PIDEN SACAR A LOS PRESOS DE TODOS LOS PENALES DE COMISARÍAS DE ROSARIO

Un relevamiento que destaca las deplorables condiciones de detención en seccionales rosarinas derivó en una presentación para que la Justicia instruya al Poder Ejecutivo que desaloje a los presos de esos penales y los traslade, en un plazo que no debe demorarse, a sitios donde, conforme a la Constitución nacional, se garanticen “las condiciones básicas de respeto a la dignidad humana”.

El recurso fue presentado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) ante el juez de Instrucción Carlos Triglia. Postula que debe tomarse una resolución única que abarque a todas las personas alojadas en comisarías. Y que debe declararse la inconstitucionalidad y la ilegalidad de detenciones en esos sitios sea por prisión preventiva o cumplimiento de condena.

El informe de la CTC destaca que desde el 1º de junio de 2000 hasta julio de 2003 el número de presos en comisarías se incrementó un 63 por ciento. Mientras que las condiciones edilicias no se alteraron. Ayer mismo, entretanto, se mostró lo rutinario de la crisis. Hubo un incidente sin consecuencias graves, cuando 19 presos quemaron colchones en la comisaría 20 a las 4.45 de la madrugada.

El juez Triglia, según contó Antonio Tesolini, integrante de la CTC, dispuso medidas preliminares. “Le pidió a la Unidad Regional II que informe cuántos metros cubiertos, las dimensiones y la capacidad de los penales”, explicó Tesolini. El magistrado también solicitó un informe del estado de salud de los presos y requirió a los restantes juzgados de instrucción que den a conocer si tienen hábeas corpus en curso por la superpoblación carcelaria.

Con el convencimiento de que el tiempo transcurre y las condiciones de saturación se mantienen inalterables, los integrantes de la CTC decidieron realizar esta presentación, con un informe que describe las penurias soportadas los reclusos en los calabozos.

Todas las comisarías están superpobladas “triplicando, cuadriplicando o quintuplicando” la cantidad de personas con relación al espacio existente. “Cada penal cuenta con “uno o dos baños” a pesar de que están alojados 40 ó 50 detenidos, dice el relevamiento de la CTC.

También son deficientes las instalaciones eléctricas ya que existen “cables colgando por todos lados”. En mucho s penales se carece de agua caliente por lo que los reclusos deben bañarse “con agua fría en el invierno”. Lo mismo puede afirmarse de la infraestructura sanitaria. Los baños son literalmente “un hueco en el piso” y existe una improvisada ducha que emerge del suelo, donde deben higienizarse 30 detenidos.

Las tragedias del pasado
Los miembros de la entidad no gubernamental también sostienen que las condiciones de ventilación y aireación son insuficientes y en algunos penales los detenidos no pueden acceder a la luz natural. Y para advertir sobre la gravedad de las situaciones de insalubridad y hacinamiento recuerdan las dos tragedias ocurridas en las seccionales 15ª y 25ª, donde murieron asfixiadas o carbonizadas 18 personas.

Como una cita casi interminable de padecimientos, en el informe presentado al magistrado se menciona que los presos “deben turnarse para dormir ya que no entran todos acostados” en la mayoría de los lugares de reclusión. Tampoco pueden caminar y en algunos lugares no tienen patio. Esto ocurre en las seccionales 1ª, 3ª, 5ª, 7ª y 13ª.

Tampoco los internos reciben atención médica adecuada a pesar de que hace más de tres años que han aparecido casos de graves enfermedades como tuberculosis. También destaca la situación de las personas privadas de la libertad que están enfermas de sida, quienes no tienen los controles médicos necesarios. “Para que los atienda un especialista en un hospital dependen de la buena voluntad del comisario de turno”, afirma.

Los presos no tienen atención odontológica. Solamente se les suministra “analgésicos o antibióticos” ante una infección. Y recuerdan algunos casos dramáticos por esta carencia. “Por un dolor de muela, calentaron un alambre, se lo introdujeron en el molar para quemar el nervio y así evitar el dolor”.

En otro párrafo, el informe recuerda que en los últimos años se han resuelto favorablemente numerosos hábeas corpus presentados, pero todas las resoluciones judiciales resultaron ineficaces porque fueron “incumplidas” por el Poder Ejecutivo.

También la CTC acepta que debe concederse un plazo “prudencial” para que el gobierno provincial adopte las medidas necesarias para reducir la población carcelaria y construir presidios adecuados. Y considera que cumplido ese tiempo debería declararse ilegal e insconstitucional el alojamiento de presos en esas condiciones.