PIDEN NUEVE AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN PARA HUGO GHÍO

Nueve años y seis meses de prisión. Esa es la pena que solicitó el fiscal José Luis Paz para el ex titular de Asoem Hugo Ghío, sospechado de haber cometido delitos tales como retención indebida de fondos, administración fraudulenta reiterada en forma de delito continuado y asociación ilícita.

El pedido de la Fiscalía fue planteado ante el juez de Sentencia N° 1, Luis Malfante. Paz también solicitó una pena de seis años para Luis Carabal; y de cinco años para José Luis Vivas y Miguel Alfredo Fernández.

Al realizar su requisitoria, el fiscal plantea que “se habrían efectuado los descuentos correspondientes en los haberes mensuales de gran cantidad de empleados municipales, sin pagarse con ellos al Banco Sudameris por créditos tomados por los agentes”.

La misma situación se plantea con respecto “al supermercado Bienestar -por mercadería comprada por los municipales-, a la Caja ART -aseguradora de trabajo-” y con los descuentos vinculados con el panteón del gremio. “Todo esto refleja un gran desorden administrativo y total ausencia de libros contables, que son legalmente obligatorios. Las irregularidades constatadas se habrían consumado mediante acuerdo entre ellos -los imputados”.

El fiscal insiste en que “hay en la causa probanzas suficientes sobre los innumerables créditos tomados por empleados municipales -en el Banco Sudameris-, sobre los descuentos que se efectuaban para este rubro, sobre la falta de estos pagos mensuales por parte de Asoem, sobre los reclamos del banco al gremio y a los tomadores de créditos. Se alude -en el momento de la denuncia- a unos 734.038 pesos”.

Paz hace alusión al informe realizado por el perito contador oficial, Mario Machado, quien al referirse a la forma de trabajar de estos dirigentes de Asoem afirmó: “… demostraban tener permanente contacto entre sí en lo que hacía a las decisiones y ejecución de las mismas, conformando un grupo homogéneo, caracterizado por trabajar en conjunto y acuerdo, es decir, sabiendo -y probablemente compartiendo- lo que verdaderamente pasaba. Esto nos lleva a deducir que cualquiera de los mencionados estaría en condiciones de aclarar el destino de la documentación y eventualmente el de los fondos”.

Pruebas suficientes

Desde la Fiscalía se le planteó al juez Malfante que “se ha probado fehacientemente la retención y el desvío, por parte de los encausados, de fondos ingresados a Asoem que debían usarse con fines gremiales; se ha probado que ello se logró mediante el desorden administrativo y contable. Se habría ocultado, destruido o adulterado diversa documentación. No se presentaron los balances solicitados y se habrían librado cheques, rechazados luego, por no haber fondos para pagarlos”.

“Quienes debían velar por el cuidado del patrimonio del gremio, no lo hicieron, provocando una cuantiosa pérdida pecuniaria a Asoem, beneficiándose muy probablemente en la medida de lo que intervino cada uno de ellos, con el dinero ingresado efectivamente, cuyo destino no logró aclararse”, remarcó Paz.

En el momento de argumentar por qué pudo haberse cometido el delito de asociación ilícita, el fiscal sostiene que “se habría usado al gremio para perpetrar ilícitos, consensuadamente y durante el período investigado; se aprecia acuerdo para el desvío o apoderamiento, en un lapso temporal prolongado, de los fondos desaparecidos. La tarea que debía ser lícita, se convirtió en ilícita… Todos callaban y eran partícipes del detrimento patrimonial del gremio”.