PERSONAL DEL ESTADO COBRABA PLANES SOCIALES

En un hecho por demás inusual, el Gobierno denunció ayer que 20 empleados del Ministerio de Trabajo percibían subsidios de desempleados y procedió a separarlos de sus cargos como paso previo a avanzar con la presentación de una denuncia ante la Justicia.

El propio presidente Néstor Kirchner fue quien dio a conocer ese hecho de corrupción durante el acto de presentación del denominado Abono Social para trenes y subterráneo, que se realizó por la tarde en la Casa Rosada (sobre lo que también se informa en Economía).

“Nos hemos encontrado con un hecho casi inédito. En el Ministerio de Trabajo tenemos 20 casos de gente que trabaja allí y aparece cobrando planes sociales. Esto marca hasta qué punto ha habido un quiebre de valores en nuestra sociedad”, dijo.

Y agregó: “El ministro de Trabajo tendrá que proceder con toda la fuerza que corresponde, aplicando la ley como corresponde”.

El titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, se encontraba presente en el acto y escuchaba con atención los dichos del Presidente.

El Ministerio de Trabajo dio a conocer los hechos luego de la alocución presidencial. Según se informó oficialmente, las irregularidades se detectaron cuando las autoridades administrativas de la cartera laboral realizaban la renovación de los contratos de su personal, que vencían el 31 de diciembre último.

Fue en ese momento cuando se descubrieron 20 personas de la nómina de contratados que percibían el plan Jefes y Jefas de Hogar. Sugestivamente, en una evidente referencia elíptica a la anterior titular de la cartera, Graciela Camaño, el comunicado resalta la localidad donde residían quienes incurrían en la grave falta.

“El 50 por ciento de los casos tiene domicilio en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires”, dice el comunicado de Trabajo.

“Picardía”

Kirchner, por su parte, resaltó las características insólitas de la situación. “En el Ministerio de Trabajo, el que maneja los planes sociales, el que supuestamente se sienta a conversar con las distintas agrupaciones, intendentes y demás para mirar los costos… allí adentro había 20 personas que cobraban sus sueldos y, al mismo tiempo, planes sociales”, se lamentó.

“La picardía de algunos que creen en esa viveza criolla nos ha llevado a situaciones tremendamente graves. Es doloroso porque es prácticamente jugar con el dolor de los que sufren, de los que han quedado marginados y excluidos del proceso institucional argentino”, reflexionó.

El fiscal Guillermo Marijuán, especializado en casos de asistencia social, ha presentado en los dos últimos años más de un centenar de denuncias por manejos irregulares en la distribución de los subsidios a desempleados y de bolsas de comida a familias de escasos recursos económicos.