PIDEN IDENTIFICAR Y DETENER A LOS PIQUETEROS DENUNCIADOS

El fiscal federal Luis Comparatore profundizó la ofensiva del gobierno contra los sectores piqueteros más combativos al requerir la formación de una comisión policial que identifique a los manifestantes que la semana pasada bloquearon los accesos al Ministerio de Trabajo de la Nación e impidieron la salida de funcionarios, entre ellos el titular de la cartera, Carlos Tomada. Además, planteó que “se proceda a la inmediata detención” de los piqueteros que sean reconocidos, ya que tipificó los hechos ocurridos como presunta “privación ilegítima de la libertad agravada”.

Comparatore también solicitó al juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa, que sean citados a declarar como testigos Tomada, la secretaria de Trabajo, Noemí Rial; el secretario de Empleo, Enrique Deibe, y el jefe de gabinete del ministerio, Norberto Schiaravino.

Además, fueron citados los responsables de la seguridad del edificio.
Así y todo, el diálogo entre el gobierno, que suspendió la creación de una brigada anti-piquetes, y los piqueteros acusados no está cortado en todos los casos. Por un lado, las organizaciones que sitiaron la sede de Trabajo volvieron a concentrarse ayer en Plaza de Mayo para reclamar que el gobierno retire la denuncia penal contra sus militantes y entregaron un petitorio con esa exigencia en la Casa Rosada. De la protesta participaron la Tendencia Clasista 29 de Mayo (TC29), el Frente Independiente de Trabajadores Ocupados y Desocupados (Fitod) y el Movimiento de Unidad Popular 20 de Diciembre (MUP20), pero no lo hizo el Frente Unido de Trabajadores Desocupados (Futrade), una escisión del Polo Obrero que también fue acusada por los incidentes frente a la cartera laboral. Esa organización decidió asistir a una audiencia prevista en el Ministerio de Trabajo, posición que rechazaron las otras dos, que llamaron a la unidad de todas las organizaciones sociales y a “movilizarse para oponerse a esta política represiva”, dijeron.

En cambio, el Frutrade emitió una declaración en la que se manifestó dispuesto “al diálogo y a escuchar propuestas que permitan dar respuestas a nuestras reivindicaciones” y rechazó ser una “organización radicalizada, capaz de realizar cualquier tipo de acción vandálica”. En cuanto al requerimiento de Comparatore, pidió la apertura de un sumario penal debido a los hechos registrados entre las 21 del miércoles y las 6 del jueves, cuando grupos piqueteros impidieron el ingreso y egreso al ministerio.

El fiscal ordenó que, “si se demuestra” el hecho investigado y “se logra identificar a sus autores”, atendiendo a la posible comisión de un secuestro tipificado por el artículo 142 bis del Código Penal, “se proceda a la inmediata detención de los presuntos responsables a los efectos de su posterior declaración indagatoria”.

En su dictamen, Comparatore aclaró que “no obstante la denuncia”, la fiscalía “no puede desconocer que cotidianamente la ciudad es testigo de numerosos actos de protesta y de reclamos” de diversas agrupaciones.

En tal sentido, dijo que “a fin de despejar cualquier confusión en el ejercicio de promover la acción de la Justicia en defensa de los intereses generales con la denominada «criminalización de la protesta social»”, deja en claro que “de modo alguno se pretende coartar los derechos constitucionales de reunión y de peticionar a las autoridades”.

“Sin embargo –acotó Comparatore– no podemos pasar por alto que para evitar en el futuro más hechos de gravedad donde deba intervenir la Justicia penal, es menester que tanto las autoridades del gobierno nacional como las de la ciudad dispongan todas las medidas de prevención y contención necesarias para mantener la paz social en el marco del respeto a los derechos individuales”.

El fiscal pidió que se forme un equipo con efectivos de la Policía Federal “destinado a la realización de tareas de inteligencia, tendientes a determinar la identidad de las personas que tomaron intervención en los sucesos y si las mismas pertenecen a los movimientos sociales a los que se les atribuye su autoría”. Además, sugirió a Oyarbide que requiera a la Policía Federal copia de las grabaciones del canal 4 de la institución y un informe con los datos del personal afectado a la custodia del Ministerio de Trabajo. En la misma línea, recomendó que se cursen oficios a los canales de televisión para que le remitan las imágenes correspondientes a los incidentes” del 22 y 23 de octubre.

AUNQUE NO HABRÁ BRIGADA, SIGUE LA PROTESTA

El gobierno cambió de opinión y ayer salió a aclarar que no tiene intención de conformar una brigada antipiquetera “ni nada que se le parezca” y, en cambio, apuesta a “trabajar” junto a las organizaciones de desocupados. Sin embargo, piqueteros del ala dura –aunque no de las organizaciones denunciadas por el gobierno– convocaron a una marcha nacional para el próximo martes contra la “judicialización” de la protesta social.

“La decisión del presidente Néstor Kirchner es trabajar con las organizaciones piqueteras para resolver los problemas concretos, para que tengan trabajo genuino y el país pueda producir y generar riqueza”, sostuvo el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, tras la reunión que el mandatario mantuvo con el titular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete. Como marca de esa actitud, el funcionario destacó que el jefe del Estado firmó el decreto 972, que transfiere a la cooperativa de trabajo “Renacer” de Ushuaia, integrada por los ex empleados de la fábrica de electrodomésticos Aurora, los derechos de promoción industrial para que pueda seguir produciendo y exportar.

Por su parte, representantes del Bloque Nacional Piquetero (BNP), el Movimiento Tierra y Liberación (MTL) y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) anunciaron en conferencia de prensa la realización de una marcha desde Congreso a Plaza de Mayo “contra la judicialización de la protesta social y en defensa del trabajo genuino”.

En otra conferencia, el dirigente de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón Nicolás Lista aclaró que la marcha se lanzará “como reacción ante la nueva denuncia penal realizada por el gobierno”.