PIDEN LA DETENCIÓN DE LOS JUÁREZ

El fiscal federal Alberto Pravia pidió la detención de la gobernadora santiagueña, Nina Aragonés de Juárez, y de su marido, el ex gobernador y ministro de Economía, Carlos Juárez. La solicitud se da horas después de que el Senado completara la sanción de la intervención y el Gobierno confirmara que el secretario de Justicia, Pablo Lanusse, al frente de la provincia.

Pravia pidió la detención, la indagatoria y la prohibición de salir de los Juárez después de que el ex gobernador se acercara a la delegación local de la Policía Federal presuntamente para renovar su cédula y su pasaporte, documentos que lo habilitarían para viajar al exterior.

Ahora será el juez federal Angel Jeús Toledo el que deba decidir sobre el pedido del fiscal. El magistrado investiga una serie de denuncias contra los Juárez, entre ellas el cobro de una irregular de una jubilación, y el saqueo e intento de asesinato del diputado nacional José Oscar Figueroa (PJ).

En tanto, el Gobierno confirmó que el secretario de Justicia, Pablo Lanusse, se pondrá al frente de la provincia por 180 días.

El anuncio corrió por cuenta del ministro del Interior, Aníbal Fernández. “El presidente Néstor Kirchner privilegió el nivel de formación que tiene. Lo que se necesita en este caso es poner en caja varias cosas que no necesariamente vean como único elemento a la Justicia”, aseveró Fernández, quien definió a Lanusse como “un técnico reconocido que ha demostrado estar al frente de un área lo suficientemente importante”.

Esta madrugada, tras poco más de cuatro horas de debate, la Cámara alta convirtió en ley el proyecto que habilita al Gobierno nacional a intervenir por 180 días, prorrogables por otro período similar, los tres poderes en la provincia de Santiago del Estero, tras la grave crisis institucional que atraviesa.

La decisión del Senado contó en general con 52 votos afirmativos de la mayoría oficialista (entre ellos los justicialistas santiagueños Rubén Mera y Elisa Castro), el radicalismo y los partidos provinciales, dos votos negativos (de los peronistas puntanos Liliana Negre de Alonso y Néstor Ochoa), y la abstención del pampeano Rubén Marín.

Mientras, hubo disidencias de parte del radicalismo en torno al artículo 4, que da facultades al Ejecutivo a para prorrogar por otros 180 días la intervención, y su propuesta que la misma fuera ratificada por el Congreso, situación que se dirimió por una votación: 36 votos afirmativos; 18 negativos y 1 abstención.

Así, los senadores sacaron sin modificaciones el proyecto aprobado por abrumadora mayoría (195 a 15) horas antes en la Cámara baja, en la que entre los votos opuestos a la intervención se contaron la del ex presidente Adolfo Rodríguez, tal vez preocupado porque una situación similar pueda vivir su provincia, y, es obvio, los diputados juaristas Juan Pinto Bruchmann y Graciela Olmos.

La santacruceña Cristina Fernández de Kirchner dijo que “no fue fácil para el Presidente tomar firmar el decreto de intervención” y aseguró que la situación de la provincia refleja “la crisis, tantas veces comentada y pocas veces abordada, del sistema político argentino”. Pero desechó las posiciones que se refirieron a que el problema es sólo de las provincias y la extendió a las agrupaciones políticas, al señalar que “hablamos de los caciques provinciales y qué tal si hablamos de los caciques de los partidos nacionales”.