PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EN LA MIRA
El Viceministro coordinador de la Provincia, Rubén Michlig, aclaró a Rosario/12 que los investigados por la justicia por compras irregulares a empleados-proveedores “no son personal político. El personal involucrado en esta causa -agregó- es todo personal de carrera y no fue designado por (Carlos) Reutemann. Es más, la Dirección General de Administración (DGA), -que es el área investigada-, depende de la Secretaría General de la Gobernación (que entre el 2001 y el 2003 fue ocupada por Ricardo Spinozzi) y no de la Secretaría Privada como se dijo, que estaba a cargo de Verónica Reutemann”. “El personal involucrado es de la DGA, más allá de que algún funcionario haya firmado una orden de compra de una resma de papel”, apuntó. Ayer en tanto el juez de instrucción Carlos Ferrero que investiga el caso, envió un oficio al Ministerio Coordinador para reclamar más información sobre compras realizadas durante la anterior gestión de Carlos Reutemann, en el área de la Dirección General de Administración.
Michlig redujo el hecho a “cuestiones menores, compras de insumos que van por caja chica, concretadas por un grupo de empleados que tendrían un parentesco con empresas proveedoras. Con ellos hacían compras menores, a partir de observaciones del Tribunal de Cuentas se dispone una auditoría de control de gestión, y se lo comunica a la AFIP, que le da la documentación al juez Ferrero y paralelamente se disponen sumarios internos”.
De igual modo el funcionario remarcó que “ninguno de los investigados está en los mismos lugares donde realizaban estas compras”.
-Según la auditoría la titular de Insumos Paper es Cintia Quiroz, que según trascendió periodísticamente es hija de Miguel Quiroz, empleado jerarquizado de la Gobernación. ¿Está Quiroz trabajando en el mismo lugar?
-No, creo que no.
-Otro miembro de la familia sería Juan Quiroz, jefe de Rendición de Cuentas de la Casa Gris.
-La verdad es que dos o tres Quiroz fueron transferidos y no están trabajando en los mismos sitios.
-¿La investigación del juez Ferrero está acotada a un grupo de empleados con compras menores, o abarca estamentos más importantes de la administración?
-No, exclusivamente se reduce a ese grupo de empleados. El informe pedido por el juez se refiere exclusivamente al documento que le entregó la auditoría, que se refiere solo a esas compras, que tiene montos menores que no requerían procedimientos de compras. En esa época las compras menores eran las de menos de $600.
De igual manera Michlig remarcó que “los funcionarios involucrados son personal de carrera de años”, y trató de despejar cualquier sospecha sobre la creación de la subsecretaría de Logística. “Esto no tiene que ver con estos sumarios, ni es para destapar ni para poner un manto sino con la decisión del gobierno de Obeid de crear el Ministerio Coordinador que tiene una subsecretaria de Logística”, explicó.
El Viceministro aclaró que el Estado tuvo su propia investigación administrativa. “Se instruyeron los sumarios respectivos, razón por la cual estamos a la espera de la decisión de la Justicia en sus distintos ámbitos: el federal en cuanto a las cuestiones impositivas que puedan estar relacionadas con las empresas proveedoras; y el provincial, en cuanto al daño o no que se le pueda haber provocado a la administración santafesina”, destacó.
Por otro lado, remarcó que “el personal involucrado es de la DGA, más allá de que algún funcionario haya firmado una orden de compra de una resma de papel. La Secretaría Privada no tiene jerarquía sobre ninguna estructura, pero eso no le quita que le pida a la DGA que le compre elementos. Pero, repito, jerárquicamente no depende una de otra”, apuntó Michlig.
En este sentido cabe recordar que el juez Ferrero ya tiene en sus manos la auditoría realizada por la subsecretaría de Logística del Ministerio Coordinador –adelantada en la edición de ayer por este diario- en la que “resulta llamativo que en la mayoría de las firmas proveedoras los apellidos sean coincidentes con la de los agentes de la Dirección General de Administración”. Y aconsejaba que “sería necesario profundizar en la verificación de presuntos lazos de parentesco como así también en la metodología de compra utilizada determinando si existe incompatibilidad y o irregularidad alguna”.
También evaluó la documentación y observó que “la mayoría de los proveedores únicamente operaban con el Estado provincial y en particular con ciertas reparticiones dependientes de la Dirección General de Administración”.
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