POLÉMICA POR FALTA DE TRANSPARENCIA: DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO

En un informe de 200 páginas, Poder Ciudadano y el Centro de Implementación de Políticas Públicas (CIPPEC) criticaron los mecanismos de designación del titular y adjuntos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), de la Auditoría General de la Nación (AGN), del Defensor del Pueblo de la Nación y de los entes reguladores de las empresas públicas.

Para Poder Ciudadano y CIPPEC —representadas por las investigadoras Pilar Arcidiácono y Natalia Torres, respectivamente— los directivos de la SIGEN, el Defensor del Pueblo y los entes reguladores deberían ser nombrados a través de un procedimiento público y participativo como hizo el Gobierno para nombrar a los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los primeros capítulos se refiere a la SIGEN que es un organismo encargado de la auditoría interna del Estado. Actualmente, está dirigida por Marcelo Moroni, un abogado amigo del jefe de Gabinete, Alberto Fernández y por Alessandra Minnicelli, esposa del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Más adelante, analiza a la AGN que depende del Congreso y hace auditorías externas. Hoy su titular es el abogado radical Leandro Despouy, pero el resto del directorio tiene mayoría peronista. Además, el Congreso hace “dormir” sus denuncias.

Sin ir muy lejos, el 6 de junio pasado Clarín reveló un informe de la AGN sobre la falta de control en los 1.600 millones de pesos repartidos como subsidios al transporte. Hasta ayer la comisión Revisora de Cuentas bilateral, que preside el peronista Oscar Lamberto, no había revisado el informe.

Las ONG también reclamaron crear un sistema de compras públicas electrónicas para que haya mayor control ciudadano y mecanismos que eviten el desdoblamiento de las licitaciones públicas que es una maniobra común para hacer adjudicaciones directas a empresarios amigos. El informe completo puede leerse en poderciudadano.org.

Un capítulo aparte es la recomendación de legislar sobre la protección de funcionarios que denuncien casos de corrupción en su ámbito laboral. Por ejemplo, en el 2001 el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga confesó que había recibido órdenes de Emir Yoma para traficar armas a Ecuador y Croacia y no recibió ningún tipo de protección de parte del Estado. Algo parecido pasó con Mario Pontaquarto en el caso de los sobornos del Senado.

El ex asesor de la OEA Carlos Manfroni subrayó la necesidad de proteger arrepentidos porque “tenemos un gobierno, que avanza sobre las atribuciones de los otros poderes, que amenaza a la prensa, y mantiene a empresarios y a jueces atemorizados ante la posibilidad de represalias”.

En su descargo de también 200 páginas al que accedió Clarín, el titular de la Oficina Anticorrupción, Abel Fleitas Ortiz de Rozas, destacó ayer la participación de su organismo —que depende del Gobierno— en contrataciones del PAMI para la compra de audífonos, marcapasos o implantes ortopédicos para jubilados. La respuesta completa puede leerse en anticorrupción.gov.ar.

El informe de la OA remite a respuestas que la SIGEN y la Justicia, entre otros, hicieron a los cuestionamientos de las ONG y destaca el llamado Plan Provincias para tratar de cumplir con las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción a nivel de las provincias y los municipios.

Las quejas de las ONG y la respuesta del Gobierno serán evaluadas en diciembre por un comité de expertos de la OEA, quienes en definitiva tendrán la última palabra.