PLAN DE DESARME: LA POLÉMICA POR LAS ARMAS EN MANOS CIVILES

Dicen que no sólo no bajará el delito sino que el resultado inmediato será un aumento en la inseguridad. Que el efecto que se logrará sobre las armas ilegales en circulación será casi nulo y que se afectarán los derechos de quienes ya están dentro de la ley. Y que nada de lo planificado cortará el flujo que alimenta el mercado negro.

El programa nacional de desarme lanzado por el Gobierno hace un mes ha quedado envuelto en una polémica. El Registro Nacional de Armas (ReNAr) fue trasladado de la órbita del Ministerio de Defensa al de Interior, se presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en el tema armas por un año y se anunció un plan canje para que la gente entregue su armamento. Algo quedó afuera: controlar la otra cara del Estado, la de las Fuerzas Armadas y de seguridad, sospechadas de ser el principal alimento del mercado ilegal.

En la Argentina hay un millón de armas registradas legalmente en manos de civiles y guardias privados. Nadie sabe cuántas hay en poder de policías, prefectos, gendarmes y militares. Menos, cuántas pierden o denuncian como robadas por año. Hace dos años se creó un registro para controlar las que secuestran, pero nunca entró en funcionamiento. Por eso, sobre las que circulan en negro sólo hay cálculos que van de 900.000 a 3.000.000.

En el Gobierno afirman que la idea de atacar el problema viene de hace tiempo, aunque reconocen que el caso Alfredo Marcenac —el joven asesinado en avenida Cabildo por Martín Ríos, tirador serial que contaba con permiso legal— aceleró los tiempos. Para avanzar en el tema, convocaron como asesor a Gabriel Conte, quien diseñó un plan canje de armas realizado en Mendoza.

“El plan aborda una situación de alta proliferación y circulación de armas, que están provocando una cantidad de muertes que no se producirían si tuviéramos la situación bajo control”, dice el asesor a Clarín. “Partimos de que nunca hubo un control real de armas y que hay un creciente armamentismo porque la gente busca solucionar de manera personal un problema colectivo”.

Según Conte, “el plan tiene el objetivo de desmitificar que las armas brindan seguridad”. El asesor agrega: “Buscamos que la gente entienda que si entrega las armas, colabora con su seguridad. Los ladrones roban armas de las casas, por eso cuantas menos puedan robar, menos irán al circuito delictivo.”

El instructor de tiro Héctor Abbas, presidente de Alutara (Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas), es de los más preocupados por el proyecto oficial. “Avanza sobre el derecho de los legítimos usuarios. Hablan de sacar armas de las casas para que no haya riesgos, pero ¿cuántos crímenes se cometen con armas blancas? ¿Van a prohibir los cuchillos, entonces? Acá el problema es que se le apunta al elemento y no a quien lo usa.”

“Nosotros bajo ningún punto de vista impulsamos el uso de armas para la defensa”, agrega. “Pero no les podés quitar a las personas el libre albedrío de defenderse. Si el Estado no cumple con su rol de darles seguridad a las personas, no podés prohibir que alguien busque un elemento alternativo para proteger a su familia y a sus bienes.”

Conte no coincide. “Ante la ausencia del Estado en materia de seguridad, los ciudadanos creen que deben resolver el problema ellos mismos. Pero si no hay hospitales, no te vas a poner a operar gente”, apunta.

Abbas le responde: “Quien compró un arma para defenderse la va a entregar si el Estado le da seguridad. Pagás una prepaga porque el Estado no te da salud, pagás un colegio privado porque falta educación. Igual, quien compra un arma para defenderse es porque no le dan seguridad.”

Juan Carr, director de Red Solidaria e integrante desde hace dos años de la Red Argentina para el Desarme, cuenta que se interesó por el tema cuando sintió que el país era “un polvorín”. “Es un milagro que no haya una muerte a cada momento. La gente no sabe que si te defendés en un asalto con un arma tenés 300 veces más chances de que el ladrón te mate. Los países que se arman, que siguen el camino del far west, van al desastre.”

Ricardo Río, del Foro por una Argentina sin Armas Ilegales, va en dirección opuesta. “Los que tienen armas saben cómo moverse. Lo que hay que impulsar es la legalidad, pero para que haya entrenamiento en el uso. La posibilidad de que haya armas en las casas es una barrera de contención psicológica para que los delincuentes no se lancen a robar”, señala a Clarín. Abbas coincide con él: “Hasta los que se oponen a las armas reconocen que el retiro de armas no va a mermar el delito, porque eso va por otros carriles. Se hizo en Australia y en Inglaterra y el delito aumentó. Aquí subirá también, el delincuente sabe que la gente está indefensa.”

Conte admite esto en parte. “Con el plan no pretendemos que baje el índice del delito, sino el de muertes con armas de fuego”, indica. “Lo que pasa es que la gente espera que se terminen los robos, pero para eso hace falta un plan de seguridad. Esto no es una respuesta a la inseguridad, sino a la violencia armada.”

Antonio Rangel Bandeira, coordinador del programa de desarme encarado por Brasil en 2003 y ex ministro de Bienestar, habla de su experiencia. “Los primeros meses subieron notablemente los índices delictivos. Pero de 2004 a 2005 por primera vez en la historia se redujeron un 8,1% las muertes por armas”, cuenta a Clarín. “Lo que también hay que seguir de cerca es cuánto se paga en los canjes, porque si es mucho entregan armas viejas para cambiar el modelo.”

Abbas apunta a eso. “Es tonto pensar que pagando el Estado comprará armas de delincuentes, cuando para ellos es un elemento de trabajo. El Estado debe tratar con ellos con sus fuerzas, no así. El problema es que este proyecto de ley avanza pura y exclusivamente sobre los usuarios, que es a los únicos a quienes puede controlar el ReNAr. Es ambiguo al declarar la emergencia, olvida que hay más de 120 polígonos donde quienes practicamos tiro somos personas de bien”, indica. Río opina igual: “El proyecto

avanza sobre la tenencia legal, cuando debería hacerlo sobre la ilegal. El Estado tendría que facilitar la ley, no complicarla. Seamos realistas: si no, el arma se consigue ilegalmente.”

“No es bueno que todos tengan armas”, le responde Carr. “Muchos se armaron en la crisis para salir a robar. Y la clase media se armó para defenderse. Es un polvorín que hay que desactivar.”