PESCA: PIDEN QUE EL MUNICIPIO SANTAFESINO TAMBIÉN SE OCUPE DEL CONTROL

El Concejo Municipal aprobó un proyecto de los concejales radicales Jorge Henn y Leonardo Simoniello, por el cual dispone que el municipio suscriba un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia para la creación de un Puerto de Fiscalización de productos de la pesca comercial en el ámbito municipal.

Los Puertos de Fiscalización fueron desarrollados con el objetivo de contribuir al ordenamiento y control de la actividad pesquera comercial en los distintos municipios. En ellos se concentra gran parte de las tareas relacionadas con la fiscalización y control de las pesquerías.

El titular de Medio Ambiente había adelantado a El Litoral, hace más de un mes, que desde esa repartición se estaban reflotando este tipo de convenios con municipios y comunas para que “colaboren territorialmente con las tareas de control sobre las pesquerías en distintos puntos de la provincia”.

Guías
Con la implementación de este tipo de tareas, se adjunta la formalización de Guías de Transporte de Pescado. Con la sistematización de la información que debe consignarse en estas guías, que incluye datos del pescador comercial y del acopiador, número de inscripción de ambos en Medio Ambiente, lugar de origen y destino de los productos de la pesca, cantidad y peso de piezas por especie que se transportan, firma de autoridad fiscalizadora y monto de tasa abonada, se pueden diagramar bases de datos que permitan conocer el funcionamiento del sistema.

“Todo esto contribuye a un manejo racional del recurso”, destacaron sus autores.

La legislación permite además que, con la suscripción de los convenios con Medio Ambiente, municipios y comunas puedan tener a su cargo la provisión y visado de las Guías de Transporte y el control de la tenencia de licencias de pesca comercial, acopio de pescado y el tamaño de las piezas.

Números de un negocio
“Ante la depredación ictícola que se está produciendo desde hace mucho tiempo, agravada en los últimos años, se hace necesario que el municipio se involucre en forma directa en esta problemática ejerciendo el poder de policía que le otorga la legislación”, destacaron los promotores de esta iniciativa.

Esta situación tiene que ver directamente con las actividades que están desarrollando actualmente algunos frigoríficos, que exportan entre 50.000 y 80.000 toneladas anuales de sábalo a países como Bolivia, Brasil, Colombia, Nigeria y Sudáfrica.

En este sentido, existen datos y cifras oficiales obtenidos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, que indican que sólo a ese país llegan 35.000 toneladas anuales de sábalo procedentes de la Argentina.

“Este gigantesco movimiento de divisas ocurre sin un adecuado control fiscal por parte de los Estados Provincial y Nacional. Es un negocio que oscilaría entre 70 y 120 millones de dólares. Por eso el rol del Estado debe ser velar por los intereses de todos los ciudadanos y no por aquellos que tienen mayor poder económico”, justificaron los concejales.

Decomiso de aves
Según informaron miembros de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, con sede en nuestra ciudad, en la mañana del 16 de mayo, mientras patrullaban la zona céntrica, observaron que una mujer que se trasladaba en bicicleta llevaba, en la parte trasera, una jaula de considerables dimensiones en cuyo interior había una gran cantidad de aves silvestres no consideradas plagas. Al parecer, las aves que transportaba eran cardenales copete rojo, siete colores, carpinteros, negruchos, dominó, vira vira y fuegueros.

Ante esta situación, y ante la carencia de una documentación que avalara la tenencia y/o el transporte legal de los pájaros, los uniformados convocaron a autoridades de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, quienes resolvieron secuestrar las aves para posteriormente trasladarlas a la granja La Esmeralda en pos de la preservación del ecosistema.

La legislación

establece que un 70% de los montos recaudados a través de la gestión encarada por los puertos de fiscalización, ingresará a las arcas de los Municipios o Comunas correspondiente. De esta manera, la implementación de este tipo de organismos, además de descentralizar las actividades de la Secretaría de Medio Ambiente, pasaría a constituir una importante fuente de recursos para la administración municipal que lo detente.