PIDEN AUDITAR LOS BALANCES DE SULFACID, DECLARADA EN CRISIS

El nuevo conflicto laboral suscitado entre la empresa Sulfacid y sus trabajadores tras el despido de 165 empleados motivó que el diputado provincial del ARI, Aldo Strada, presentara sendos pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre dos cuestiones centrales del conflicto: cuál es la rentabilidad real de la firma productora de lingotes de cinc y ácido sulfúrico –atento a que la empresa argumenta que las cesantías obedecen a su imposibilidad financiera de hacer frente a un aumento salarial otorgado en paritarias–, y quién y para qué envió a personal uniformado a custodiar el ingreso de la planta de la compañía, ubicada en Fray Luis Beltrán.

La semana pasada Sulfacid anunció que despedirá a 165 empleados y envió telegramas a unos 40 de ellos como para dar fe de su voluntad. La empresa fundó su decisión en la incapacidad financiera que presuntamente atraviesa para hacer frente a una recomposición salarial acordada en paritarias entre la cámara empresaria del sector petroquímico y la federación de trabajadores del rubro, que fue homologada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Es decir, es oficial.
Para eso Sulfacid inició ante la cartera laboral de la Nación la apertura de un procedimiento de crisis de empresa, para lo cual presentó sus balances como respaldo de su presentación. Por eso, el diputado Strada solicitó al Ejecutivo que “evalúe la posibilidad de iniciar una auditoría de costos de la empresa a fin de determinar la verosimilitud de las utilidades declaradas en sus balances; la remisión de las actuaciones que tuviere respecto de la conducta de la empresa y el envío de un informe de las causas administrativas o judiciales en las que se encuentre involucrada”.

Según el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Químicos y Petroquímicos, Daniel Santillán, los números esgrimidos por Sulfacid ante el Ministerio de Trabajo no reflejan la realidad financiera de la empresa. La firma, según el dirigente gremial, “está exportando el cinc a 1.350 dólares la tonelada y produce 125 toneladas por día”, mientras que “exporta también el ácido sulfúrico a 105 dólares la tonelada y produce un promedio de 180” diarias.

El gerente general de Sulfacid, José Luis Fusi, le aseguró a El Ciudadano que “cuando la empresa se enteró (del acuerdo paritario que establece el aumento salarial) objetó el convenio firmado y, paralelamente, inició el procedimiento de crisis”. El ejecutivo añadió que el acuerdo de recomposición salarial “excede las posibilidades de la empresa” y, por lo tanto, los despidos de más de un centenar y medio de empleados constituyen “la única alternativa” para hacerle frente.

El diputado Strada, que proviene de las filas de la combativa Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución, desea confrontar los dichos de los directivos de la empresa respecto de su presunta vulnerabilidad financiera con los registros oficiales que dan cuenta de su evolución económica. Para eso, en su proyecto solicita al Poder Ejecutivo se pida “al Ministerio de Trabajo de la Nación que evalúe la posibilidad de iniciar una auditoría de costos de la empresa, a fin de determinar la verosimilitud de las utilidades declaradas en sus balances, esencialmente las correspondientes el ejercicio fiscal cerrado el 30/9/2004 y al ejercicio en curso”. Al mismo tiempo el legislador encomienda a la Secretaría de Defensa de la Competencia que “remita las actuaciones que tuviere respecto de la conducta de la empresa citada”, y pide a la Administración Federal de Ingresos Públicos que informe “las causas administrativas o judiciales en las que se encuentre involucrada la empresa”.

También requiere el diputado provincial del ARI “solicitar a la Administración Provincial de Impuestos respecto de las verificaciones en curso o finalizadas –por los años no prescriptos– por los impuestos, tasas, contribuciones y otros gravámenes de lo cuales la empresa sea responsable”, y “solicitar a la Secretaría de Trabajo de la provincia de Santa Fe se remitan las actuaciones en curso o finalizadas en los cuatro últimos años en la que se encuentre involucrada la empresa”.

A mediados de la semana pasada, el Ministerio de Trabajo de la Nación tomó cartas en el asunto cuando dictó la conciliación obligatoria para reunir a las partes en conflicto en un mesa de diálogo destinada a destrabar la tensa situación que se vive en el cordón industrial del Gran Rosario, cuyas empresas en líneas generales gozan de los beneficios generados para los exportadores por la devaluación de la moneda.

Interrogantes sobre la actitud de la policía

El segundo eje de los pedidos de informes presentados por el diputado Aldo Strada ante la Cámara baja provincial hace hincapié en la decisión gubernamental de poblar de policías el ingreso a la planta de Sulfacid en Fray Luis Beltrán, tal como había ocurrido en un conflicto anterior también generado por despido de personal. Y pregunta, entre otras cosas, acerca de una persona de civil que filmó una asamblea realizada en la puerta de la fábrica.

Strada pide en su proyecto de comunicación que el Poder Ejecutivo explique el “motivo de la presencia del personal policial en el ingreso de la empresa Sulfacid a partir del sábado 17 de setiembre” y pregunta: “¿Quién ordenó la concurrencia de los agentes policiales tanto dentro como fuera de la empresa?; ¿cuántos móviles y personal policial se dispusieron para el operativo?”, y “¿por qué a partir de la mañana del sábado 17 de setiembre se estacionaron dos camiones de los bomberos zapadores sobre la banquina y frente al ingreso de la planta?”.

El legislador también requiere información de la Casa Gris, cuyo Ministerio de Gobierno conduce la policía provincial, acerca de “bajo qué modalidad los efectivos cumplieron con el operativo (si mediante el cobro de adicionales o dentro de su jornada laboral como método de prevención del delito); si la empresa abonó algún tipo de prestación dineraria a cambio del servicio”, y pregunta: “¿Por qué el comisario Paquet, a cargo del operativo, impidió el ingreso del legislador Aldo Strada, quien intentaba verificar la cantidad de efectivos y móviles policiales dentro del predio de la empresa”. A la vez el proyecto solicita informes sobre quién era “la persona de civil que filmaba los hechos que acontecían en el ingreso de la empresa, cuya identificación le fuera negada al legislador Strada”.