PODRÍA DECLARARSE LA EMERGENCIA EDUCATIVA EN ENTRE RÍOS

Con ese elemento, buscarán que la Justicia, a instancia de amparos que presentarían grupos de padres, dicte una medida cautelar que evite nuevas huelgas.

Desde que se inició el ciclo lectivo 2004, el 8 de marzo último, los maestros han cumplido ya diez paros, y anteayer, en el congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), se resolvió sumar dos más: uno se cumplirá el viernes 5 de noviembre, y otro con fecha a definir. El reclamo puntual apunta a conseguir una mejora salarial —que eleve el básico de los 400 pesos actuales a 730 pesos— y que la Legislatura dé sanción definitiva al proyecto de ley de Régimen Jurídico Básico para el Empleado Público.

Las medidas de fuerza ya han puesto en tela de juicio la posibilidad de que Entre Ríos cumpla en todos sus términos el texto de la Ley 25.864, que el ministro de Educación Daniel Filmus defiende con ahínco, y que impone a todos los distritos la obligación de dictar 180 días de clase. Por eso, desde el CGE ya adelantaron que habrá extensión del ciclo lectivo más allá 3 de diciembre, aunque todavía esa determinación no se ha oficializado; y además está pendiente el anuncio del Gobierno de descontar los días de paro a los maestros.

Ayer, desde el CGE insistieron en que la extensión del ciclo lectivo es una medida que se cumplirá “de forma inexorable, porque no hay otro camino para recuperar tantos días de huelga que hubo en el año”. Todavía, sin embargo, no se ha resuelto modificar el calendario escolar aprobado por la resolución 17 del 8 de enero último, aunque desde Educación aseguran que “hay reclamos muy fuertes de parte de los padres, molestos por este nuevo paro del 5 de noviembre que, aseguran, está totalmente fuera de contexto y no tiene justificación alguna”.

La fuente contó que en ese marco el CGE ya estaría evaluando la posibilidad de que Entre Ríos dicte el estado de “emergencia educativa”, fundada en dos elementos. Por una parte, arguyen la severa crisis presupuestaria del Consejo —que ayer dispuso no autorizar más viáticos, asfixiada por la cantidad de honorarios de abogados que ha debido pagar, más de 1 millón de pesos en seis meses, producto de la conflictividad de la gestión anterior—, y también por “la cantidad de días de paro que se han cumplido, que inciden fuertemente en el compromiso de poder contar con los 180 días de clase”.

“Estos dos elementos, más la cada vez mayor demanda de los padres, a nivel de la mesa de consenso, reclamando la intervención del gobierno frente a los paros, nos llevarían a declarar la emergencia educativa. Esto, en buen romance, podría dar lugar a una medida cautelar de la Justicia que pondría un freno al excesivo número de días de huelgas en las escuelas que se transforma en un impedimento para cumplir con los objetivos pedagógicos”, destacó la fuente consultada por El Diario.

De todas formas, la posibilidad de abrir el calendario escolar 2004 y anexar una o dos semanas más de clases, y la mecánica que se adoptará en ese caso, ya generó el malestar gremial. Al respecto, el congreso de AGMER del jueves resolvió exigir “el cumplimiento del calendario escolar fijado y rechazar la prolongación del mismo, por atentar contra el derecho constitucional de huelga”.

Aunque ayer el titular del CGE, Oreste Felipe Ascúa, en declaraciones que formuló a la radio oficial LT 14, ratificó que los docentes que hayan hecho huelga deberán cumplir con los 180 días de clase. Ascúa sostuvo que el docente que no hizo paro y cumplió con el dictado de 180 días, finalizará con los chicos el día previsto por el calendario original, el 3 de diciembre, “y luego continuará con las tareas habituales que marca el reglamento”. Entre estas tareas, citó la recuperación de saberes y demás actividades habituales para el fin de clases. El resto, deberá cumplir una o dos semanas más de clase en las escuelas.

Por otra parte dijo que el CGE tiene previstas varias actividades para cuando los chicos no concurran a clases tendientes a recuperar a aquellos que lo necesitan y otras actividades, entre las que mencionó “recuperación de saberes para chicos cadenciados y para los chicos que quieran realizar otras actividades en verano”.

Confirman dos bajas

Ayer quedó sellada la suerte de dos funcionarios del CGE que habrían quedado severamente comprometidos en los resultados de la auditoría que el Gobierno dispuso en el área, y que habría encontrado una serie de desprolijidades, como el pago de entre $ 1,5 y 2 millones por mes en sueldos a personal docente inexistente.

Según trascendió, la titular de la Dirección de Programación Presupuestaria y Contable, Mónica Londero, y su segundo, Pedro Ramírez, serían relevados en los próximos días.
El tema fue considerado por la conducción del CGE con el ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, durante un encuentro que tuvo lugar cerca del mediodía en Casa de Gobierno.

A Londero se le adjudica parte de la responsabilidad en el desbarajuste administrativo que la auditoría habría encontrado en el CGE. Esa auditoría fue nombrada en julio último por el Poder Ejecutivo y fue consecuencia de la dimisión del primer presidente del CGE, José Turriani. Ramírez, en tanto, habría quedado comprometido tras recientes declaraciones a la prensa en las que dijo que los días de paro no se les descontarían a los docentes porque no habría recibido una directiva en ese sentido. Esa afirmación habría sido tomada por Ascúa como una contradicción con sus propios dichos, en los que repitió que “día no trabajado, día que no se paga”.

“Es una equivocación de magnitud la que comete este funcionario. Ramírez no puede decir que no tiene órdenes, cuando Ascúa ha repetido que día que no se trabaja, es día que no se paga. Así, no sólo que incumple con su deber, sino que además desconoce la norma”, se señaló.