PIDEN 16 DETENCIONES EN UNA MEGACAUSA

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso ayer la detención de 16 militares retirados, ex agentes civiles de inteligencia y ex miembros del Servicio Penitenciario por su presunta responsabilidad en violaciones de los derechos humanos durante el último gobierno militar.

La causa del Primer Cuerpo de Ejército, caratulada “Suárez Mason”, es una de las dos megacausas que abrió la Cámara Federal luego de que el Congreso anuló las leyes de punto final y de obediencia debida.

Luego de que el Congreso dejó sin efecto las leyes 23.492 y 23.521, que en junio de 1987 llevaron las actuaciones penales al archivo, la Cámara Federal decidió reabrir dos sumarios: la causa de Suárez Mason y el expediente de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Este último sumario quedó en manos del juez federal Sergio Torres, que la semana última también dispuso la detención de varios ex oficiales, entre ellos, Alfredo Astiz.

Este controvertido ex marino tiene un pedido de extradición que fue requerido por Francia por la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y, asimismo, la Corte Suprema estudia un recurso ordinario para que el tribunal se expida sobre la extradición del ex marino.

En tanto, en la causa del Primer Cuerpo de Ejército (Suárez Mason), a cargo del juez Canicoba Corral, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron la detención de treinta y ocho ex oficiales y suboficiales.

Los imputados

Entre esos imputados figuran los 16 hombres cuya detención ordenó ayer Canicoba Corral.

Las órdenes fueron libradas contra ocho militares retirados, cinco policías, dos civiles y un ex oficial del Servicio Penitenciario.

Entre los ex hombres de armas que ordenó detener el magistrado también figuran algunos que ya se encuentran detenidos por otras causas, como Julio “El Turco” Simón y Juan Antonio “Colores” Del Cerro, quienes al mismo tiempo impulsan recursos en trámite ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema para que sean declaradas válidas las leyes de obediencia debida y de punto final.

El listado también incluye a los coroneles Pedro Durán Sáenz, Leopoldo Roberto Roualdes y Alberto Barda; los brigadieres César Comes e Hipólito Mariani, y los generales de brigada Héctor Gamen y Otto Carlos Paladino, así como el teniente coronel Guillermo Minicucci. El magistrado también dispuso la detención de los ex agentes Eduardo Ruffo, de inteligencia, y José Néstor Maidana, del Servicio Penitenciario Federal.

Asimismo, volvió a disponer la orden de captura de Augusto Rolón, Pedro Godoy, Eduardo Angel Cruz y Eduardo Forese, quienes ya figuran como prófugos de la Justicia desde antes del dictado de las leyes de amnistía.

El juez también ordenó que se publicaran edictos para que los interesados pudieran presentarse ante el tribunal como querellantes, además de los que ya están presentados en el expediente.

Las primeras detenciones se produjeron el viernes último, cuando quedaron arrestados cuatro ex oficiales retirados de la policía de La Pampa, acusados de aplicación de torturas.

Se trata del comisario general Roberto Fiorucci, el comisario Mayor Carlos Reinhardt, el comisario inspector Athos Reta y el subcomisario Néstor Cenizo, quienes, tras ser notificados en la secretaría de Marcelo Sonvico, fueron trasladados y alojados en dependencias de Gendarmería Nacional en Campo de Mayo.

Prisión preventiva

Fiorucci, Reinhardt, Athos y Reta volvieron a la situación previa a la entrada en vigor de las normas exculpatorias: prisión preventiva rigurosa, según se les había aplicado en virtud de lo que dispone el Código de Justicia Militar.

Otro de los imputados, Durán Sáenz, estaría acusado por la la muerte de la ciudadana alemana Elisabeth KŠesmann y es reclamado por la justicia de Italia a raíz de las desapariciones de ciudadanos italianos.

Las órdenes que ayer fueron libradas contra ocho militares, cinco policías, dos civiles y un ex oficial del Servicio Penitenciario se habían pedido en septiembre último por parte del fiscal federal Eduardo Freiler.

Todas estas causas están pendientes de la definición de la Justicia sobre un punto central: si las leyes de obediencia debida y punto final son constitucionales o inválidas.

La Corte tenía a estudio un expediente, el caso Del Cerro, pero el martes último el tribunal decidió remitirlo a la Cámara de Casación para que se expidiera sobre ese punto.

Asimismo, es previsible que los imputados planteen otro asunto: la inconstitucionalidad de la ley del Congreso que, en septiembre último, anuló las normas exculpatorias. Hasta ahora, el alto tribunal no pudo lograr mayoría para resolver el planteo. La decisión, en buena medida, puede depender de la incorporación de Eugenio Zaffaroni en el tribunal.

Las dos megacausas

Cámara Federal

Decisión. Hace un mes, luego de que el Congreso nacional anuló las leyes de amnistía, la Cámara Federal porteña ordenó reabrir las causas Suárez Mason (foto) y de la Escuela de Mecánica de la Armad (ESMA).

Astiz

Alfredo Astiz. El ex marino, que integraba un grupo de tareas de la ESMA, fue detenido el 16 de septiembre, cuando el juez Sergio Torres ordenó su arresto y el de otros quince oficiales. Francia pide su extradición.

Canicoba Corral

Por sorteo, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral se hizo cargo de la otra megacausa denominada “Suárez Mason”, correspondiente al I Cuerpo de Ejército. El juez accedió a la detención de muchos de los oficiales imputados por los fiscales federales Freiler y Delgado.

Todas estas causas, sin embargo, están pendientes de una definición: que la Corte y la Cámára de Casación se expidan sobre la constitucionalidad de las leyes de amnistía.