PIDEN FONDOS PARA LIGAS DEL CONSUMIDOR EN LA PROVINCIA

La Liga de Defensa del Consumidor (Lideco) con sede en esta ciudad solicitó la creación de un fondo especial para la defensa de los consumidores de Santa Fe. El anteproyecto de Lideco fue tomado por los diputados provinciales Jorge Lagna y Laura Venesia y presentado en la Cámara legislativa santafesina. Proponen que los aportes salgan de las multas y del propio Estado provincial. Con este fondo podrían crearse varios organismos en toda la provincia.

Lagna propuso crear un fondo de defensa del consumidor que “se integrará con el producido del importe de las multas que provengan de infracciones a las disposiciones de la ley nacional Nº 24.240 y las partidas que se incorporen a tal efecto en cuenta especial en el presupuesto general de gastos y recursos de la provincia”.

En uno de los artículos del proyecto de ley sostiene que “los recursos del fondo de defensa del consumidor se destinarán a solventar los gastos que demande el cumplimiento de los objetivos previstos en la ley nacional Nº 24.240 y el funcionamiento de la autoridad local de aplicación”, que, según Lagna, “determinará el porcentaje del fondo a distribuir entre las asociaciones de consumidores que se encuentren debidamente inscriptas en el Registro de Asociaciones de Consumidores”.

Desde Lideco, con sede en Venado Tuerto, sostienen que el incordio de los consumidores a la hora de hacer valer sus derechos “obedece a la falta de oficinas de defensa del consumidor en los distintos departamentos, las que no pueden ser creadas debido a la falta de recursos”.

El diputado venadense Jorge Lagna dijo que “la creación del fondo de defensa del consumidor se centra en lograr que el Poder Ejecutivo asigne las partidas presupuestarias que sean necesarias no sólo para el funcionamiento de la autoridad de aplicación y delegaciones departamentales, sino también para efectuar aportes a las asociaciones de consumidores, para que estas puedan actuar debidamente como tales”.

Las asociaciones de consumidores y sus filiales, para ser reconocidas como representantes y defensoras de los derechos de los consumidores, deben necesariamente estar inscriptas en el correspondiente Registro Provincial de Asociaciones de Consumidores.

A dichas asociaciones se les debe otorgar un respaldo financiero para que puedan desarrollar sus actividades colaborando con el Estado en la difusión, educación y defensa de los derechos del usuario y consumidor, se sostiene en los fundamentos del proyecto.

En el proyecto de ley se invoca el artículo 24 de la Constitución provincial que establece que el Estado debe promover y cooperar en la formación y sostenimiento de entidades privadas que se propongan objetivos de asistencia o de solidaridad de intereses en concordancia con el artículo 42 de la Constitución nacional.