PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE REPACACIÓN A INUNDADOS
Una oleada de juicios podría llegar a afrontar la provincia si se tiene en cuenta la reunión efectuada por el abogado rosarino Iván Cullen con un importante número de damnificados por la inundación a quienes les manifestó que la ley de reparación extraordinaria podría ser inconstitucional y calificó lo realizado por el Estado como “algo realmente vergonzoso”.
El letrado dialogó con afectados por la catástrofe hídrica, lo cual generó inquietud en el ámbito del gobierno. La primera respuesta fue del titular del Ente de Reconstrucción, Juan Carlos Forconi: “Plantear que el Estado puede hacer otro tipo de resarcimiento -una indemnización total- es atentar contra la existencia misma del Estado”.
El constitucionalista rosarino fue muy duro al calificar la ley en cuestión y su implementación. Sostuvo que “sacar un aviso, explotando las necesidades de alguien que ha perdido todo lo que tenía, a quien un funcionario público le dice aquí tiene una ley, le damos 2.000 pesos, le damos 3.000, firme… no tiene carácter de acto voluntario”.
En declaraciones radiales deslizó que la provincia “no puede condicionar un derecho constitucional, como es el de reclamar, al pago de la ayuda solidaria. Y esto es lo que realmente resulta indignante -añadió- y es lo que le expliqué a la gente”.
Una ley posible
La presencia en Santa Fe de Cullen con inundados, así como sus afirmaciones, recibieron respuesta inmediata de Forconi, quien dijo que la norma “es una ley posible y a favor del ciudadano afectado por el desborde del Salado”. Respecto de la supuesta inconstitucionalidad, el titular del Ente de Reconstrucción consideró: “La discusión de fondo que hay que plantear es hasta dónde puede llegar el Estado en una reparación económica ante una catástrofe masiva, una de las más grandes de la historia argentina, y la más trágica de esta provincia”.
De esta manera llegó a la conclusión de que plantear que el Estado tiene que hacer otro tipo de resarcimiento como una indemnización total a los reclamos, es directamente “atentar contra la existencia” del Estado, que “si tuviera que afrontar en estos términos el reclamo de los perjudicados, terminaría dejando de hacer o cumplir los distintos servicios que debe brindar a todos los ciudadanos”.
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