PODRÍAN IR A JUICIO 2400 MILITARES

Si en el Congreso o en la Corte Suprema se dejan sin efecto, como quiere el Gobierno, las leyes de obediencia debida y de punto final, cerca de 2400 militares podrían ser llevados a juicio.

Ese grupo de personas está integrado por aquellos que cuentan con legajos en la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep, constituida durante el gobierno de Raúl Alfonsín para juzgar la llamada guerra sucia), mediante el testimonio tomado a víctimas de centros clandestinos de detención, y también aparecen los que enfrentan procesos en las causas abiertas por declaraciones en primera instancia de la inconstitucionalidad de las leyes exculpatorias.
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Además se suman los acusados en los llamados juicios por la verdad, activos en la actualidad.
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Más allá de quienes hayan muerto en estos 20 años, esos 2395 hombres resultan el piso en el que se basaría la reconstrucción de los sucesos si se impulsa la investigación completa.
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La ley de obediencia debida evitó la continuación de procesos contra los que no tuvieron cargos de comandante en jefe de las fuerzas o bien hubiesen dirigido las zonas o subzonas en las que se dividió la lucha contra la subversión.
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De manera extraoficial, en el Ejército consideran que más de 1600 de sus hombres tendrían problemas judiciales en una veintena de causas que podrían reabrirse.
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Civiles que fueron funcionarios importantes, que conocieron bien el sentido de dictar esas leyes y que se mantienen informados de la problemática militar estiman que por lo menos un centenar de efectivos que podrían ser citados se mantiene en actividad.
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Larga controversia
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Un hombre con alto cargo en el Ministerio de Defensa daba la última semana como un hecho la anulación de las leyes del perdón en el Congreso, pero consideraba que esa medida tendría sólo un carácter declamativo o testimonial que no afectaría la trama judicial.
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De todas maneras, los jefes militares se preparan ya para afrontar un largo período de controversias judiciales, por el tiempo propio que llevan los procesos.
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Como lo demostraron varios jueces federales con sus fallos de inconstitucionalidad de las leyes de perdón, no son necesarios un dictamen de la Corte o una medida legislativa para avanzar en las causas.
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Pero el análisis del momento lleva a los militares, que siguen con gran atención este tema, a esperar varias aperturas simultáneas de casos por el impulso, oficial y mediático, que tiene el tema.
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Hasta el momento, dictaron fallos en favor de la inconstitucionalidad de las leyes de perdón los jueces Gabriel Cavallo (en la Capital Federal, marzo de 2001), Claudio Bonadío (en la Capital Federal, octubre de 2001), Reinaldo Rodríguez (Santa Fe, agosto 2002) y Carlos Skidelsky (Chaco, mayo 2003).
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A mediados de los años 80, después de que el entonces presidente Raúl Alfonsín quitó la causa de la órbita del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la gran cantidad de denuncias por desaparición forzada de personas empezó a integrarse en causas madre, como el juicio a las juntas, la causa contra Ramón Camps y las causas sobre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
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Cuando se aprobaron las leyes de punto final (1986) y de obediencia debida (1987) quedaba por delante la toma de numerosos testimonios en causas sobre situaciones específicas, como son los procesos reabiertos este año por la masacre de Margarita Belén, en Chaco, o Las Palomitas, en Salta.
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Verdad histórica
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En la argumentación de los fallos que declararon inconstitucionales las leyes consignadas es común la referencia a la determinación por encontrar “a los autores, cómplices o partícipes necesarios de los delitos denunciados”.
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La mayoría de quienes hasta el momento resultaron denunciados -por testimonios directos solamente- habían sido procesados como autores de los hechos vinculados con la desaparición y muerte de personas. Por eso las cifras podrían crecer bastante todavía.
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En 1999, la Argentina acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos promover la búsqueda de la verdad histórica por medio de juicios que no resultasen en sentencias, sino en conocimiento.
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Nacieron entonces los denominados Juicios por la Verdad, cuyos expedientes podrían ser tomados en cuenta si se reabrieran las causas penales.
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Derrumbar el plexo normativo construido por varios gobiernos, durante casi 20 años, no parece ser tarea de un día para otro.
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Hoy es el tema del momento y en el que ponen las energías el Gobierno, el Congreso y la Justicia.
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Pero, sin importar que se reabran varias causas, los efectos reales no se verán de inmediato, coinciden observadores de los tres poderes.
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Por cantidad de casos y complejidad judicial, este tema demandará años de resolución, tal como se demuestra fácilmente con los casos hoy en proceso.
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Por caso, ya pasaron más de dos años desde que el entonces juez federal Gabriel Cavallo (hoy camarista) declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y de punto final para continuar su investigación penal.
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Por eso, un general retirado que conoce el pensamiento del sector comentó que “hay que esperar hasta que todo aclare”. En tanto, el debate está abierto.