PIDEN GARANTÍAS PARA LOS GUARDIACÁRCELES A TRAVÉS DE UNA MARCHA EN CORONDA

Más de doscientos vecinos, familiares y allegados a los guardiacárceles marcharon ayer en Coronda para pedir en forma urgente, medidas de seguridad que preserven la integridad física y mental de los trabajadores del penal.

“Queremos una convivencia normal. Perdimos la cárcel modelo y ahora tenemos un megadepósito de personas que se ha convertido en un arsenal humano cuyo próximo estallido nadie puede predecir”, afirmó ayer Juan Carlos Calvet, uno de los vecinos que llegaron a la cárcel para reclamar por la “integridad psicofísica de los empleados (del presidio) y sus familiares”.

Calvet preside la vecinal Juan de Garay Sur, en el barrio en que está enclavada la cárcel, y bajo la consigna de “ciudadanos autoconvocados” encabezó la protesta. “Acá no se trata del falso dilema que se ha planteado respecto a si se usa mano dura o dialoguismo. De lo que se trata es de una cárcel cuya dimensión excede todo lo razonable y que no puede manejarse ni con diálogo ni con mano dura. Esto es lo que hoy los familiares y los vecinos salimos a decir de manera pública”, sostuvo.

En el presidio corondino, los familiares y allegados de los guardiacárceles entregaron un petitorio al interventor del penal, Jorge Bortolozzi, pidiendo “urgentes” medidas al respecto. También solicitaron que “se descomprima en un número considerable” la población carcelaria que hoy asciende a 1.380 internos.

Gisela Solís trabaja en la cárcel de Mujeres de Rosario y ayer participó en la marcha “para contar lo qué les pasa a quienes, como los guardiacárceles, también estamos adentro”. Contó que “los presos cuando toman el tiempo sabiendo que no podemos reprenderlos, convierten ese derecho en una herramienta de presión o extorsión y entonces es muy común con que nos amenacen con denunciarnos por malos tratos”.

Para expresar las dificultades que atraviesan los custodios en la vida cotidiana con los presos, Solís señaló que “no se trata de no sostener el diálogo. Se debe mostrar un fuerte apoyo entre autoridades y guardiacárceles para hacerles entender a los presos que lo mejor que les puede pasar es que se busque dialogar con ellos, que no deben hacer fracasar ese intento abusándose. Lo que pedimos es un poco más de seguridad porque somos muy pocos los guardias”, aseveró la mujer que trabaja intramuros en el penal rosarino.

La movilización contó con el respaldo de algunas entidades intermedias como las vecinales. Calvet recordó que “esto no es nuevo para nosotros. En el año 2000 cuando hicieron las ampliaciones para traer más presos alertamos que ello sería tremendamente riesgoso porque no se podía encerrar tanta gente junta. Lamentablemente los hechos nos han dado la razón y hoy la cárcel está al borde de ser inmanejable. Los guardias están enfermos de los nervios por la presión que vienen sufriendo y que las muertes del 11 de abril no hicieron más que agravar”.

Los 21 guardias que el miércoles pasado no se presentaron a trabajar aduciendo problemas de salud movieron al gobierno a decretar la intervención del presidio en lo que ayer Bortolozzi, en diálogo con este diario, insistió en llamar “un gesto de afianzamiento de autoridad”.

Los familiares justificaron las ausencias sosteniendo que los guardias padecían estrés a raíz del miedo que les provocaba las amenazas de los presos rosarinos, que habían tomado por ciertas las versiones según las cuales el ataque de los reclusos santafesinos se produjo con complicidad de los carceleros.

Con ese argumento, solicitaron “moderación y cautela a la hora de emitir opiniones, ya que las declaraciones hechas por distintos representantes del pueblo a dos días de haber ocurrido (la masacre), en medios gráficos, radiales y televisivos, sin información suficiente y sin conocimiento de la infraestructura del Instituto, consideramos que fue echar nafta sobre el fuego de una forma muy irresponsable. Lamentablemente estas declaraciones fueron tomadas como reales por la población penal rosarina y sus familiares y se puso en riesgo la integridad psicofísica de celadores que sufren amenazas de muerte”.

