PIDEN REFORMAR TAMBIÉN LA JUSTICIA LABORAL PROVINCIAL

En pleno proceso de reforma de la Justicia santafesina, mucho se habla de cambiar el obsoleto Código de Procedimientos Penales. Sobre todo después del fallo de la Corte Suprema de la Nación en el caso Fraticelli, que obligó a modificar el tratamiento de las causas y sepultó las dudas sobre la necesidad del pasaje al juicio oral. ¿Pero qué pasará en otros fueros, como por ejemplo el que dirime los conflictos entre el capital y el trabajo? ¿Qué transformaciones se requieren para que el servicio en esta área tan sensible funcione eficientemente? El abogado especialista Jorge Elías y el juez laboral Nº 5 Enrique Girardini opinan sobre el tema.

Girardini coordina la comisión de apoyo al representante del Colegio de Magistrados en el Plan Estratégico de la Justicia que lanzaron en mayo pasado los tres poderes públicos de la provincia y está en pleno funcionamiento. El delegado del Colegio para los temas laborales es un juez santafesino a quien asiste un grupo más amplio encargado de analizar el actual Código Procesal para establecer los cambios.

“El Código, de fines de los 70, no es malo. En general puede dar una respuesta procedimental adecuada, aunque necesitaría algunos ajustes para que se cumpla la exigencia constitucional de protección al trabajo y al trabajador”, expresó Girardini. “Habría que incorporar procedimientos expeditivos en ciertos casos, como el pronto pago ante despidos sin causa, porque no hay razón para litigar en un juicio extenso”, agregó.

El abogado Jorge Elías, especialista en derecho del trabajo y patrocinante de varios sindicatos, coincidió en modificar el procedimiento en algunos aspectos como la falta de pago a un empleado que tiene el telegrama de despido en la mano. “En materia laboral no estamos mejor que en penal: la lentitud de los juicios es manifiesta y hasta hay un juez suspendido por el atraso que tenía en su juzgado”, dijo, en referencia a Osvaldo Cingolani, a quien el año pasado se le pidió un jury de enjuiciamiento.

“No creo que el procedimiento deba ser oral; no estamos acostumbrados. Las provincias de Córdoba y Buenos Aires tienen este tipo de juicios, que son de instancia única con una Cámara de Casación, que atrasa mucho el trámite”, continuó Elías. “La doble instancia nuestra es mejor”, consignó el letrado aludiendo a las salas que revisan los expedientes ante la apelación de las partes.

Lo fundamental entonces es ampliar la infraestructura en lo relativo a recursos humanos y materiales, según coincidieron las fuentes a pesar de que están de distintos lados de la mesa de entradas. “Ha aumentado la población y la actividad económica pero no los juzgados de modo que puedan responder como corresponde a la demanda”, comenzó Girardini. “En Villa Constitución, Casilda, Cañada de Gómez y San Lorenzo aún hay tribunales plenos (con competencia civil, comercial y laboral). Una alternativa sería desdoblarlos”, sugirió el juez, introduciéndose en una discusión profunda que es la del rediseño del mapa judicial y también es parte del temario del Plan Estratégico.

De acuerdo con la interpretación de Girardini, el refuerzo de la estructura estatal (actualmente se advierte una gran sobrecarga en los ocho juzgados y retrasos en la fijación de las audiencias obligatorias) tendrá un efecto positivo para toda la economía de la región “ya que no sólo se beneficiará el trabajador sino toda su familia y eso permitirá la circulación de dinero”.

Elías adhirió a la hipótesis de insuficiencia de jueces. “Tendría que haber unos catorce o quince en total (hoy son ocho); en comparación con la ciudad de Buenos Aires, que tiene 85 juzgados de primera instancia, la diferencia es enorme”, señaló el especialista, quien propuso incorporar personal auxiliar para subsanar el problema de la morosidad. “En la justicia del trabajo de Buenos Aires la mayoría de los jueces y camaristas tienen relatores”, apuntó, calculando que un juicio que llega a la Cámara de Apelaciones dura entre tres años y medio y ocho. Un contrasentido en un fuero que debe ser, sobre todo, expeditivo.

MÁS Y MÁS CAUSAS DERIVADAS A TRIBUNALES

Desde que la Corte nacional declaró inconstitucional la competencia federal para intervenir en las apelaciones a las comisiones médicas, en setiembre de 2004, en los Tribunales provinciales el número de expedientes aumentó un 30 por ciento, reveló el juez laboral Nº 5 Enrique Girardini. Ésta es una de las causas de la sobrecarga de tareas en el fuero, aunque tampoco hay que olvidar que a mayor nivel de ocupación mayor índice de conflictividad.

La ley de Riesgos del Trabajo –que empezó a regir en 1996, en pleno menemismo– preveía que ante un accidente atendía la ART y en caso de secuelas correspondía una indemnización. Contra el dictamen de la ART había apelación ante una comisión médica, es decir un organismo oficial que depende de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. A su vez, el dictamen de la comisión médica podía recurrirse ante la Justicia federal. Esto último es lo que el máximo tribunal dejó sin efecto hace dos años, determinando que los sumarios se mudaran a los Tribunales provinciales.

Además, la Corte nacional declaró inconstitucional el artículo 39º de la ley, que prohibía el acceso a la vía civil. Antes la indemnización a cargo del empleador estaba tarifada y tenía un tope; en cambio, la responsabilidad civil no lo tiene. La instancia se abre en el mismo juzgado laboral y la carga de la prueba corresponde al trabajador.