PIDEN ABRIR, EN ROSARIO, UNA CAUSA EMBLEMÁTICA DE LA REPRESIÓN ILEGAL

La Secretaría de Derechos Humanos provincial realizará hoy una conferencia de prensa en la que una de las fundadoras de las Madres de Plaza 25 de Mayo, Esperanza Labrador, dará a conocer su decisión de esparcir las cenizas de sus seres queridos víctimas del terrorismo de Estado durante la habitual ronda de las Madres los jueves. Además del acto vinculado al duelo familiar, se anunciará la determinación de pedir –también mañana– la reapertura de la causa por los asesinatos de Víctor Labrador, Palmiro Labrador y Edith Koatz a manos de la patota de Feced, y la desaparición de Miguel Ángel Labrador. De esa manera Esperanza, esposa de Víctor, madre de Palmiro y Miguel Ángel y suegra de Edith, buscará constituirse junto a su única hija viva, Manuela, en querellante ante el juzgado federal de Carlos Vera Barros.

Hasta ahora ambas persiguieron justicia en su tierra natal, España, a través de las causas iniciadas por el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. La declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad por parte de la Corte Suprema de Justicia argentina –que ratifica la decisión de tribunales inferiores– les permite reclamar la investigación de la masacre familiar en el lugar donde se cometieron los delitos.

Los anuncios que se darán a conocer hoy a las 10.30 en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos, Moreno 248, persiguen un mismo objetivo pero van en dirección contraria: el acto público de esparcir las cenizas de los cuerpos de Víctor y Palmiro Labrador y Edith Koatz (compañera del último) durante la ronda de las Madres en la plaza 25 de Mayo, procura cerrar un capítulo relacionado con el duelo de los Labrador, que debieron por imperio de circunstancias no queridas –eran perseguidos por la dictadura– enterrar a sus familiares en condiciones casi clandestinas y escapar a Madrid. En tanto, el pedido de reapertura de la causa para investigar los tres crímenes y la desaparición de Miguel Ángel Labrador, abre el camino judicial clausurado a mediado de los 80 por las leyes de punto final y obediencia debida.

El “caso Labrador” constituye un emblema de la saña genocida que los militares represores desataron en la jurisdicción del II Cuerpo del Ejército contra la sociedad civil en la segunda mitad de los 70. El derrotero de la familia llegada de España a mediados de los 50 escapando de los efectos de la posguerra se inició el 10 de setiembre de 1976 cuando perdió contacto con uno de sus hijos, Miguel Ángel, un militante de la Juventud Peronista que realizaba cobranzas y levantaba pedidos en Entre Ríos para la pequeña industria familiar dedicada al calzado.

Sin noticias de Miguel Ángel, su padre Víctor y su madre Esperanza comienzan la búsqueda de datos para saber de su suerte. Dos meses después, cuando ya habían golpeados las puertas del Ministerio del Interior –que albergaba a los verdugos– y de la Iglesia católica santafesina sin obtener respuesta a su demanda, empiezan a entender la lógica de los terroristas que habían asaltado el Estado. El 10 de noviembre un grupo de tareas encabezado por quien después identificarían como el policía José El Ciego Lofiego irrumpió en la vivienda de Víctor y Esperanza gritando que ya habían asesinado a Palmiro y su compañera Edith, la única vez que los verdugos les dijeron la verdad.

Es que un rato antes, la patota que dirigía el jefe de Policía de la ciudad, el ex comandante de Gendarmería Agustín Feced, había ingresado al domicilio de Amenábar al 1200 donde Palmiro Labrador, también militante de la JP, residía con su compañera. Allí fueron torturados y asesinados. Más tarde fueron por Víctor y Esperanza. Les dieron una tunda que la mujer todavía recuerda, pero los dejaron con vida. Víctor quiso comprobar si lo que la banda armada decía era cierto y se trasladó hasta la vivienda de su hijo, donde la patota no le dio una segunda oportunidad.

Casi 30 años después Esperanza y Manuela Labrador cerrarán una parte de esa historia esparciendo las cenizas de los cuerpos cremados de sus seres queridos en la plaza 25 de Mayo, donde Esperanza comenzó su lucha tres décadas antes. Luego se trasladarán hasta los Tribunales federales para pedir la investigación judicial de aquella masacre y buscar dilucidar la suerte de Miguel Ángel, que aún permanece desaparecido.