PIDEN SER PARTE DE LA CAUSA POR LA REPRESIÓN DEL DICIEMBRE NEGRO

Los familiares de tres víctimas de la represión policial de diciembre de 2001 en Rosario cuestionaron la decisión del juez santafesino Roberto Reyes de dejarlos fuera del proceso penal en la causa donde se investiga al ex subsecretario de seguridad pública Enrique Alvarez y al entonces ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez, por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. Los allegados de Claudio Lepratti, Juan Delgado y Rubén Pereyra le pidieron al juez que revea su decisión y los incluya como parte civil en la causa, algo que los habilitaría para solicitar pruebas y tener una participación activa en el expediente.

La resolución que ahora impugnaron los familiares había sido adoptada por el juez Correccional Nº 8 el 19 de diciembre de 2003. En ella, el magistrado les negaba la posibilidad de ser parte del proceso penal contra Alvarez y Domínguez porque, a su entender, no existía relación entre esa causa (que indaga las responsabilidades políticas en la represión) y las muertes que se produjeron en Rosario durante los operativos de seguridad del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Los familiares pretenden que el juez los incluya como actores civiles y por eso el viernes pasado, a través de los abogados Carmen Maidagan, Federico Garat y Ana Oberlin, de la Comisión Investigadora de los hechos de Diciembre, le solicitaron que revoque su resolución. A criterio de la Comisión, la decisión del juez es arbitraria, carece de fundamento, viola el debido proceso y coloca a los familiares “en estado de total indefensión”.

La causa penal en la que los familiares exigen una participación se había iniciado en Rosario, en el juzgado Correccional a cargo de Juan José Alarcón, con el fin de investigar la posible responsabilidad penal de los funcionarios en materia de seguridad durante la convulsión social de diciembre de 2001, que arrojó ocho muertos en la provincia. Luego el juez rosarino se declaró incompetente y le tocó intervenir a su par santafesino Reyes, quien el 4 de noviembre pasado les dictó la falta de mérito a Alvarez y Domínguez.

No obstante la causa siguió abierta y, un mes más tarde, el juez decidió no incorporar a los familiares como parte civil, al entender que su investigación “no guarda relación” con las muertes de Pereyra, Lepratti y Delgado.

Para los familiares, en cambio, existe una “relación causal directa” entre los hechos endilgados a Alvarez y Domínguez y esos tres homicidios, en los que existen serios indicios de responsabilidad policial. “Ello es así porque de haber cumplido adecuadamente con sus deberes de funcionarios públicos, como proveer el material adecuado y dar instrucciones precisas, nuestros familiares no habrían encontrado la muerte”, señalaron.

En caso de que el magistrado no modifique su resolución, la cuestión será resuelta por la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Y en última instancia, los familiares advirtieron que recurrirán a la Corte Suprema de la provincia.