Piden 295 indagatorias por la causa ESMA

El fiscal federal Eduardo Raúl Taiano requirió hoy 295 indagatorias a personas involucradas en la última dictadura que habrían actuado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El requerimiento hecho por el Ministerio Público al juez federal Sergio Torres incluyó a 256 marinos, 17 policías federales, 11 militares, seis prefectos, y cinco guardiacárceles, que están imputados en la denominada "megacausa ESMA". Taiano explicó a LA NACION LINE que entre las medidas de pruebas que pidió hay llamados a indagatorias. "Ante ese pedido se los tiene que detener por tratarse de delitos de lesa humanidad", aclaró el fiscal. Agregó, además, que hizo los pedidos sobre la base de "los informes de la Conadep y de las querellas". El fiscal les imputa supuestos secuestros y desapariciones contra 614 personas que pasaron o fueron vistas en la ESMA. Sin nombre. Entre los 295 uniformados hay algunos de los que se ignoran sus nombres y apellidos, por lo que solamente están identificados mediante el apodo con eran recordados por los sobrevivientes de la ESMA, y se calcula que la mayoría de ellos ya están en situación de retiro. El derrotero de la investigación. La medida impulsada por el fiscal Taiano se produjo en el marco de la denominada "megacausa ESMA", que había empezado a tramitar apenas finalizado en 1985 el Juicio a las Juntas Militares pero luego quedó paralizada por la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida. Como en 2003 la Corte Suprema de Justicia terminó convalidando la anulación de ambas leyes de amnistía, la Cámara Federal dio nuevo impulso a la investigación sobre las torturas, robo de bienes, apropiación de niños, secuestros y desapariciones forzosas, de los que se acusa a los ex militares que actuaron en la ESMA. Detenciones. En la nueva etapa de dicho expediente, el juez Torres ya ordenó las detenciones, entre otros, de los marinos Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Adolfo Donda Tiguel, Manuel García Tallada, Oscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Raúl Enrique Scheller, y los prefectos Juan Azic y Héctor Febres. A la vez el magistrado trabó un embargo de 38 millones de pesos sobre los bienes de Astiz, y dispuso cifras similares para el resto de los imputados.