Polémica por el puente Victoria-Rosario

De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, Puentes del Litoral, el concesionario que explotó durante 11 años la conexión vial entre Rosario y Victoria, desapareció. Se disolvió en el aire. Y con la misma velocidad, otra firma, la entrerriana Caminos del Río Uruguay, se habría quedado con la concesión del puente, sin licitación ni ningún otro trámite similar. Son los misterios de la historia de una empresa, algunos de cuyos accionistas -como Hochtief- tras la declaración de emergencia económica de 2002 iniciaron una demanda contra la Argentina en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial donde se libran batallas jurídicas entre empresas y Estados. La cifra de la demanda supera los 400 millones de dólares, y alguien va a tener que pagar, porque desde el 26 de octubre de 2013 el tribunal, integrado por Vaughan Lowe (presidente), Christopher Thomas y Charles Brower debe decidir los costos del juicio. Es probable que esta nueva batalla perdida por la Argentina en un tribunal internacional se conozca en los próximos meses. A la administración kirchnerista no le fue muy bien en este tribunal internacional donde logró acordar con cinco empresas Azurix, CMS Gas, Continental Casualty, Vivendi y National Grid, que cobrarán un total de 677 millones de dólares, con una quita del 25 por ciento del monto original reclamado de 50 que iniciaron demandas por la imposibilidad de aumentar tarifas. Una de las firmas que emprendió ese camino fue la alemana Hochtief, que conformaba el holding de Puentes del Litoral junto con Impregilo, Sideco Americana y Techint, entre otras.

Pero mientras el juicio en el Ciadi está por llegar a su fin, se gestaron movimientos llamativos en Argentina. El 30 de julio pasado, según el Boletín Oficial de la Nación, la firma Puentes del Litoral, que tomó la concesión de la conexión física Rosario-Victoria el 7 de febrero de 2003, se disolvió. A la par de la desaparición de Puentes del Litoral, el gremio Sutracovi, con Leandro Bond a la cabeza, se reunió con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Unos días después del encuentro, que en teoría se realizó para que se garantizara la fuente de laboral de los empleados del concesionario, el propio sindicato anunció que Caminos del Río Uruguay, una empresa entrerriana, se hará cargo de la concesión del puente Rosario-Victoria. Esta noticia la confirmó Mariano Bradanini, vocero de la firma, quien detalló que esta empresa explota los peajes de las Rutas 12 y 14, es decir, Zárate Brazo Largo y la ruta que acompaña el curso del río Uruguay, con peajes en Piedritas (Concordia), Yeruá (Colón), y Colonia Elía (Gualeguaychú), publicó El Litoral.

Lo llamativo es que no hubo ninguna confirmación oficial del cambio de empresa para explotar la concesión del puente Rosario-Victoria. “Es increíble lo que está pasando. Un gremio es el que anuncia que una empresa se va a hacer cargo de una concesión, pero no hay llamado a licitación ni tampoco mecanismos transparentes que alejen sospechas”, sostuvo a El Litoral el diputado nacional Pablo Javkin. La última información que aparece en la página oficial del Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) es del 31 de marzo de 2011, y lleva la firma del entonces ministro de Economía, Amado Boudou. En ese acuerdo, el gobierno nacional autorizaba a incrementar la tarifa a partir del 1º de enero de 2012, algo que nunca se produjo.

Disputas

El 24 de octubre de 2011, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial le dio la razón a la empresa alemana Hochtief que posee el 26 por ciento del capital accionario del holding integrado, entre otros, por la italiana Impregilo, Sideco Americana y Techint para demandar en ese fuero internacional al Estado argentino por el congelamiento de tarifas en que derivó la ley de emergencia económica a partir del 1º de enero de 2002.

Hochtief, la constructora más grande de Alemania y la sexta más importante del mundo, reclama en el Ciadi una compensación que podría superar los 50 millones de dólares, según se desprende del fallo.

Hochtief emprendió el reclamo en el tribunal del Banco Mundial, luego de rechazar la propuesta de pago a los acreedores que realizó el resto de los integrantes de Puentes del Litoral en la causa que se inició el 22 de mayo de 2007 en el juzgado Civil y Comercial Nº 13, de Capital Federal, a cargo de la jueza Alejandra Tévez, con un pasivo de 390.600.546 pesos. Puentes del Litoral se presentó en concurso de acreedores luego de que la firma holandesa Boskalis hiciera un pedido de quiebra por una deuda de 39 millones de dólares por incumplimiento en el pago de la construcción de los terraplenes con arena refulada.

Según se desprende del expediente, la firma alemana presentó el reclamo en el Ciadi luego de que el resto de los accionistas le pidiera a Hochtief que se autoexcluyera de la nómina de acreedores porque le quedaba la puerta abierta para litigar ante el tribunal internacional. Este paso se concretó en el marco del expediente en el año 2009, cuando —según la causa— “la concursada (Puentes del Litoral) solicitó la exclusión de la base de cómputo de las mayorías del acreedor Hochtief Aktiengesellschaft”. Como la firma alemana se negó a tomar esta postura, Puentes del Litoral solicitó a la jueza de la causa que apartara a la firma de la nómina de acreedores porque Hochtief también es accionista de Puentes del Litoral. El magistrado falló a favor de Puentes del Litoral, por lo que a la constructora alemana no le quedó otra que recurrir al Ciadi.

El camino de la autoexclusión de la lista de acreedores ya lo habían emprendido las firmas Impregilo e Iglys, pero no Hochtief. La empresa alemana, de acuerdo con los montos verificados en el concurso, posee una acreencia que supera los 124.634.367 pesos, mientras que la de Impregilo es de 125.519.229 pesos y la de Iglys de 1.932.949.

Hochtief tiene un crédito en el concurso de acreedores del 32 por ciento del capital. En criollo, esta constructora internacional atiende de los dos lados del mostrador en la convocatoria de acreedores, por lo que debía resignar la deuda teniendo en cuenta que —según el resto de los accionistas— podía reclamar contra el Estado argentino, amparada en los tratados bilaterales firmados con anterioridad con Alemania. Y ése fue el camino que emprendió con éxito.

Pero lo más llamativo de esta maraña judicial es que el Estado argentino también figura como acreedor de Puentes del Litoral. El Ejecutivo declaró deudas por más de 160 millones de pesos, pero la Justicia sólo verificó —según el expediente— 38.915.075 pesos. Esta deuda se generó durante la gestión de Eduardo Duhalde, quien en plena campaña electoral de Néstor Kirchner —en aquel momento su delfín— aportó 51.648.352 pesos para que se reanudara la obra y finalmente se inaugurara el 22 de mayo de 2003, tres días antes de que asumiera el patagónico. Y será quien tenga que aportar sumas millonarias si pierde el pleito contra esta empresa en el Ciadi.

Es que esta concesión carga con una pesada mochila con aparentes irregularidades. En un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) entre noviembre del 2003 y mayo del 2004 se señala que la empresa “incumplió” el contrato y se detectaron más de 35 irregularidades. Incluso, el Occovi ordenó otra auditoría, que realizó la Universidad de Buenos Aires, que detectó que el precio final de la obra fue un 10 por ciento superior al del contrato. El 9 de julio de 2005 el entonces fiscal de Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, presentó una denuncia penal contra la empresa por defraudación, entre otros, delitos.

 

 

Fuente: Análisis Digital