Además, según los manifestantes, “se coloca en riesgo la integridad física de los uniformados del servicio penitenciario que realizan traslados y que trabajan en Rosario”.

Están preocupados por el hecho de que “a cada acción sobreviene una reacción” y se preguntan qué podría pasar si en el futuro los internos justifican la muerte de un empleado con las palabras “fue cómplice de las 14 muertes”, aunque las investigaciones de la Justicia descarten complicidad. En otro párrafo del documento afirmaron que “no creemos que el dolor de los familiares se solucione con un pésame o una disculpa por parte de los políticos o representantes de algunas ONG declarantes que en su momento afirmaron tener sospechas de complicidad de agentes penitenciarios con las supuestas zonas liberadas”.

En otro tramo del petitorio expresaron la necesidad de que “se aumente el presupuesto destinado a la Unidad 1 para solucionar los problemas de inseguridad de los empleados. Y que se incremente el personal para disminuir la “tensión” entre carceleros e internos.

LA VISITA DE LOS FAMILIARES DEL PABELLÓN 7.

Los presos del pabellón 7 de la cárcel santafesina de Coronda, donde se alojan los autores de la masacre que terminó con 14 muertos, recibirán este jueves por primera vez a sus visitas desde el trágico suceso ocurrido el 11 de abril, para lo cual el Servicio Penitenciario estudia la implementación de un estricto operativo de seguridad.

El interventor del penal, Jorge Bortolozzi, en diálogo con Télam explicó además que la visita del domingo “se desarrolló con toda normalidad, con unos 580 familiares que estuvieron con los reclusos de la ciudad de Rosario”.

Los presos del pabellón 7, donde residen los autores de la matanza desatada durante una revuelta el 11 de abril, “están aislados desde el día del motín, por lo que no recibieron visitas ni han desarrollado actividad alguna fuera del pabellón”.

La certeza de que allí se alojan los asesinos de los presos rosarinos obliga a un operativo de seguridad de magnitud, ya que las autoridades pretenden garantizar que no se produzca ningún tipo de inconveniente, tanto para los presos, los guardias y los familiares.

Bortolozzi trabaja en la “normalización” de la vida del penal, por lo que la posibilidad de alguna venganza por la masacre es la principal preocupación.

El interventor del penal explicó que las medidas de seguridad “serán analizadas en una reunión prevista para hoy-por ayer- con Fernando Rosúa, director del Servicio Penitenciario, y la plana mayor del organismo y de la cárcel”.

“No queremos que haya problemas y por eso tomaremos todas las precauciones del caso para que los internos, los empleados y las visitas tengan garantías de seguridad”, agregó Bortolozzi.

Los internos del pabellón 7 “siguen encerrados, se les lleva la comida, el agua y elementos como yerba y azúcar, pero todo en un marco de aislamiento absoluto”, contó el funcionario.

La sospecha es que los 14 presos muertos, de origen rosarino, fueron asesinados para vengar el crimen de un recluso de Santa Fe, y sindicado como líder de ese sector de los presos.

Defensores de derechos humanos hicieron varias presentaciones para probar que penitenciarios liberaron el penal para que se concretara la masacre, algo que aún no se probó.

PARA MONSEÑOR ARANCEDO “NO DEBE HABER IMPUNIDAD”

El arzobispo de Santa Fe, Monseñor José María Arancedo manifestó ayer por la mañana que “no puede quedar impune (la matanza en el penal de Coronda), debe haber justicia y verdad en todo lo referido a lo sucedido hace quince días”, donde murieron 14 rosarinos presos, después de una matanza por parte de los internos del pabellón siete.

Arancedo también expresó que “el ocio es mala compañía, sobre todo para las personas que están privadas de la libertad”.