PIDEN MÁS PERICIAS POR LOS SUBSIDIOS AL TRANSPORTE

Concretamente, lo que la fiscal Griselda Tessio intenta determinar con más precisión es si las unidades declaradas y por las que se cobraban los subsidios estaban incorporadas al patrimonio de las empresas bajo investigación.

El caso surgió a partir de una denuncia que apuntaba a presuntas incongruencias entre la cantidad de unidades declaradas en circulación con las que, efectivamente, recorrieron la ciudad de Santa Fe durante los últimos años. Este dato no es menor, sobre todo teniendo en cuenta que los subsidios nacionales se determinan a partir del número de colectivos en servicio.

En octubre de 2004, el juez Rodríguez puso en manos de la fiscal la investigación, luego de que durante varios años sobrevolara en la ciudad la sospecha de que se manejó información falsa acerca de la cantidad de unidades que se encontraban circulando.

En aquel momento existían tres líneas diferentes de subsidios: una a través del denominado Sistau, que es un apoyo general al transporte urbano de colectivos; otro por medio de un precio diferenciado en la compra de gasoil y, finalmente, aparecía un tercer subsidio específico para las empresas de Santa Fe, por haber sufrido las consecuencias de la inundación del río Salado.

La lista de personas indagadas estuvo integrada por el ex subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Jorge Miqueri, y quien actualmente detenta el cargo, Julio Michelli. Por el lado de las empresas figuraron Rubén Tocci, Daniel Vidal, Gerardo Ingaramo, Rubén Moore, Hugo Andrés, Raúl Chiapello, Gino Talarico, Mario Ferreyra y Sergio Peña.

La primera denuncia judicial por este tema fue presentada por los concejales de Encuentro para Santa Fe, Leonardo Simoniello y Jorge Henn, ante el fiscal provincial Carlos Romero. En aquel momento el caso recayó en el juzgado de Instrucción N° 5, a cargo del fallecido Eduardo Giovannini. El juez tomó declaración testimonial a los ediles, pero poco después la Justicia Provincial se declaró incompetente para avanzar en este caso porque, si hubieran existido irregularidades, se habrían producido en el manejo de fondos provenientes de impuestos nacionales. Por eso el caso fue derivado a la Justicia Federal.

La Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) establece penas de prisión que van de tres años y seis meses, a nueve años, para quienes en forma “engañosa se aprovecharen indebidamente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional directo de naturaleza tributaria, siempre que el monto anual sea superior a los 100 pesos”.