PIDEN LA CABEZA DE UN JEFE POLICIAL SANTAFESINO

El Senado de la provincia pidió al gobierno de Carlos Reutemann el relevo del jefe de la Unidad Regional X de Policía, comisario Juan Alberto Quesada, “ante la serie de denuncias por supuestos apremios ilegales” y le reclamó que “ordene una profunda investigación para sancionar a los responsables”. Un gesto político sin antecedentes en la historia institucional, pero revelador del impacto que estos hechos causaron en la ciudad de Cañada de Gómez, conmovida por el asesinato aún impune de la maestra rural Daniela Spárvoli. La resolución de la Cámara fue votada por unanimidad -y sobre tablas‑ en un plenario que presidió el propio autor de la iniciativa: el senador Norberto Betique (PJ‑Iriondo). El ministro de Gobierno se enteró del pronunciamiento del Senado ante una pregunta de Rosario/12. “Es grave. Apenas tenga los informes tomaremos las medidas que correspondan”, dijo Carlos Carranza, al sugerir que resolverá la crisis en cuestión de horas.

“Resulta casi inexplicable que en el término de seis meses se registren en la Jefatura de la Unidad Regional X con asiento en Cañada de Gómez reiteradas denuncias por supuestos apremios ilegales a los que son sometidos detenidos en esa unidad”, dijo Betique al fundar su proyecto. Y recordó la serie:

* “En marzo, (…) un menor de edad denunció haber sido golpeado y sofocado con una bolsa en la cabeza”.

* “En junio, en un operativo insólito, cuatro mujeres que realizaban encuestas en la ciudad fueron detenidas, incomunicadas y sometidas a malos tratos”.

* “Y ahora se conoció otra denuncia radicada ante la fiscalía del Distrito Judicial Nº 6 de Cañada de Gómez, a cargo del doctor Ferrero, en la que una persona declaró haber recibido golpes y quemaduras, que fueron constatadas por el médico forense, ocasionadas por agentes policiales en la sede de la Jefatura local”.

“Es intolerable la reiteración de estos hechos”, dijo Betique. Y pidió al ministro Carranza que “adopte las medidas de máxima rigurosidad que correspondan, incluida la separación del cargo del jefe de la unidad y una profunda investigación de las denuncias para sancionar a los responsables”.

El ministro de Gobierno se anotició de la resolución del Senado por una pregunta de este diario. “Es un hecho grave. Vamos a esperar la minuta de la Cámara y pediremos los informes que corresponda a la Policía. Obviamente, el cambio de los jefes de unidades no es resorte del Poder Legislativo, sino una atribución del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno. Pero de comprobarse los hechos que se denuncian en la ciudad de Cañada de Gómez y en el departamento Iriondo, que no queden dudas que vamos a actuar en consecuencia, separando de la fuerza a quienes estén involucrados. Ahora, una cosa es si hay responsabilidad directa en un hecho concreto y otra muy distinta si hay responsabilidad política, institucional o formal que también habrá que investigar”, explicó Carranza.

“En las próximas horas recibiré informes sobre los hechos que se han sucedido en Cañada de Gómez y fundamentalmente cuál ha sido la actuación judicial. Una manera de valorar la conducta seguida por el personal policial y obviamente si no se compadece con las necesidades de la sociedad democrática tomaremos las medidas administrativas necesarias para otorgarle mayor credibilidad y confianza a la comunidad”, agregó.

Carranza reivindicó un “principio ético fundamental: los funcionarios deben estar absolutamente imbuidos de la política de Estado por el respeto absoluto a las libertades públicas, las garantías individuales y los derechos constitucionales”.

“De manera que si se comprueba efectivamente que algunos miembros de la Policía (están involucrados en las denuncias) estará actuando la Justicia. Pero más allá de eso, el Ministerio de Gobierno evaluará las responsabilidades institucionales y políticas del caso y apenas tenga los informes tomaremos las medidas o las decisiones que correspondan respecto a la Jefatura de la Unidad Regional X”, concluyó el funcionario.