PIDEN 340 MILLONES PARA LA JUSTICIA SANTAFESINA

La Corte Suprema de Justicia de la provincia elaboró, para el año 2006, un proyecto de presupuesto que asciende a los 340 millones de pesos. Esto significa un aumento cercano al 50 % con respecto a los 230 que se prevé gastar al término del corriente año y está destinado, según consignó Rafael Gutiérrez, a atender el funcionamiento de juzgados nuevos y a encarar obras edilicias. Entre ellas, el proyecto de ampliación para la sede en esta capital.

En cualquier caso, la suma prevista para insumos, infraestructura e incluso el programa de informatización, está en el orden de los 28 millones de pesos. El grueso de los 110 millones de incremento solicitados -72 millones- está destinado a la creación de cargos.

El proyecto de presupuesto fue aprobado el miércoles, en la reunión semanal de acuerdo y responde, como en todos los casos, a lo que los ministros consideran “lo ideal”, suficiente para cubrir todas las necesidades del servicio. Las razones fueron expuestas ayer por Gutiérrez en Rosario, al acompañar a Ricardo Lorenzetti en la disertación que el ministro de la Corte nacional brindó en la sede de tribunales.

“Estamos previendo no sólo cubrir las designaciones actuales, sino otras necesidades que venimos reiterando año a año, para brindar el servicio que todo el mundo reclama”, sostuvo el magistrado. La idea es implementar, en lo que resta de este año y el próximo, gradualmente, los juzgados creados durante el último período de la gestión de gobierno de Carlos Reutemann. Esto supone la creación de 240 nuevos cargos, para responder a una previsión que ya cuenta con sanción legislativa, pero todavía no tiene contemplación presupuestaria.

740 CARGOS

De todos modos, la cantidad de cargos nuevos que la Corte está solicitando -y que absorben el grueso del ensanchamiento presupuestario calculado- es de 740, ya que, según la estimación del organismo, aún restaría crear otros 500 cargos para prestar el servicio en las mejores condiciones.

“De esta manera mejorará la Justicia, ya que en algunos sectores tenemos problemas de funcionamiento por el aumento cualitativo y cuantitativo de las causas. Lo mismo -como señaló Lorenzetti-, sucede en el ámbito nacional y por eso la Corte ha reclamado hace poco mayor presupuesto. Se trata de un problema de oferta y demanda: si la demanda aumenta y la infraestructura no, la respuesta no es positiva”, argumentó Gutiérrez. Y agregó, anticipándose a alguna crítica, que en los Tribunales “se trabaja mañana y tarde” y que, por imperio de la Ley Orgánica, los integrantes del Poder Judicial están a disposición de los ciudadanos “las 24 horas” del día.

También se mostró esperanzado en que la solicitud del cuerpo tenga eco en la Legislatura y en el Poder Ejecutivo, dado que cuenta con el aval del Colegio de Magistrados, del sindicato judicial y de los cinco colegios de abogados de Santa Fe. Precisamente, con dirigentes de estas entidades se reunirán representantes de la Corte la semana próxima, con el fin de hacerles conocer la propuesta y el detalle de los gastos e inversiones proyectados para el próximo ejercicio.

¿HACIA LA ORALIDAD?

El magistrado se adelantó también a la eventual incorporación de la oralidad a los procedimientos judiciales, materia en la que Santa Fe se encuentra en mora con respecto a las demás provincias. Aclaró que el costo de este sistema es mucho mayor y que también se debería pensar en adecuaciones edilicias, por lo cual no tiene sentido avanzar al respecto sin las previsiones presupuestarias correspondientes.

En cualquier caso, aseguró que el mayor presupuesto que se solicita para el año entrante repercutirá en la manera en que se desarrollan los procedimientos, ya que se crearán nuevas fiscalías (actualmente sólo hay 35 fiscales en todo el territorio provincial) y más infraestructura, lo que ayudará en la transición hacia el hipotético esquema de oralidad.

EL DATO

El grueso del aumento presupuestario solicitado por la Corte -unos 72 millones sobre 110- está destinado a la creación de 740 nuevos cargos en el Poder Judicial. 240 de ellos surgen de leyes ya aprobadas, pero aún no están contemplados en las partidas respectivas. Los otros 500 son los que, según el Tribunal, deberían ser creados para cubrir todas las necesidades del servicio.