PIDEN MÁS TIEMPO PARA EL ENTE DE LA RECONSTRUCCIÓN

El Ente de la Reconstrucción, que a más de tres años de las inundaciones sigue funcionando en Santa Fe, debería cesar en sus actividades a fin de mes. Ése era el nuevo plazo que el Poder Ejecutivo provincial le había concedido en diciembre de 2005 a modo de prórroga.

El Ente, o Unidad Ejecutora de Recuperación de la Emergencia Hídrica y Pluvial, según la denominación jurídica que aparece en la ley, fue creado para poder asistir a las personas que fueron afectadas por el desborde del río Salado, en abril de 2003. Debía organizar y efectivizar las reparaciones económicas a los damnificados, y disponer acciones para brindarles contención y asistencia. La misma ley que le dio origen disponía un período de vigencia de dos años, que venció en diciembre del año pasado. Fue entonces cuando el Ejecutivo resolvió mantenerlo durante seis meses más -el pedido, en realidad, había sido por un año completo-, que vencen este 30 de junio. Cuál será ahora su futuro es una decisión que todos dejan en manos del gobernador.

LA PRETENSIÓN

Para su actual titular, Carlos Dalla Fontana, los dos años y medio que lleva funcionando el Ente no fueron suficientes para concluir los trámites.

“Estamos terminando pero aún nos quedan gestiones, pagos y recursos pendientes, por lo que, o se traslada el trabajo a otras áreas del Estado, o queda funcionando como un sector residual. Estamos esperando para saber cuál será la definición del Poder Ejecutivo”, aclaró.

Consultado por El Litoral, Dalla Fontana señaló que hoy todavía hay cerca de “210 personas” que se desempeñan en el Ente, entre personal efectivo, contratado y becarios, muchos de ellos, profesionales.

Precisó que se encuentran “en la parte final” de los trámites, pero todavía quedan algunos pendientes de resolución. “Sobre treinta mil pagos, quedarán sin resolver alrededor de mil. Necesitaríamos unos meses más. Lo ideal sería hasta fin de año”, manifestó.

Acerca de las características de los expedientes que quedan aún en camino, aclaró que no son sólo pagos (de reparaciones), sino recursos a resolver. “Cuando se deniega el pedido de una reparación, la persona puede interponer un recurso y, de esa forma, se alarga el trámite”, explicó.

Según planteó el funcionario, la mayoría de estos casos corresponde a damnificados de “zonas dudosas”, en los que resulta “difícil de probar” el daño que se denuncia.

Incluso, y como publicara oportunamente El Litoral, aún resta resolver el planteo de cientos de comerciantes de la ciudad que reclaman por daños edilicios. Pero en estos casos incide una cuestión de competencia: todavía no está claro si las respuestas debe darlas el Ente o el Ministerio de la Producción.

LOS RECURSOS

De acuerdo con el último presupuesto provincial aprobado por la Legislatura, el Ente de la Reconstrucción tenía asignado para 2006 (y teniendo en cuenta que debía funcionar hasta el próximo 30 de junio) casi ocho millones de pesos.

De esas partidas, casi un millón de pesos estaba destinado a gastos de personal; unos 4,5 millones de pesos, a bienes y servicios no personales; más de 300 mil pesos, a transferencia para becas y pasantías; dos millones más, para subsidios a víctimas, y casi 200 mil pesos para construcciones.

El año pasado, el Ente había cerrado su actividad con un relevamiento que contabilizaba más de 16 mil intervenciones psicológicas -las principales consultas habían sido por alteraciones corporales, pérdidas materiales o afectivas, falla en lazo familiar y violencia-, y más de 93 millones de pesos pagados en concepto de reparaciones, que se distribuyeron entre más de 26 mil vecinos de la ciudad de Santa Fe.

REQUERIMIENTO

Precisamente, la semana pasada ingresó a la Cámara baja un proyecto de la diputada Daniela Qüesta (UCR) en el que solicitó información detallada respecto de las gestiones llevadas adelante por el Ente. La iniciativa requiere conocer la cantidad de expedientes tramitados por reclamos desde la creación del organismo hasta junio de 2006. También, cuáles de ellos correspondieron a damnificados por unidades habitacionales, organizaciones no gubernamentales, comercios e industrias u otros afectados y cuál fue el monto total erogado exclusivamente en el pago de las reparaciones extraordinarias, entre otros requerimientos.