Piden que se investigue la compra de Oxaprost en el Iturraspe

La Organización Civil Ojo Ciudadano presentó una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación para que se investigue la compra del medicamento en la farmacia que pertenece a uno de los integrantes del Consejo de Administración. “Acá puede haber una negociación incompatible con la función pública y una violación de la ética pública”, argumentaron.

Carlos Puig (LT9)

 

Durante los últimos días del mes de diciembre pasado, un medio de comunicación santafesino denunció la presunta compra de Oxaprost (un medicamento abortivo) por parte del Consejo de Administración del hospital Iturraspe a una farmacia que sería propiedad del representante de la Comunidad, Mariano Figueroa.

 

El pasado lunes, luego de la Feria Judicial, la Asociación Civil Ojo Ciudadano presentó la denuncia en el Ministerio Público de la Acusación solicitando que se investigue lo que sucedió en ese efector público y, por ahora, esperan “que se asigne el fiscal a cargo”.

 

 

En comunicación con LT9, Carlos Puig, titular de la Asociación Civil, indicó que luego de la denuncia realizada por el periódico santafesino, “esperamos un tiempo prudencial para ver si el Ministerio Público de la Acusación comenzaba una investigación de oficio. Como no se hizo nosotros presentamos la denuncia para que se investigue”.

 

En ese sentido, Puig, sostuvo que “acá puede haber una violación de la ética pública y además sabemos de la existencia de una factura, por una compra, pero no sabemos si es algo reiterado” porque “tomamos el artículo periodístico donde también se había escaneado la factura de compra del Oxaprost, que es el que en principio se usaría para hacer las prácticas abortivas”.

 

Asimismo consideró que “mínimamente, el Ministerio de Salud, tendría que haber iniciado algún tipo de investigación, no se puede evitar y la cartera sanitaria debió hacerlo”.

 

“Nuestra asociación, dentro de los objetos sociales, una de los ejes que tiene es la defensa de la vida” por lo que “planteamos también que se tiene que investigar si los medicamentos fueron comprados de la manera ilegal y se utilizó correctamente. Acá puede haber delitos contra la salud pública y se debe determinar si hubo negocios incompatibles con la función pública”, dijo para culminar Carlos Puig.