PLAN PARA EVITAR MILES DE MUERTES EN LAS RUTAS

Con un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, el gobierno nacional espera evitar unas 2000 muertes anuales por accidentes de tránsito. Las autoridades se han fijado cuatro años de plazo para reducir el 20 por ciento del total de víctimas fatales en la Argentina, que tiene uno de los índices más altos del mundo en este tipo de mortalidad.

Los objetivos centrales de una campaña que lanzarán el mes próximo serán la promoción del control de la velocidad y de la alcoholemia y el uso permanente de cinturones de seguridad. También se pretende mejorar la seguridad de los caminos mediante obras públicas, centralizar los datos sobre infracciones de tránsito de todo el país y crear un registro unificado de licencias de conducir, entre otras medidas.

Según un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Nación, durante 2005 hubo en el país 10.351 muertos en accidentes de tránsito. Pero los efectos no sólo se miden con la vara de la muerte: por año, cerca de 15.000 personas sufren algún tipo de discapacidad permanente por esa causa, desde secuelas por fracturas hasta cuadriplejias; las pérdidas económicas por los daños inmediatos y mediatos se estiman en US$ 10.000 millones, y más del 30% de los juzgados civiles del país están ocupados con juicios de tránsito, de acuerdo con datos de la Asociación Civil Luchemos por la Vida.

Pero las estadísticas que manejan la Defensoría del Pueblo y entidades de bien público dedicadas al tema no son las mismas que toma en cuenta el incipiente plan nacional, que señala que en la Argentina mueren “aproximadamente 6000” personas en accidentes viales cada año.

Uno de los puntos que, precisamente, le objetan aquellas instituciones al Gobierno es la enorme distorsión de cifras que existe a la hora de cuantificar los accidentes. Por eso, el plan procurará “lograr una estadística confiable y unificada de siniestralidad en todo el país”, según consta en el documento.

Del informe de la Defensoría del Pueblo se valió su titular, Eduardo Mondino, para solicitar al Gobierno que declarara la “emergencia vial” en el país. Para el ombudsman, la Argentina vive una verdadera “endemia de siniestros viales”.

En contraste con el reclamo de Mondino sobre la necesidad de declarar la “emergencia vial”, el plan que impulsa el Sistema Nacional de Seguridad Vial -que agrupa a todos los organismos oficiales que actúan en esta materia- incluye la posibilidad de declarar a 2007 “año de la seguridad vial”, según consta en la publicación a que accedió LA NACION.

Para lograr tan ambiciosa meta se trabajará en varios niveles. Entre las principales medidas figuran “mejorar las características de la seguridad de los caminos (señalización, diseños de carreteras, calidad de las rutas), avanzar en la educación y capacitación de los conductores, mejorar la tecnología de seguridad en vehículos, y realizar campañas públicas” para concientizar sobre la importancia de cumplir con las medidas de seguridad básicas al conducir.

El Plan de Seguridad fue lanzado en octubre del año último en la sede central del Automóvil Club Argentino y, según dijo a LA NACION Maximiliano Di Federico, coordinador del Consejo Federal de Seguridad Vial, uno de los antecedentes que se tuvieron en cuenta a la hora de redactarlo fue un informe de la Defensoría del Pueblo del año último.

La campaña de difusión nacional podría lanzarse en marzo. Se advertirá a la gente que este año habrá un mayor control de las velocidades máximas, a partir del sistema de registro automático fotográfico de ocurrencia de infracciones.

Además, el proyecto prevé “una efectiva inclusión de la educación vial en los niveles de enseñanza preescolar, primario y secundario”.

“La educación vial es una de las exigencias básicas de la ley de tránsito y debería cumplirse de manera inmediata”, dijo Marcelo Lohrmann, integrante de la asociación Alerta Vial, al ser consultado sobre el tema.

Licencias de conducir

Otro de los puntos que se intentarán ajustar es el referido a la emisión de las licencias de conducir. El propósito del Gobierno es crear un “registro unificado de licencias de conductor” y mejorar el sistema de antecedentes de tránsito en todo el país, al que -dicen- se podrá acceder por Internet.

Luchemos por la Vida tiene contabilizados 1000 centros de emisión de licencias en todo el país. Alberto Silveira, titular de Luchemos por la Vida, sugirió que se reduzca la cantidad de organismos habilitados a tal fin y que se unifiquen los criterios a la hora de otorgar los permisos.

Di Federico dijo, por otra parte, que se intentará centralizar los datos sobre infracciones de tránsito de los diferentes municipios del país. Es que muchas asociaciones objetan que, pese a que existe en el país un Registro de Antecedentes de Tránsito, el organismo no centraliza la información de todas las faltas que se cometen en las diferentes rutas, caminos y autopistas argentinas. “Entonces, una persona puede matar a alguien con su auto en San Luis y eso no lo inhabilita a sacar el carnet de conducir en la Ciudad de Buenos Aires”, reflexionó.

También, el Gobierno intentará avanzar en la unificación de la legislación de tránsito. Hay que recordar que aún hay provincias que no se han adherido a la ley 24.449. En esa situación están Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, cada una con sus propias normas en esta materia.

Respecto de la infraestructura vial, el plan del Gobierno dice que se proyecta incluir en el presupuesto nacional un plan de obras de seguridad vial, entre las que se menciona la pavimentación de las banquinas.

Ministros sin cinturón

“¿Cómo piensan concretar las medidas del Plan Nacional?”, se preguntó Silveira, al ser consultado por LA NACION sobre la posibilidad de hacer efectivo el plan diseñado por el Gobierno.

“En el país no hay un organismo con facultades suficientes para disponer las medidas necesarias para hacer bajar el índice de accidentes. Y esta falta de política de Estado es a todo nivel: nacional, provincial y municipal”, señaló Silveira, que consideró que el hecho de que en el presupuesto nacional no haya una partida específica referida a la seguridad vial indica “la falta de importancia que tiene este tema para los políticos”.

Silveira dijo que las infracciones labradas por transgredir normas de tránsito no se transforman en sanciones efectivas y que los funcionarios públicos deberían empezar ellos mismos por dar el ejemplo a los ciudadanos sobre el cumplimiento de las normas viales.

“Tenemos recortes de diarios con fotos de ministros nacionales dentro del auto sin el cinturón de seguridad puesto”, dijo Silveira.