PESCADORES SANTAFESINOS EN PIE DE GUERRA POR SU TRABAJO
Los pescadores de la provincia reclaman que el gobierno cambie en forma urgente la reglamentación de la ley 12.212 que controla y regula la actividad pesquera en todo el territorio provincial, según lo ya acordado con el sector, para evitar “un estallido social de consecuencias imprevisibles”. Así describió en grandes líneas a El Ciudadano el Secretario General del Sindicato de Pescadores de la provincia, Juan Carlos Billareal, el panorama que viven los hombres de río ante la inminente reglamentación de la ley en términos que “no satisfacen los intereses de la actividad, contribuyen a la degradación del medio ambiente y benefician a pocos que meten mano en la caja negra de la corrupción”.
“Unos quince mil pescadores, desde Villa Ocampo a Villa Constitución, se quedarán sin trabajo y las empresas que comercializan el producto cerrarán sus puertas, en perjuicio de la provincia de Santa Fe y en beneficio de las empresas y pescadores entrerrianos”, afirmó. Según el gremialista, el principal escollo que enfrentan es que la reglamentación de la ley que está a la firma del gobernador Obeid establece que el entramado de las redes de pesca debe tener una abertura mínima de 16 centímetros y las piezas a comercializar deben medir como mínimo 42 centímetros desde el nacimiento de la cola del pescado a la trompa.
“Si pescamos con nuestras redes de 13 centímetros y sacamos sábalos de 37 centímetros, que es lo que abunda, corremos el riesgo de ser interceptados en plena pesca por efectivos de Prefectura que nos decomisan las redes, las herramientas y hasta las canoas. Si tenemos la suerte de no ser descubiertos en el río, cuando el pescado es transportado al lugar de faena nos cruzamos en la ruta con los controles de la policía, que para pasar por alto la infracción nos cobran una coima de 400 a 500 pesos por camión. ¿Quién sabe adonde va ese dinero? ¿quién sabe que corruptela financia?”, denunció.
“Le hemos pedido al gobierno que la reglamentación de la nueva ley disponga que podemos utilizar redes con trama de 13 centímetros y pescar piezas de 37 centímetros de mínimo, que es la que ya desovó cuatro veces y no ponemos en peligro a la especie. Si no, se favorece a los pescadores de Entre Ríos, que no tienen limitaciones de redes ni de tamaño de las piezas capturadas, vienen a pescar sin ningún control a aguas santafesinas y se llevan el producto a su provincia, sin pagar aquí ningún tipo de impuestos ni tasas. Se están llevando nuestra riqueza”, agregó.
Billareal aseguró que “aquí no termina la cosa. La nueva ley establece cupos de hasta ocho mil kilos por año a cada empresas que faena y comercializa. Si tenemos en cuenta que en Santa Fe existen sólo siete u ocho empresas grandes y somos quince mil pescadores, estaríamos en condiciones legales de vender apenas tres kilos de pescado por año cada uno. No sabemos en qué están pensando”.
“Están tratando de destruir la pesca artesanal. Los pescadores tienen miedo de salir a trabajar, no mandan a sus hijos a la escuela. No tienen para comprarles zapatillas. Tenemos compañeros procesados por la justicia, nos secuestran las redes, las herramientas y las canoas. No sabemos a dónde quieren llegar”, se lamenta. Billarreal destaca que se han entrevistado con la vicegobernadora María Eugenia Bielsa, “quien se mostró interesada en resolver el problema”, y con el secretario de Medio Ambiente, Marcelo Terenzio, “que tiene buenas intenciones pero está atrapado por técnicos de segunda línea que no entienden nada.
Esperamos soluciones a corto plazo. Caso contrario, vamos hacia un estallido social de consecuencias imprevisibles. Vamos a prender fuego a todo”.
“En la isla, la escopeta es como una tercera mano y ahora nos las quieren quitar”
Juan Carlos Billareal es un típico habitante del río. Hombre de Puerto Gaboto, su rostro de piel mate y cabello negro coincide con sus manos grandes, de apretón fuerte, y su alta estatura. Curtido por mil soles y todos los fríos, habla lentamente, como saboreando cada sílaba. Sus labios se doblan casi en una sonrisa con cada anécdota, al terminar cada comentario.
Como cuando habla de las escopetas: “El pescador nace con una escopeta. Casi siempre esa escopeta le perteneció a su abuelo, la heredó el hijo, que se la dejó al nieto. En la isla, la escopeta es como una tercera mano. Se usa para matar un carpincho o una víbora, lo mismo da. Resulta que ahora nos quieren sacar las escopetas. Tendrán miedo que un día nos agarremos a tiros con los pescadores de Entre Ríos en el medio del río. Tendrán miedo que un día, cansados de su prepotencia, nos agarremos a tiros con los de la Prefectura. No lo sé”, dice.
“Cada vez que revisan una embarcación, si encuentran una escopeta te la secuestran. Para recuperarla, tenés que ir al Renar, en Coronda, y pagar 120 pesos por la matrícula y 35 pesos más para rendir el examen de manejo de armas de fuego. Cómo le van a querer cobrar 155 pesos a un pescador para tener su escopeta, si es suya, la heredó de su padre, de su abuelo. Cómo le van a hacer un examen a un pescador para ver como maneja su escopeta”, suspira el hombre de río con esa media sonrisa.
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