PERSONAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SE OPONE A LA SANCIÓN DE LA LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
El personal del Tribunal de Cuentas de la provincia se declaró en estado de Asamblea Permanente y confirmó un paro por cuatro días, a partir de hoy.
El motivo de la medida es la inminente sanción de la Ley de Administración Financiera, Eficiencia y Control del Estado, que sería aprobada el jueves por el senado.
Los empleados aseguran que la ley es inscontitucional, ya que contradice el artículo 81 de la Constitución, que define el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, único organismo de control externo de la provincia.
Con la aprobación del proyecto del ex Ministro de Hacienda de Carlos Reutemann y actual senador justicialista, Juan Carlos Mercier, el Tribunal pasaría a depender de una comisión bicameral de la legislatura, es decir, del Poder Legislativo, a quien también debe controlar.
Además, con esta modificación, el personal vería afectada su remuneración.
Los empleados le solicitaron a los vocales del Tribunal un pronunciamiento acerca del tema, pero hasta el momento, ninguno ha opinado al respecto.
Desde el organismo aseguran que uno de ellos manifestó su rechazo a la ley y su intención de hacer pública su opinión, aunque luego prefirió el silencio.
LAS MEDIDAS DE FUERZA
El personal del Tribunal de Cuentas de la provincia decidió declarar el estado de asamblea permanente y confirmó un paro de cuatro días, a partir de este lunes.
La decisión de los empleados tiene que ver con la casi segura sanción de la Ley de Adminitración Financiera, Eficiencia y Control del Estado, que el senado aprobaría el próximo jueves, porque “avasalla la autonomía y autarquía del organismo y atentaría contra la letra y espíritu de la Constitución Provincial”.
Además, le solicitan a la provincia la “aplicación definitiva de la adecuación salarial según lo dispone la ley 6.592” e invitan a todos los empleados del Tribunal a presenciar la sesión de la Cámara Alta de la Legislatura, el próximo jueves, para manifestar su rechazo a la Ley de Administración.
Por último, le piden al Honorable Tribunal de Cuentas “un pronunciamiento público” sobre la ley antes mencionada.
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