PIDEN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA EL ABORTO DE UNA NIÑA

En la comisaría 19ª un hombre de 51 años fue denunciado por abusar de su hijastra de 13, que padece un retraso mental y está embarazada, rezaba la crónica policial a fines del mes pasado. Anteayer la mamá de la nena pidió formalmente a la Municipalidad de Rosario autorización para la realización de un aborto y 24 horas después la comuna llevó el caso a la justicia civil. Ahora es la magistrada de Familia en turno durante la feria, Ana María Carrera, quien debe decidir si acepta el pedido de la madre formulado judicialmente a través de la Municipalidad0.

La solicitud es urgente pues la niña está encinta de 17 semanas, es decir que su embarazo lleva algo más de cuatro meses. La mamá ya había adelantado por medios periodísticos su voluntad de interrumpir el embarazo de la chiquita, “que nació con parálisis mental y desde los ocho meses es paciente de efectores municipales”, contó una fuente del caso que prefirió mantener su nombre en reserva.

Lo primero que hizo el representante legal de la comuna fue concurrir a la secretaría civil del juzgado de Menores a cargo de Juan Leandro Artigas, pero el escrito terminó en el tribunal colegiado de Familia en feria. “No se trata de una niña abandonada, por lo tanto no es competencia del juez de Menores”, deslizó una fuente judicial, subrayando que la nueva ley de infancia ya no contempla el tradicional sistema de patronato hasta hace pocos meses vigente.

Problemas de familia

El trámite finalmente se inició en el despacho de la jueza Carrera, que prometió estudiar el asunto. En ese sentido, la semana próxima será clave. El abogado de la Municipalidad solicitó que en primer término se cite a la madre de la víctima y se tomen todas las medidas pertinentes para acreditar si corresponde o no la práctica médica y para subsanar la ausencia del padre biológico. Este señor reside en la provincia de Chaco y se necesitaría su consentimiento en función de la patria potestad compartida, con la madre de la niña. Ambos son de condición muy humilde.

Como el papá no está presente en la ciudad y la doctrina afirma que los médicos deben ser autorizados antes de realizar la operación, “la comuna decidió recurrir a la justicia para salvar las deficiencias legales”, contó otro vocero del expediente radicado ayer en los Tribunales rosarinos.

El inciso 2º del artículo 86 del Código Penal afirma que “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

Se trata de una de las pocas excepciones previstas por la ley argentina, ya que la interrupción del embarazo en el país está penada con una sanción mínima de un año de prisión y máxima de 15 (si la mujer fallece como consecuencia de la intervención). El quid de la cuestión aquí es determinar si la violación existió. Pero hasta el dictado de la sentencia definitiva podrían pasar años. Para colmo, por ahora la situación procesal del sospechoso no está resuelta. Fue detenido el 23 de diciembre por personal de la comisaría 19ª, tras ser denunciado por sus hijas mayores, de 26 y 23 años.

Estas chicas, a su vez, habían sido alertadas por la madre de la víctima, que descubrió el abuso recién cuando quedó comprobada la gravidez de la nena (en un dispensario de zona oeste). Así lo aseguraron fuentes policiales en su momento.

Los mismos voceros relataron que la mamá tiene 35 años y tres hijos de su primer matrimonio, dos nenas de 13 y 12 y un chico de 10 años. La mujer convivió con el supuesto agresor durante cinco años y con él tuvo un bebé hace siete meses.

El Centro de Atención a las Víctimas de Delitos Sexuales de la UR II comprobó que no sólo la chiquita mayor había sido abusada, sino también la de 12 años. Aunque según confiaron investigadores policiales la última no está embarazada.

A todo esto, el imputado se encuentra a disposición de la jueza de instrucción Mónica Lamperti, que desde el 31 de diciembre entró en receso por la feria de verano (que suspende los plazos procesales hasta el 31 de enero). Mientras tanto, el tiempo y el dilema apremian.

Qué hacer ante un caso de violencia sexual

En la mayoría de los casos de abuso sexual infantil los agresores son personas cercanas a la víctima, incluidos sus propios familiares. De allí lo dificultoso de su prevención y detección. A continuación, una lista de entidades gubernamentales y no gubernamentales a las que se puede recurrir para consultar o denunciar episodios de violencia sexual, un flagelo que atraviesa todas las clases sociales y ante el cual la peor respuesta es el silencio.

n Centro de Asistencia a la Víctima de Delitos Sexuales de la Unidad Regional II: Italia al 2153 (en los altos de la comisaría 5ª). Teléfono: 4728523 Tribunales Provinciales. Balcarce y avenida Pellegrini. Teléfono: 4721700/01. Se puede radicar en cualquier momento una denuncia en la fiscalía o en el juzgado penal en turno.

n Teléfono Verde (violencia familiar) de la Municipalidad: 0800 444020 y 4802446. Área de la Mujer, Subsecretaría de Acción Social. Santa Fe 638
n Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Moreno 248. Teléfono: 4721466/67. Centro de Atención de Denuncias (CAD): 0800 555 3348. Casa de la Mujer (ONG) Teléfono: 4302341.