POLÉMICA POR LA INICIATIVA DE ALLANAR CAJAS DE SEGURIDAD A LOS MOROSOS

Medio Gabinete bonaerense, y aún el presidente de la Nación, salieron a respaldar la iniciativa de allanar las cajas de seguridad de los contribuyentes morosos de la provincia. Sin embargo, la iniciativa genera polémica: algunos especialistas la consideran inconstitucional.

Ante el debate generado, el subsecretario de Ingresos Públicos bonaerenses, Santiago Montoya, que fue quien lanzó la iniciativa, ayer dijo a Clarín que “se trata de una medida más” y que va utilizar “todas las herramientas legales” para cobrarles a 35.000 grandes contribuyentes que se encuentran en mora con el fisco bonaerense.

—¿El método que utiliza para ejercer presión tributaria en forma polémica garantiza resultados?, le preguntó Clarín al funcionario.

—Hay posiciones racionales y otras interesadas que alimentan esa polémica. El Gobierno puede mostrar los resultados de un aumento de la recaudación del 16 o 17 por ciento (de 5.420 a casi 7000 millones de pesos). Y superamos el 90 por ciento de cobranza en los planes de regularización de deudas, fue el argumento de Montoya.

El debate quedó abierto el lunes, cuando Montoya anunció que reclamó a 200 bancos que le informaran si alguno de los 35.000 contribuyentes que la provincia está investigando por supuesta evasión fiscal tiene caja de seguridad. De tenerla, dijo el funcionario, le pedirían a un juez una orden de allanamiento para acceder a los valores depositados allí (efectivos, valores y hasta joyas) y de ellos cobrarse los impuestos adeudados.

Ese anuncio repercutió ayer entre los juristas. Unos tacharon directamente la medida de inconstitucional, como Félix Loñ. Otros no la objetaron en el fondo, pero sí en la forma, como Daniel Sabsay. En tanto, tributaristas como Raúl Cuello la catalogaron de un “tremendo error”. (ver Los especialistas…).

El gobernador Solá está convencido que el sistema funciona y ayer se comprometió a “enjuiciar” a las personas de nivel económico alto que adeuden sus impuestos con el fisco provincial. Aseguró que en los países de primer mundo “estarían presos”.

Fue en un acto que compartió con Néstor Kirchner, en San Martín. Allí, el Presidente avaló la decisión del Gobierno bonaerense (ver Kirchner apoyó…)

“Nosotros vamos por ellos, los vamos a enjuiciar y le vamos a cobrar los impuestos que son del pueblo”, dijo Solá.

Su ministro de Economía, Gerardo Otero, ratificó que “es inadmisible” que haya gente de alto poder adquisitivo que no pague impuestos. “El mensaje —agregó— pretende ser muy contundente con los contribuyentes a la hora de percibir cuál es el riesgo de no contribuir con la Provincia”.

Para el ministro provincial de Justicia, Eduardo I Rocco, “no es que mañana vamos a ir a tomar las cajas para cobrarnos dinero. Esto responderá a un proceso judicial y en ese marco está garantizado el derecho a la defensa”. Sólo un juez competente podrá establecer en qué caso el deudor no cumpla con sus obligaciones fiscales, qué parte de su patrimonio iría a un embargo hipotético.

Montoya, por su parte, agregó que está “acostumbrado a jugar al límite”. El subsecretario fue ya protagonista de intimaciones a las esposas de deudores, con cartillas sugerentes. “Antes de que le rematen su casa…”, advertía a las mujeres. “Resultan más sensibles y ordenadas”, comentó entonces el funcionario para justificar el envío.

También quedó desparramado contra una pared de reclamos cuando intimó con embargo de bienes a 4.009 contribuyentes que tenían sus cuentas al día. “Aquella vez hubo un problema técnico”, se escuda hoy. Y ahora vuelve a la carga con la posibilidad de incautar valores depositados en las cajas de seguridad para cancelar deudas.