PIDEN LA ANULACIÓN DEL INDULTO QUE BENEFICIA A MARTÍNEZ DE HOZ

Primero fue un pedido expreso de Néstor Kirchner, que, en su discurso por el trigésimo aniversario del último golpe de Estado, le reclamó “a la Justicia” que se pusiera a trabajar en el asunto. A las dos semanas, en la misma línea, desde la Procuración General se sugirió que había causas sobre violaciones a los derechos humanos que marchaban demasiado lento. Y ahora, el Gobierno tradujo su ofensiva en una presentación concreta: por primera vez planteó en una causa judicial que se declaren inconstitucionales tres de los indultos dictados por Carlos Menem.

Son los que favorecieron al ex dictador Jorge Rafael Videla; a su primer ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, y al de Interior, Albano Eduardo Harguindeguy. Los tres estuvieron procesados por el secuestro de dos empresarios entre 1976 y 1977. Pero la investigación en su contra se frenó en 1990, con los respectivos decretos de perdón.

El pedido del Gobierno se materializó con un extenso escrito presentado en el mismo juzgado donde tramitó esa causa: el federal número 5 de la Capital Federal, entonces a cargo de Martín Irurzun y hoy, de Norberto Oyarbide. La presentación se realizó el jueves último con la firma del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, según confirmaron fuentes judiciales.

El sumario —”Martínez de Hoz, José y otros s/art. 170 CP”— estuvo archivado por 16 años. Como ya adelantó Clarín, dos organismos de derechos humanos le solicitaron al juez a fines de abril que lo reabriera y siguiera investigando a Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy. Antes de resolver, Oyarbide está pidiendo opiniones a las partes. El Gobierno pudo decir lo suyo porque la secretaría de Derechos Humanos fue admitida como querellante.

El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, había instruido a Duhalde en ese sentido el 5 de junio. “Queda justificado plenamente atento la magnitud del plan criminal” de la dictadura, escribió. La secretaría también fue admitida como parte en otros casos, en varios puntos del país.

Kirchner ha tomado los derechos humanos como un eje de su gestión. La anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dispuesta por el Congreso en 2003, permitió que se reactivaran todos los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. En cambio, después de varias idas y vueltas, el Gobierno evitó impulsar una norma similar respecto de los indultos, lo mismo que derogarlos con nuevos decretos.

Prefirió dejarle esa tarea a los jueces, como se encargó de recordar Kirchner en su discurso del Colegio Militar, el 24 de marzo pasado. Jueces de primera instancia y Cámaras Federales ya los declararon inconstitucionales; falta que lo haga la Cámara Nacional de Casación para que la Corte Suprema pueda dar su palabra definitiva. El criterio que prima es que estos delitos son imprescriptibles y, en consecuencia, no admiten disculpa de ninguna naturaleza.

El expediente que el Gobierno eligió para volver a la carga con su mensaje tiene por protagonistas a los empresarios Federico y Miguel Ernesto Gutheim, padre e hijo. En 1976, ambos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo para obligarlos a que su empresa —productora de algodón— cumpliera con un contrato de exportación que le permitiría a Martínez de Hoz hacer un negocio con Hong Kong.

En 1988, el ministro que cuadruplicó la deuda externa y destrozó la industria nacional llegó a estar preso 77 días por este episodio; para Videla, dos fiscales alcanzaron a pedir 10 años de prisión. Sin embargo, mediante sendos decretos, los tres fueron perdonados por Menem.

El fiscal al que le tocó intervenir, Federico Delgado, opinó que la causa “Martínez de Hoz” no debe reabrirse porque, si se hiciera, se violaría un principio penal que manda que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, coincidió respecto de Videla, porque ya fue acusado, pero pidió avanzar sobre Martínez de Hoz y Harguindeguy.

El Gobierno fue a fondo. En coincidencia con la Asociación de ex Desaparecidos y la Liga por los Derechos del Hombre, los primeros en exigir la reapertura del caso, Duhalde le pidió a Oyarbide que dejara sin efectos los tres indultos, sin distinciones.

Esta semana, fijarán su posición las defensas. Videla y Harguindeguy ya están presos por el robo de bebés de hijos de desaparecidos; Martínez de Hoz aún permanece libre. El juez declararía las inconstitucionalidades antes de la feria de julio.