PIDEN EL TRASLADO URGENTE DE UN JOVEN QUE AFIRMA HABER SIDO VIOLADO

Los familiares del joven preso que afirma haber sido violado en la cárcel de Coronda gestionaban ayer contrarreloj el traslado del chico, de 19 años y procesado por robo, a una cárcel o comisaría de Rosario, sobre todo luego de que antenoche sufriera quemaduras, según denunciaron.

Las autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Subsecretaría de Justicia se comprometieron a garantizar su integridad física tras una reunión mantenida con los padres y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en tanto el abogado defensor aguarda la resolución de un hábeas corpus correctivo interpuesto ante el juez de la causa, el magistrado de instrucción Adolfo Prunotto Laborde.

Este funcionario es el único que tiene la facultad de decidir sobre el lugar de alojamiento del muchacho, detenido el 22 de enero en la subcomisaría 21ª. Allí, según sus dichos, lo golpearon y le quemaron los dedos por negarse a ser fichado. Luego fue trasladado a la 17ª, donde otros presos lo apuñalaron por no pagar 40 pesos de “estadía”, y después a Coronda, donde se encontró con los mismos que lo habían atacado en la dependencia de Fisherton, que esta vez lo violaron.

El director del Servicio Penitenciario, Armando De Martín, aseguró ayer que el recluso fue derivado a una celda individual el 5 de mayo a pedido suyo y que no hay ninguna denuncia de abuso sexual en la unidad.
Tras la difusión pública del caso, que incluye un presunto pedido de coima por parte de agentes de la subcomisaría 21ª al padre del joven (500 pesos a cambio de la libertad), los progenitores se reunieron con el delegado del ministro de Gobierno, Diego Giuliano. Acompañados por los militantes de la APDH Carlos de la Torre y Norma Ríos, pidieron que se resguarde la vida del interno. En el asunto tomaron intervención el ministro Carlos Carranza y subsecretario de Justicia, Gustavo Vera, además del titular del Servicio Penitenciario. Complementariamente, Asuntos Internos investigará las presuntas irregularidades policiales.

Los funcionarios consultados se mostraron dispuestos a activar todos los mecanismos que permitan esclarecer la catarata de denuncias de esta familia del barrio 7 de Setiembre, que no encuentra explicación ni consuelo para la situación de su hijo. El muchacho estaba en cuarto año de la escuela secundaria y había ingresado a la escuela militar Sargento Cabral de Campo de Mayo, pero desde que resultó sospechoso de un atraco contra un remisero, el 29 de diciembre pasado, todo se complicó hasta el punto que hoy temen que el joven “salga de Coronda en un cajón”.

“Confié todo el tiempo en la policía y en la Justicia porque estoy convencido de que es inocente”, dijo José, papá del muchacho. A las torturas y el presunto pedido de coima en la subcomisaría 21ª se sumaron las presiones de los presos más viejos de la seccional 17ª, que le exigían a la familia el pago de 10 pesos semanales a cambio de no molestar al chico. Durante dos semanas la “cuota” se abonó, pero pronto la suma subió a 40 pesos y como no pudieron costearla el detenido recibió tres puñaladas en la espalda a modo de represalia.

Como consecuencia de este ataque, a la víctima le cuesta mover la pierna ya que le quedó un tendón afectado.

En su triste periplo, tras un breve paso por la comisaría 3ª el joven recaló en la cárcel Modelo, donde se reencontró con sus agresores. Según la denuncia, pidió insistentemente al juez que lo trasladara pero antes de que eso sucediera fue violado por cinco internos. Ahora está aislado y con custodia pero antenoche tuvo otro problema, según comprobó la madre durante la visita: lo habrían rociado con querosén para luego prenderle fuego por haber difundido las amenazas y las lesiones de las que fue objeto.

Tras el abuso sexual el abogado Eduardo Sosa radicó en el juzgado de instrucción en turno un hábeas corpus correctivo, que luego pasó a manos de Prunotto Laborde, indicó.
Ayer El Ciudadano intentó consultar al magistrado, quien rehuyó el contacto alegando estar ocupado.

La Nación pagará por los presos federales

El gobierno nacional finalmente saldará la deuda que mantiene con la provincia respecto del alojamiento de presos federales en unidades santafesinas, y ayer dio el primer paso al abonar 300 mil pesos. Así lo anunció el director del Servicio Penitenciario, Armando de Martín, quien en compañía del subsecretario de Justicia, Gustavo Vera, viajó ayer a Capital Federal para reunirse con Pablo Lanusse, de la cartera de Justicia nacional.

Con el millón y medio de pesos que entrará a las arcas provinciales, en cuotas de aquí a fin de año, De Martín proyecta construir dos pabellones en la Unidad Penitenciaria 3, en el mismo lugar donde hoy se erigen dos galpones muy deteriorados (se demolerán y se harán de nuevo, doblando la capacidad actual). El monto que girará el gobierno federal durante 2003 no cubre, de todos modos, la totalidad de la deuda.