PIDEN 18 AÑOS PARA DOS POLICÍAS POR EFECTUAR LOS TIROS MORTALES EN RAMALLO

“Todos los que tuvieron a la vista el VW Polo sabían que adentro había personas, y de ninguna manera podían ignorar que al abrir fuego las vidas de esa gente corría peligro”. Este fue uno de los argumentos que usó ayer el fiscal del juicio por la masacre de Villa Ramallo, Eric Warr, para acusar de homicidio e intento de homicidio a siete policías que acribillaron un vehículo con seis personas a bordo en medio de una crisis con rehenes. Warr pidió penas de 18 años de prisión para los dos ex suboficiales de la policía bonaerense a los que endilgó el asesinato del gerente y el contador del Banco Nación de esa localidad cuando iban como escudos de una banda de asaltantes. “No cumplieron con su obligación de preservar la vida”, alegó ante el tribunal que debe dictar sentencia.

El Polo del que habló Warr pertenecía al gerente del banco, Carlos Chaves. Es el vehículo en el que los delincuentes Javier Hernández, Cristian Saldaña y Carlos Martínez intentaban huir tras fracasar en el intento de robar el banco. La frustrada fuga ocurrió luego de 20 horas de copamiento de la entidad, lapso durante el cual el trío mantuvo como rehenes al propio Chaves, a su esposa, Flora Lacave, y el contador del banco, Carlos Santillán.

El vehículo recibió una lluvia de balas ni bien salió del edificio del banco. Hernández, Chaves y Santillán murieron alcanzados por los proyectiles y Lacave quedó gravemente herida. Martínez y Saldaña salieron milagrosamente ilesos, aunque el último apareció ahorcado unas horas después en el calabozo de una comisaría de San Nicolás.

Los hechos ocurrieron el 16 y 17 de septiembre de 1999. Martínez y otros integrantes de la banda de ladrones ya fueron juzgados hace dos años y ahora es el turno de los policías acusados de intervenir en el cruento desenlace.

En la audiencia de ayer el fiscal Warr pidió a los jueces Santiago Harte, Laura Cosidoy y Otmar Paulucci 18 años de prisión para el ex suboficial del Comando de Patrullas de San Nicolás, Oscar Parodi, y para el ex sargento del Grupo Especial de Operaciones (GEO) Zárate-Campana, Ramón Leyva, ambos de la policía bonaerense. A Parodi lo acusó por el homicidio del gerente Carlos Chaves, y a Leyva por el asesinato del contador Carlos Santillán.

También pidió penas que van desde los 10 hasta los 16 años para otros cinco implicados en la masacre, a los que acusó de intento de homicidio:

u Para ex cabo Carlos Aravena, del GEO Zárate-Campana, 16 años. “Aunque la herida no fue mortal, un disparo suyo pegó en el cuerpo de Santillán”, argumentó Warr.

u Para el agente Ramón Sánchez (GEO Zárate-Campana, 14 años. “Cuatro proyectiles de su ametralladora Uzi 9 milímetros fueron recuperados en el auto donde estaban las víctimas”, dijo.

u Para los agentes Martín San Miguel y Sergio Suspirreguy, del grupo Halcón de la policía bonaerense, 12 años. “Tres de los disparos que recibió el vehículo fueron efectuados desde la posición donde estaban. Son de fusiles calibre 5.56 como los que ellos manipulaban. Además, ambos admitieron haber abierto fuego a las cubiertas del auto”, justificó.

u Para el agente Sergio Garea, del Cuerpo de Infantería de San Nicolás, 10 años. “En la calle y en otro vehículo había proyectiles de un FAL calibre 7.62 como el que él usó aquel día, y su trayectoria es compatible con su posición cuando sucedieron los hechos”, sostuvo.

Además el fiscal pidió dos años de prisión en suspenso para el comisario Rubén Omar Isaías por haber permitido que se alterara la escena de los hechos tras la balacera. “Era el responsable de preservar las pruebas y no cumplió con esa obligación”, dijo el fiscal en su alegato.

Las penas solicitadas al tribunal por el fiscal son inferiores a las que pidieron los familiares de Chaves y Santillán. Los abogados de las viudas y los hijos de ambos quieren que Parodi y Leyva sean sentenciados a 20 años (ver aparte).

La acusación de Warr se basa esencialmente en las pericias. Dos de ellas son las autopsias realizadas a los cadáveres de Chaves y Santillán por los médicos forenses. De los cuerpos se rescataron proyectiles que luego sirvieron para identificar a través de una pericia balística realizada por la policía científica de la Gendarmería Nacional y por expertos de Prefectura Naval y la Policía Federal con qué armas fueron disparados. Por último, cuando se supo quiénes portaban esas armas, el círculo se cerró sobre Parodi y Leyva.

Warr argumentó además que todos los policías acusados violaron una norma que los obliga a preservar la vida por sobre las cosas. Según el fiscal, lo hicieron al abrir fuego contra un vehículo en el que sabían que había personas, “no importa si eran rehenes o delincuentes”. Y esta idea incluye tanto a quienes hicieron blanco en las víctimas (Parodi y Leyva) como a quienes fallaron.

Al final de la audiencia el fiscal se cruzó con Jorge y Hugo Lima, los abogados de Parodi, en los pasillos del tribunal federal. “Estuvo durísimo, doctor”, comentaron entre risas. La respuesta de Warr no se hizo esperar. “Hice lo que debía. Me parece que mis pedidos eran previsibles”. Luego se saludaron y prometieron reencontrarse hoy para la ronda de alegatos de las defensas.