PODRÍA VOLVER A FOJA CERO EL JUICIO DE LA CAJA DE JUBILACIONES

Cuatro años de investigaciones, marchas, contramarchas y promesas de justicia acerca del descalabro sufrido por la Caja de Jubilaciones de la provincia, quedaron bajo un manto de incertidumbre a partir de que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones (integrada por Daniel Rucci, Julio César Rondina y Elbio Franchini) aceptara la recusación presentada contra el juez correccional Raúl Candioti por parte de la defensa de unos de los imputados, Jorge Fiasconaro.

Paralelamente, la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender en sus funciones al juez Candioti durante siete días por haber firmado certificaciones de poderes en favor de un estudio jurídico, para reclamos ante la Caja de Jubilaciones de la provincia, en una maniobra que se conoció en el marco de la llamada “industria del juicio” contra el Estado santafesino.

La Corte había resuelto suspender a Candioti a fines del año pasado a raíz de un sumario administrativo referido a la firma de estos poderes. Sin embargo, el juez planteó un recurso de revocatoria tendiente a que el máximo tribunal revea la medida. El 3 de marzo de este año, la Corte confirmó la suspensión.

Por el momento, la misma no se hizo efectiva, porque Candioti solicitó mayores aclaraciones sobre los motivos de la medida, que de todos modos se pondrá en ejecución.

Fuentes judiciales insistieron en que la suspensión no se decide por cómo llevó adelante Candioti la investigación sobre lo ocurrido en la Caja, sino específicamente por haber firmado poderes en forma indebida.

SUSPENDEN AL JUEZ CANDIOTI

La Corte tomó esta decisión porque el magistrado firmó poderes en forma indebida. Por el momento, la medida no se hizo efectiva, pero su aplicación sólo es cuestión de tiempo.

Por su parte, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones finalmente llegó a la conclusión de que Candioti no está en condiciones de investigar el caso de la Caja, debido a la firma de dichos poderes que lo comprometen con la causa.

Lo llamativo es que la recusación contra Candioti fue presentada a principios del 2000 y la Sala resolvió el tema luego de casi cuatro años, a punto de que la causa prescriba. Fuentes vinculadas directamente con el expediente explicaron que este tiempo transcurrió, básicamente, porque se produjeron excusaciones y recusaciones de jueces, lo que provocó esta demora en el trámite.

En diciembre de 1999, una comisión investigadora de Diputados (integrada por Alberto Buyatti (UCR); Jorge del Bianco (PJ); Ricardo Altamirano (PJ); Hugo Bearzotti (PPS); Miguel Bullrich (PDP); Alfredo Cecchi (Frepaso) y María Angélica Gastaldi (PJ)), presentó su informe sobre la Caja.

La participación de Candioti en la causa también viene siendo cuestionada desde entonces. En noviembre de 1999, el procurador Jorge Bof elevó a la Corte Suprema de Justicia un dictamen en el que convalidó el pedido de investigación al juez, luego de que los diputados presentaran documentos en los que verificaban la existencia de firmas y sellos del magistrado y del juzgado a su cargo.

La hipótesis de los diputados que investigaban la “industria del juicio” fue que los expedientes con reclamos eran iniciados sin el conocimiento de los pasivos. Cuando estaba avanzado el trámite, se hacía una oferta a los potenciales beneficiarios para que iniciasen la acción y éstos accedían a cambio de compartir parte de los beneficios.