PLAN PARA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Destrabar los grandes temas que separan a oficialismo y oposición para llegar a la ansiada reforma de la Constitución de Santa Fe, conforma el objetivo básico y fundamental del proyecto de ley que el socialismo ingresó en la ultima sesión de la Cámara de Diputados. El mismo propone la creación del Consejo para la Reforma Constitucional y la modernización de sus instituciones.

Básicamente este consejo, a partir de una composición pluralista y equilibrada, debería integrarse con personalidades políticas, académicas, intelectuales, reconocidas por su trayectoria pública, por su formación técnica y por su aporte a la gestión pública, y sería el que en un plazo no mayor de un año deberá elaborar las bases y temas que comprendería la futura reforma constitucional.

Por todos es conocido que temas como la composición del Poder Legislativo y distribución de las bancas, el régimen municipal, entre otros, dividen tajantemente al justicialismo y a la oposición, y que es justamente este dato de la realidad política lo que ha impedido el camino de la reforma, permaneciendo la provincia atrasada institucionalmente en ciertos temas.

Todos la proclaman, desde el gobernador Jorge Obeid, pasando por partidos políticos, constitucionalistas, colegios de profesionales, organizaciones no gubernamentales, pero sin embargo un puñado de títulos principales la mantienen bien guardada en los cajones de la Legislatura.

En el proyecto elaborado por el diputado socialista Raúl Lamberto, y refrendado por todo el bloque del Partido Socialista (PS), justamente se hace hincapié en la necesidad de conformar un organismo de funcionamiento permanente para que en el término previsto se elaboren los proyectos en torno a las materias que debería comprender la reforma.

LINEAMIENTOS BÁSICOS

En sus lineamientos básicos, la iniciativa establece que el citado consejo asesorará al Ejecutivo y a la Legislatura provincial sobre temas de su competencia, promoviendo la realización de estudios y formulación de propuestas y anteproyectos.

Los miembros del consejo serán designados por el Poder Ejecutivo, debiendo cumplir su función en un año y prorrogarse sólo por tres meses más. De todas maneras podrá concluir su actividad con anticipación si los legisladores de ambas Cámaras sancionaran la necesidad de la reforma. También se precisa que el consejo tomará decisiones por consenso de sus miembros, pero recepcionando las posiciones individuales divergentes o dictámenes en disidencia.

En sus fundamentos, Lamberto hace un repaso de los distintos proyectos que en más de una década se han presentado, entre ellos el mensaje de abril del 2004 remitido por el gobernador Obeid para una reforma parcial.

“Sin embargo, a pesar de esto, de la opinión de los medios masivos, de organizaciones gubernamentales, legisladores, autoridades provinciales y municipales, hasta la fecha no se ha logrado un consenso que haga viable el proceso de reforma”, expresa el legislador, quien sostiene que esta situación, generadora de un virtual estancamiento, puede ser superada con la formación de un órgano consensual de estudio y formulación de propuestas.