PIDEN EL DESAFUERO DE NINA JUÁREZ, ACUSADA DE DEFRAUDAR A LA ANSES

La fiscal federal Cecilia Indiana Garzón pidió ayer el desafuero de la gobernadora de la provincia, Mercedes “Nina” de Juárez por una supuesta defraudación al Estado nacional.

Garzón no hizo lugar al pedido del abogado de Nina, José Antonio Azar, que pretendía el sobreseimiento en la causa en la que está imputada la gobernadora por una defraudación de 505.717 pesos, por el cobro doble de jubilación y sueldo de activa.

La fiscal consideró en su resolución que es válido llevar adelante la indagatoria pedida por el juez a la gobernadora y también el pedir su desafuero si Nina no aceptara presentarse a declarar.

Ahora, el juez federal Angel Toledo deberá evaluar si hace lugar o no al pedido, aunque trascendió que sí aceptaría la sugerencia de la fiscal, tal cual lo ha venido haciendo con las medidas procesales referidas a esta causa y a otras en las que está involucrada la gobernadora.

En tanto, ayer Nina sumó otro golpe que agrava más la situación institucional: el ex diputado provincial y ex jefe de la poderosa Juventud Peronista, Carlos Anauate, reveló que se votaron leyes para favorecer al principal grupo económico de Santiago, dijo que hubo “negociados” y reclamó la “intervención federal a la provincia para sanearla”.

Anauate volvió a revelar secretos del poder: apuntó al empresario más importante de la provincia, Néstor Ick y a su hijo Gustavo. “Desde 1995 (Carlos) Juárez cambió mucho por la sociedad que hizo con el poder económico. Hubo negociados y se votaron leyes que favorecieron a los Ick. La venta de EDESE (la empresa de energía) fue una grosería”, señaló el ex legislador al canal de cable Cable Express.

Los Ick son los empresarios más fuertes de la provincia. Néstor y su hijo Gustavo tienen participación accionaria en la mayoría de las empresas que eran del Estado privatizadas desde 1995, cuando asumió Juárez.

En tanto, desde Buenos Aires, el Gobierno puso más presión sobre Nina: la Secretaría de Derechos Humanos va a impulsar una investigación sobre la muerte del obispo Gerardo Sueldo, ocurrida en 1998 en un accidente de tránsito cuando regresaba de Tucumán. Los familiares sospechan que se trató de un atentado. Sueldo era un fuerte crítico del régimen juarista.