POLÉMICA POR LA QUIBRA DEL POLICLÍNICO RAFAELA

La declaración de quiebra del Policlínico Rafaela SA, dictaminada por la Justicia el 11 de noviembre, reanimó la polémica que involucra a la Asociación Médica Departamento Castellanos. Según una denuncia judicial del año 2003, los directivos de la asociación habrían cometido una serie de irregularidades y arbitrariedades que ponen en juego el destino de la entidad gremial.

Profesionales integrantes de la AMDC iniciaron acciones legales hace dos años, contra su asociación, la sociedad anónima creada de su riñón -AMDC SA- y contra el presidente de la entidad gremial, Héctor Santana.

A grandes rasgos el planteo que hicieron los médicos disidentes apunta a “una clara violación de derechos constitucionales, tales como el de defensa, a la participación democrática y el de propiedad”. La demanda se remonta al 14 de agosto de 2003, y está en el Juzgado Civil, Comercial y del Trabajo de la 3ra. Nominación, de Rafaela.

Con respecto a la sentencia de quiebra del Policlínico, un oficial de Justicia tomó cartas en el asunto el martes de la semana pasada, retirando la documentación correspondiente. La medida ordenada por el juez Juan Carlos Remonda, se adoptó luego de que el funcionario judicial aceptara el cargo.

Los contratos
La AMDC SA, tiene su origen el 18 de marzo de 1993, cuando “se celebró un contrato de administración fiduciaria de las acciones” de la entidad.

En aquel momento -1993-, AMDC “decidió crear una SA para realizar actividades comerciales, que no puede hacer directamente porque es una asociación civil”, aunque “no se la utilizó hasta el 2001”.

El 2 de mayo de 2001 otro directorio, firmó un contrato con Policlínico Rafaela SA, utilizando a la Asociación Mutual “en un complejo negocio de disposiciones de fondos”, que perjudicaría el patrimonio de la Asociación, según se argumenta en el escrito entregado a la Justicia en 2003.

El acuerdo, a través del cual AMDC SA administraría el Policlínico, se hizo por cuatro años “con posibilidad de renovación”. Entonces el 28 de octubre del año pasado se estableció un “contrato de administración fiduciaria entre AMDC SA, un contador rafaelino y la inversora Calypso SA”, que actuaría directamente sobre el Policlínico.

El mismo día, la AMDC SA compró el paquete accionario mayoritario de otra sociedad anónima, llamada Luis María Barreiro SA. Esta última es dueña del edificio donde funciona el Policlínico Rafaela, que ahora “es un fondo de comercio, porque no tiene edificio propio”, aseguró la fuente.

Oídos sordos
Desde el 22 de mayo de 2001 hasta el 19 de febrero de 2003, los médicos en discordia intimaron a la dirigencia de la asociación para que rindieran cuentas del destino de fondos y del funcionamiento de la SA creada con su nombre. Siempre utilizando los mecanismos internos de la entidad gremial, pero sin llegar a buen puerto, puesto que se les habría negado la existencia de tales contratos, o desestimado lisa y llanamente los pedidos.

La falta de acceso a los documentos generó rumores tales como que la asociación habría sido “perjudicada patrimonialmente, ya que pagó una suma de dinero enorme sin que se haya seguido el proceso de decisión interna”. Además se catalogó de “desastre económico” lo que está ocurriendo, y se denunció la utilización de “mecanismos indirectos” para lograrlo.

Hoy, “hay asociados que no están de acuerdo con estos manejos”, y dicen verse perjudicados por la entidad gremial. “Hay un conflicto de intereses económicos” y otras clínicas de Rafaela se ven afectadas por esta presunta competencia ilícita.

Los médicos que se sienten marginados de su asociación esperan que con la quiebra “el síndico ponga las cosas en claro para ver quiénes son los socios”, y si les cabe responsabilidad ante supuestos actos negligentes en el manejo de la empresa.

“Socio oculto”
Según fuentes consultadas por este medio se cree que la AMDC “es socia oculta del Policlínico Rafaela SA”, porque la compra de acciones realizada el 28 de octubre del año pasado no está asentada en el libro que corresponde.

La supuesta existencia de la AMDC como “socio oculto” ante la quiebra declarada, hace que “el administrador quede ajeno a la responsabilidad que le pueda caber”.

Por otra parte, se teme que de comprobarse los vínculos entre la entidad gremial y la empresa quebrada, los acreedores arrastren con los fondos de la Mutual de la Asociación Médica, generando enormes perjuicios a los asociados. La entidad financiera en jaque es la única, de esas características, que queda en la ciudad de Rafaela.

Más allá de los temores y la incertidumbre creados a raíz de la noticia de la quiebra del Policlínico, lo que el grupo de médicos asociados a la AMDC critican es “la celebración de un acto mercantil” para “construir una sociedad anónima” a espaldas de los asociados, “sin respetar el tratamiento de temas por asambleas”.

A 1 año

El 10 de noviembre de 2004, las autoridades de la Asociación Médica del departamento Castellanos destacaron la importancia que significaba la adquisición del Policlínico Rafaela. Lo hicieron en conferencia de prensa, en la que confirmaron la incorporación del edificio de San Martín y Pueyrredón. En esa oportunidad, Jorge Beninca, responsable del área de Hacienda de la AMDC, explicó que hace aproximadamente diez años que se persigue la compra de camas propias y que poder concretarlo “significa un hito histórico para la institución”.