 5 millones. Tras una contratación directa, la Fuerza Aérea dio esos fondos a CSC.

Los equipos se construyeron en secreto en Córdoba hasta que en agosto del 2004 el presidente Néstor Kirchner, visitó la fábrica CSC y vio un prototipo.

Pero en febrero del 2005 estalló el escándalo por el envío de 60 kilos de cocaína a España en un vuelo de Shouthern Winds, lo que llevó a Kirchner a descabezar la Fuerza Aérea, disolver la PAN y designar a Saín, ex viceministro de Seguridad bonaerense, interventor de la nueva Policía de Seguridad Aeronáutica.

A poco de asumir, Saín desarmó “varios negocios” de brigadieres retirados y empezó a recibir presiones para aceptar estos equipos. Incluso, el actual jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Eduardo Schiaffino, recomendó en el 2005 usarlos para la cumbre de las Américas. Pero Saín se negó.

Ante esta cerrazón, Puga le pidió infructuosamente una audiencia a Saín. Entonces, el comodoro le envió una carta a Kirchner y fue derivado al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y luego al subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, quien recomendó al Banco de la Nación que diera apoyo financiera a CSC.

Como Puga había participado de reuniones de expertos en explosivos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la Confederación Latinoamericana de Avión Civil (CLAC), organizó una reunión entre el titular de esta última entidad, Marco Ospina, y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, jefe directo de Saín. Según dos voceros gubernamentales, Fernández dejó estupefacto al ecuatoriano cuando lo recibió así:

— Si usted habla bien de los equipos de la CSC su organización es una mierda.

Mientras Puga recibía apoyos de otros sectores, Saín aceptó que un equipo de CSC fuera probado en Ezeiza por un equipo encabezado por el agente Gustavo Boeri, técnico en explosivos de la PSA. Después de dos días de prueba, Boeri redactó un informe que sostiene que esa máquina “no cumple con las expectativas mínimas” que se deben esperar de un detector de explosivos, lo que Puga negó mientras busca venderlo a Chile .

Frente a esta pulseada, Saín consultó a Kirchner y dijo a este diario que la respuesta fue:

— No tengo negocios con nadie. Hacé lo que tengas que hacer.

Con esa señal, Saín pedirá al Gobierno 70 millones de pesos para licitar la compra de pórticos importados con tecnología IMS y equipos de comunicaciones, entre otras necesidades de la PSA.

A todo esto, Saín ya había presentado una denuncia por “malversación de fondos” contra Puga y otros. En un escrito, al que accedió Clarín, Saín sostuvo ante el juez federal Ariel Lijo que los equipos mostraron “inoperancia” para detectar una amplia variedad de explosivos.

Lijo es el mismo juez que está investigando las supuestas irregularidades cometidas en la causa AMIA por el ex juez Juan José Galeano. Fuentes judiciales informaron a Clarín que Lijo no definirá si pide un peritaje a un tercero sobre la eficiencia del equipo de CMS o directamente empezará a indagar a los sospechosos hasta tanto no termine, a fines de año, esa causa por la AMIA.